La Fiscalía General del Estado ha decidido investigar el contenido del pendrive con 140 archivos de audio y de texto que le remitió hace un mes el PSOE para valorar si impulsa una nueva causa penal por las actividades de las cloacas del Estado durante el mandato del PP. En ese material —que llevó a la sede del PSOE la exmilitante socialista Leire Díez el mismo día que se dio de baja en el partido— se incluyen grabaciones del comisario José Manuel Villarejo con cargos policiales y políticos del Ministerio del Interior, con jueces y con directivos de grupos de comunicación, donde se relatan seis años (2012-2018) de operaciones policiales corruptas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy y la cúpula nacional del PP. Esas maniobras, que incluían la persecución de periodistas y políticos de la oposición, fueron ejecutadas sin conocimiento ni autorización judicial por veteranos comisarios de policía empoderados entonces por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.
La Fiscalía General del Estado ha trasladado toda la documentación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional “para su valoración y a los efectos oportunos”, según ha informado el ministerio público en un escrito dirigido al PSOE donde hace acuse de recibo del material.
Los audios incluyen conversaciones grabadas por Villarejo donde se trata con detalle de la persecución policial con fondos públicos a los adversarios del PP (independentistas catalanes, Podemos y, en algún caso, al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez), de la fabricación de pruebas falsas contra dirigentes políticos (Xavier Trías, Artur Mas, Jordi Pujol, Pablo Iglesias…), de distintas maniobras para proteger o ayudar a dirigentes del PP imputados por casos de corrupción (Rodrigo Rato, Ignacio González, Esperanza Aguirre…), y del espionaje ilegal a periodistas y directivos de distintos medios de comunicación.
Muchos de esos audios han sido ya analizados por jueces de instrucción en la Audiencia Nacional y por diversos fiscales Anticorrupción, quienes no han visto de momento prueba suficiente para abrir una causa penal. Otras grabaciones de las remitidas por el PSOE aún no han sido escuchadas por jueces o fiscales encargados de la investigación y tampoco han sido analizadas ni por la UCO ni por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, como sí ha ocurrido en otros casos.
Lo que sigue resume parte del material que está analizando la Fiscalía de la Audiencia Nacional:
Fabricación de pruebas contra el independentismo catalán y persecución ilegal a sus dirigentes. Entre 2012 y 2017, el Gobierno catalán impulsó la independencia de Cataluña con varias iniciativas —una consulta popular en 2014 y un referéndum en 2017— prohibidas expresamente por el Tribunal Constitucional. El Ministerio del Interior, dirigido por Jorge Fernández Díaz, perpetró durante ese tiempo numerosas operaciones sin autorización judicial para desacreditar a dirigentes independentistas, a jueces y a periodistas mediante informes donde se les atribuían conductas corruptas, en ocasiones verdaderas y en otras muchas, directamente falsas. Aquellas operaciones quedaron registradas en grabaciones y notas del comisario Villarejo, que lo explicaba así en un informe de diciembre de 2012: “Las actividades de los independentistas catalanes constituyen un grave riesgo para la seguridad nacional al intentar de una u otra manera atentar contra la unidad de España. Las notas e informes de inteligencia que se han venido elaborando a raíz de recibirse la orden de actuar, una vez celebradas las reuniones de crisis a raíz de conocer los planes de CiU y en especial del círculo del clan Pujol, deben valorarse con tiempo suficiente y cierta cautela”. Esos informes de inteligencia eran filtrados, sin tiempo y sin cautela, a determinados medios de comunicación. De todas estas prácticas hay pruebas documentales en el material entregado por el PSOE, además de grabaciones del comisario Villarejo con dirigentes del PP (catalanes y nacionales), periodistas y jueces. Entre la documentación que analizará la Fiscalía figura una denuncia del empresario Javier Pérez Dolset, imputado en una de las piezas separadas del caso Villarejo por fraude millonario en las subvenciones públicas, contra el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, por ocultar pruebas de la llamada “Operación Cataluña”. Hay numerosas grabaciones, aún no analizadas ni por jueces ni por fiscales, sobre cómo se perpetró la acusación falsa contra el exalcalde de Barcelona, Xavier Trías, al que atribuyeron una cuenta en Suiza; o de cómo se consiguieron pruebas mediante extorsión a los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) del supuesto blanqueo de capitales del expresident Jordi Pujol y su familia.
Espionaje ilegal a periodistas. El comisario Villarejo elaboró una serie de informes confidenciales sobre el dueño de un grupo de comunicación catalán al que atribuía conductas corruptas; también se ofreció a informar sobre las actividades privadas del presidente de otra firma de comunicación; y presumió de conocer las llamadas telefónicas hechas por un determinado periodista para saber quién era la fuente de sus informaciones.
En una grabación de septiembre de 2015, Villarejo presume ante su interlocutor de saber quién filtró la noticia a El Mundo de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, había recibido en su despacho a Rodrigo Rato cuando el exvicepresidente y exdirector del FMI ya estaba imputado por diversos delitos en la Audiencia Nacional. Su interlocutor en la conversación le transmite que quien filtró esa noticia fue el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, enemistado con Rato y que el titular de Interior le recibió en su despacho para evitar que el exvicepresidente se pusiera “a largar contra el Gobierno”. Pero el comisario Villarejo le corrigió: “He hecho yo el rastreo de las llamadas del periodista, y sabemos cómo se ha hecho. Quién le llama antes y a partir de ahí a quien llama él. Ha sido el de los picos [guardia civil que trabaja en la puerta del Ministerio del Interior], a las dos horas de irse Rato, llama el pico al periodista [de El Mundo]”.
Operación Tumbar a Podemos. Las conversaciones grabadas por Villarejo con el número dos del Ministerio del Interior, Francisco Martínez; o con determinados periodistas y grupos de comunicación, avalan los esfuerzos de este policía, y de otros que tuvieron que ejecutar encargos similares, por buscar pruebas para desacreditar a dirigentes de Podemos. Esa formación ponía en peligro la continuidad del PP al frente del Gobierno en aquellas fechas. Hay una causa abierta en la Audiencia Nacional por estos hechos, que rechazó investigar el juez Manuel García Castellón y que ahora instruye el juez Santiago Pedraz. Una de las carpetas con documentación entregada por el PSOE a la Fiscalía General del Estado lleva ese nombre: “Podemos”. Entre la documentación facilitada por el PSOE se encuentran los informes que, según Villarejo, filtró a determinados medios de comunicación y que acabaron sirviendo de base para que Interior denunciase a Podemos ante el Tribunal de Cuentas por financiación ilegal. La denuncia fue archivada.
Todo este material fue recopilado durante años por Leire Díez, exmilitante del PSOE que ocupó varios cargos directivos en empresas públicas durante los primeros gobiernos de Pedro Sánchez (2018-2023). Díez ha trabajado en los últimos meses con diversos abogados en busca de pruebas contra guardias civiles de la UCO que firman los informes sobre graves delitos cometidos supuestamente por dirigentes socialistas, como quienes fueron los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.
Leire Díez decidió darse de baja en el PSOE cuando trascendieron sus reuniones con abogados para buscar pruebas contra la UCO a cambio de una supuesta mediación con la Fiscalía y ese mismo día entregó en la sede socialista un pendrive con todo el material acumulado durante varios años de investigación. El PSOE remitió ese material a la Fiscalía General del Estado, que lo ha puesto ahora en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para su análisis y valoración.
