Penas de entre cuatro y seis años de prisión. Ésa es la pena que la Fiscalía solicita respectivamente para las dos directoras de las tres residencias de personas mayores que fueron investigadas durante la pandemia por un presunto trato degradante y abandono de … los ancianos internos. Se trata de un proceso de investigación con más de cuatro años de trabajos conjuntos de la Fiscalía, Junta de Andalucía, Guardia Civil y Policía Nacional en el que se han recabado todo tipo de pruebas gráficas y audiovisuales de las condiciones en las que vivían estos ancianos, con declaraciones de testigos y trabajadores de estos centros, denuncias de los familiares y actas de las numerosas inspecciones que la Junta de Andalucía realizó tras tener conocimiento de esta situación. Además, el fiscal solicita una pena de cuatro meses de multa para una de las trabajadoras por falsificar la documentación.
Fue a raíz de la pandemia del coronavirus cuando la Junta de Andalucía intensificó sus controles en este tipo de residencias y detectó graves anomalías en estos tres centros de mayores de Alcalá de Guadaíra y Carmona, tal y como reflejó en su momento el fiscal delegado de Personas Mayores y Personas con Discapacidad en Sevilla, Norberto Sotomayor. Cuatro años después, el fiscal solicita más de cuatro años de prisión para sus dos directoras y una trabajadora por delitos contra la salud pública, trato degradante, abandono, falsedad documental y desobediencia.
En el escrito de acusación del fiscal en el que solicita la apertura de juicio oral se advierte que las directoras de estas residencias «incumplieron de manera reiterada la normativa sanitaria» dictada por las autoridades durante la pandemia para proteger a los residentes, dada que por sus edades y patologías previas eran personas muy vulnerables. La investigación supo que durante los meses más complicados del coronavirus se produjeron traslados entre las tres residencias sin que se cumplieran esas normativas sanitarias.
Fue hace un año cuando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Carmona dictó un auto de procedimiento abreviado contra la titular de la residencia La Alegría (Carmona) y San Lorenzo (Alcalá de Guadaíra) y la titular de la residencia Santa Ángela (Alcalá de Guadaíra), así como contra una trabajadora de este último centro. Según se expone en el auto, estos hechos ocurrieron entre septiembre de 2020 y febrero de 2021, los meses más complicados de la pandemia del coronavirus.
A las investigaciones iniciadas por la Fiscalía se le sumaron las denuncias de los propios trabajadores y de los familiares de algunos de los internos de esta residencia, a quienes, en muchos casos, representa el abogado José Luis Escañuela. Según señala el juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Carmona en el auto de procedimiento abreviado, «se produjeron graves incumplimientos de las normas sanitarias en la época del Covid-19, con traslados indebidos entre las residencias afectadas, con un grave riesgo para la salud y sin cumplir el mínimo de garantías sanitarias». Pero además dos de las acusadas, la directora de Santa Ángela y una empleada, «manipularon el ‘Plan de Contingencia’ del centro».
Durante la instrucción se ha escuchado el testimonio de algunas trabajadores de estos geriátricos. Una trabajadora de las residencias La Alegría de Carmona y de San Lorenzo de Alcalá relató que la comida era «escasa» y había «dejadez» en la atención a los residentes. No había agua caliente y había que calentar el agua para duchar a los abuelos.
Añadió que la higiene de los abuelos era «muy mala» y los colchones deficientes. Admitió que se dieron traslados de ancianos entre residencias, a pesar de estar prohibido por la Junta en plena pandemia, siendo éste uno de los motivos que desencadenó la investigación de la Fiscalía y la inspección del Gobierno andaluz.
