La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a alargar más la investigación sobre las supuestas estructuras creadas entre 2016 y 2019 para organizar actos de homenaje a etarras. El ministerio público, que ya ha pedido juzgar a seis personas por estos hechos, ha presentado un recurso contra la decisión del juez Manuel García-Castellón, que aceptó la pasada semana la petición de la asociación Dignidad y Justicia —vinculada al PP— de retomar el sumario (que se había dado por finalizado en octubre) para indagar en unos chats de la aplicación Telegram, dos de ellos vinculados a Sortu. La acusación pública no aprecia ningún indicio de “actividad criminal” en esos canales de mensajería y, además, subraya que el contenido de esas conversaciones resulta “ajeno” al objetivo de estas pesquisas.
Esta causa judicial se abrió en 2018 por presunto enaltecimiento terrorista por los homenajes a los reclusos de ETA que salen de prisión, conocidos como ongi etorri. El pasado octubre, García-Castellón consideró agotado el sumario y decidió no prorrogarlo más. Ya en diciembre, la Fiscalía presentó el escrito donde concluye que existió una coordinación para organizar estos actos de humillación a las víctimas y, por ello, propuso procesar y sentar en el banquillo a seis sospechosos: a los antiguos etarras Antonio López Ruiz, alias Kubati; Carlos Sáez de Eguilaz, Kai; y Felipe San Epifanio, Pipe; a Haymar Altuna y Oihana Garmendia, de Sortu; y a Oihana San Vicente, de Kalera Kalera.
Sin embargo, la pasada semana, el magistrado admitió la petición de Dignidad y Justicia para practicar nuevas pruebas que el colectivo considera pendientes. Así, el juez revocó su decisión de octubre y consideró que “el cierre de la instrucción” que había decretado “fue prematuro”: “Al faltar diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos que se investigan”. García-Castellón aceptó indagar sobre la existencia de esos tres chats de Telegram supuestamente utilizados para “promover campañas y movilizaciones a favor de los presos de la organización terrorista”. Según señaló en un auto, los etarras Kai y Pipe participaban en esos grupos de mensajería, por donde recibían “abundante información”, “directrices” e “instrucciones” sobre actos y movilizaciones, así “como mensajes sobre la puesta en libertad de los presos de ETA”.
Una tesis que rechaza la Fiscalía en su recurso al pronunciarse sobre esos grupos de Telegram: “Ni se imparten directrices e instrucciones, ni la actividad desplegada en dicho medio de comunicación social es constitutiva de actividad criminal de ningún género”, critica el ministerio público, que advierte que, de seguir adelante con esta línea de las pesquisas, se estaría “incurriendo en una investigación prospectiva”: “No todo lo relacionado con el colectivo de presos de la extinta banda terrorista ETA es delito”.
El ministerio público también aprovecha su escrito para oponerse a la petición de Dignidad y Justicia de citar como imputado a Joseba Azkarraga, promotor de Sare, plataforma ciudadana de apoyo a los presos de ETA. El colectivo de víctimas lo ponía en la diana por otra serie de conversaciones intervenidas por la Guardia Civil. Pero la Fiscalía le reprocha a la asociación que “no se dice en ningún momento qué supuestos delitos” se le atribuirían, además de no apreciar nada delictivo en esos chats.
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“Podríamos dividir las conversaciones [a las que se refiere Dignidad y Justicia] en dos grandes grupos. El primer grupo vendría referido a las conversaciones que mantienen entre sí diversas personas relacionadas con el mundo de los presos de la extinta banda terrorista ETA. El segundo bloque lo constituyen las comunicaciones mantenidas por algunos de los anteriores con responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Respecto del primero, se trata de ciudadanos vascos conversando sobre la situación penitenciaria de presos de una banda terrorista que no existe y planeando estrategias para favorecer sus intereses, sin que de las mismas se desprenda relación alguna con Kalera Kalera en la organización de los actos de homenaje a los terroristas”, critica la Fiscalía.
El ministerio público prosigue así: “No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantos gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes”. “Respecto del segundo bloque, tampoco se nos dice qué delitos podrían encontrarse en las comunicaciones mantenidas con la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. En las mismas no se aprecia atisbo alguno de prevaricación, es decir, de dictado de resoluciones arbitrarias a conciencia de su injusticia, toda vez que todas la cuestiones relacionadas con la política penitenciaria a las que se hacen referencia (progresiones en grado, permisos, excarcelaciones, etc.) están sujetas al control del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria con intervención del Ministerio Fiscal”.
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