La Fiscalía Anticorrupción considera que no se dan las condiciones para el indulto de los ocho ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos el que fuera presidente de la Junta, José Antonio Griñán, condenados por malversación en la conocida como causa política de los ERE. El ministerio público, en el informe que le había pedido la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que debe resolver sobre la medida de gracia, se opone a todos los argumentos presentados por los solicitantes y concluye que “la conducta enjuiciada no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad” por “exceder el carácter excepcional que configura la gracia del indulto”.
Anticorrupción sostiene que ninguna de las razones esgrimidas por los ex altos cargos condenados “guarda relación con la naturaleza y finalidad del instituto del indulto”. Así, sobre el argumento de que no había existido lucro personal en los condenados, la Fiscalía señala que la conducta criminal “ha sido enjuiciada con ecuanimidad” y dentro del marco de los delitos que se les atribuyen “que no requieren económico propio”.
Respecto de la existencia de dilaciones indebidas en virtud de un proceso que se prolongó durante 13 años entre la instrucción y el conocimiento de la sentencia, la Fiscalía afirma que “ninguna de las sentencias recoge la presencia dilaciones” atendiendo a la extensión temporal y complejidad de los hechos.
Es en el argumento que apela a la trayectoria personal y profesional de los condenados y su “honestidad y honradez”, donde el ministerio público se detiene más. En el informe se cuestiona esa honestidad y honradez por considerarla incompatible con “la condena por los delitos más graves en el seno de la Administración Pública”. También se esgrime que en la ejecución de esa conducta “se detecta un evidente y flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública”. “La malversación tiende a hacer posible la confianza de la sociedad en el manejo honesto de los fondos públicos y a garantizar la transparencia que tienen los funcionarios públicos”, continúa el informe, en el que se recuerda que los afectados dispusieron de créditos presupuestarios para “la concesión de ayudas ilegales por valor de 427 millones de euros”.
Todos estos argumentos permiten concluir a la Fiscalía que no cabe el indulto para Griñán y los otros siete antiguos altos cargos de la Junta porque la conmutación parcial de la pena de prisión “excede del carácter excepcional que configura la gracia del indulto”. “En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión del indulto parcial”.
La Audiencia de Sevilla, que es quien impuso las penas por esta causa en noviembre de 2019, es la que debe informar al Gobierno sobre si estima indultar a los ex altos cargos de la Junta. Su decisión se basará en este informe de Anticorrupción, que fue solicitado a finales del pasado mes de enero, y en el que ya le ha remitido la Junta de Andalucía, que se pronunció como administración perjudicada por la malversación en el que se posicionó a favor de exigir a los condenados las cantidades defraudadas. La Audiencia también deberá recopilar información con los antecedentes penales de los condenados, la parte de la condena que hayan cumplido y su conducta en prisión.
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La decisión que adopte la Audiencia de Sevilla solo afecta a ocho de los nueve ex altos cargos condenados por malversación. Como el ex director general Juan Márquez vio rebajada su pena en el Tribunal Supremo, será esta instancia la que resuelva sobre su indulto. Los antiguos dirigentes de la Junta que dependen de la valoración del tribunal andaluz son Griñán, los exconsejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera y Antonio Fernández y los ex altos cargos Agustín Barberá, Miguel Ángel Serrano y Jesús María Rodríguez. Todos han ingresado en prisión, salvo el expresidente andaluz, por el cáncer que sufre, y Márquez, por habérsele rebajado la condena.
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