Persiste la lucha judicial de las familias de ancianos fallecidos en geriátricos de Madrid durante los primeros meses de pandemia. La Fiscalía ha presentado nueve denuncias para investigar posibles abandonos de ancianos a partir de marzo de 2020 en residencias de la Comunidad de Madrid … y conocer si estas denegaron la prestación sanitaria por motivos discriminatorios.
Según ha detallado en un comunicado el Ministerio Público madrileño, el pasado mes de noviembre, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, mantuvo una reunión con varios representantes de la plataforma digital Mareas de Residencias y la asociación Verdad y Justicia para las víctimas en las residencias que reclamaban responsabilidades a los trabajadores y coordinadores de varias residencias de Madrid por no derivar a sus mayores a un centro hospitalario cuando enfermaron. Durante el encuentro, entregaron una denuncia colectiva presentada en nombre de 109 familiares de 115 personas personas fallecidas. De estas denuncias la Fiscalía ha judicializado nueve asuntos, cuyas muertes no habían sido investigadas.
Cabe recordar que desde 2020 ya son más de 60 las denuncias archivadas sobre las muertes en residencias de mayores. Según reveló el pasado 18 de febrero el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, la Fiscalía Provincial de Madrid y las tres Fiscalías Áreas están revisando uno a uno los más de 100 casos recogidos en la denuncia colectiva presentada por asociaciones de víctimas en octubre.
La ofensiva de los socialistas contra Ayuso estas últimas semanas, coincidiendo con el quinto aniversario del Covid, por los mayores fallecidos en geriátricos se ha recrudecido en todos los frentes posibles. La emisión en RTVE del documental ‘7.291’ ha provocado que varios políticos carguen contra la presidenta de la Comunidad de Madrid y la gestión del Ejecutivo regional en los primeros meses de pandemia. Por ello, el Gobierno de Ayuso trasladó el pasado miércoles a través de un comunicado que el número real de fallecidos en residencias fue de 4.100 y no 7.291 como defiende la izquierda.
Así, el pasado 6 de noviembre, la fiscal firmó un decreto en el que solicitó la remisión de una copia de la denuncia y de los archivos digitales que la acompañaban a la Fiscalía Provincial de Madrid y a las Fiscalías de Área. En concreto se pretende investigar la posible comisión de un delito continuado del artículo 511 del Código Penal (denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios) por parte «de los geriatras de referencia de los distintos servicios de la Comunidad de Madrid y de los hospitales radicados en sus respectivos territorios». Como se ha mencionado anteriormente, por esta vía se han presentado nueve denuncias. La mayoría de las investigaciones anteriores se estudiaban por posibles delitos de omisión del deber de socorro y/o homicidio imprudente.
A raíz de esta última denuncia se han incoado cuatro diligencias de investigación preprocesal en la que se constató que no habían sido parte de ningún otro procedimiento judicial abierto y, por tanto, se presentó la correspondiente denuncia. A fecha 30 de diciembre de 2024, y respecto a los a los otros procedimientos abiertos con anterioridad a dicha denuncia, había otros ocho en tramitación: dos en Madrid, dos en San Lorenzo de El Escorial, dos en Collado-Villalba, uno en Majadahonda y otra más en Torrelaguna.
54 procedimientos judiciales
En cuanto a los recursos interpuestos por el fiscal contra el archivo de algunos procedimientos, la cifra asciende a 17, seis de ellos en el año anterior. A esta lista habría que sumar las dos adhesiones a los recursos presentados por las acusaciones. Por último, desde el 30 de septiembre de 2022 al 31 de diciembre de 2024 los órganos judiciales han archivado 54 procedimientos judiciales, de los que 41 ya han adquirido firmeza y otros 13 están pendientes de que se resuelva el recurso contra su sobreseimiento.
En la Fiscalía de área de Getafe-Leganés, se ha incoado una diligencia de investigación preprocesal sin que hasta la fecha se haya presentado querella o denuncia alguna. Previos a la última denuncia, en la actualidad se encuentran abiertos dos procedimientos penales. Otros tres ya han sido archivados de forma definitiva y otro está pendiente de que se resuelva un recurso de la Fiscalía.
En Alcalá de Henares, se incoaron 13 diligencias de investigación, una por cada anciano fallecido en su territorio. En ocho de ellas se acordó directamente la remisión a distintos juzgados por existir ya procedimientos en las que ya se habían investigado los mismos hechos, o aún se estaban investigando. En las cinco restantes se citó a los familiares de los fallecidos para tomarles declaración. En dos casos se pudo comprobar que ya estaban judicializados, y en los otros tres se ha formulado denuncia, dos en Alcalá de Henares y uno en Torrejón de Ardoz.
Por otro lado, en Móstoles-Fuenlabrada se incoaron 28 diligencias de investigación preprocesal, que se corresponden con 30 fallecidos al darse la circunstancia de que, en dos de ellas, se interesa la investigación del fallecimiento de los dos progenitores del denunciante. En 21 casos ya había existido causa judicial. De ellos, doce estaban sobreseídos ya por la Audiencia Provincial y el resto continúan en fase de instrucción.
Sobre los otros siete asuntos que la Fiscalía de Móstoles tiene aún abiertas diligencias de investigación, en cinco de ellos están pendiente de recibir el informe del médico forense. Mientras que en los otros dos, que ya cuentan con el pertinente informe, se ha presentado la correspondiente denuncia.
«En archivo sin ulterior actuación»
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha expresado esta mañana en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Asamblea de Madrid que las denuncias presentadas por la Fiscalía de Madrid acabarán «en archivo sin ulterior actuación», como las anteriores 63.
«Lo que ocurre con al Fiscalía es que ha sido tomada por el Gobierno de Pedro Sánchez», ha lanzado tras criticar que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya «tomado el control de los casos de corrupción que tienen que ver con el Gobierno de Sánchez».
