La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la pieza política del caso ERE se eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), tal y como ha planteado la Audiencia de Sevilla. El ministerio público considera que el criterio del Tribunal Constitucional, que rebajó de manera sustancial 10 de las condenas a la excúpula de la Junta andaluza el pasado verano por malversación y prevaricación, debe primar sobre el de los cinco jueces de la Audiencia sevillana. Estos magistrados consideran que el Derecho europeo se vulneró en esas 10 sentencias del órgano de garantías y por eso plantearon la semana pasada su elevación al TJUE. La Fiscalía, como parte en el proceso de ejecución de las sentencias, discrepa.
“La primacía del Derecho de la Unión no dispensa a los órganos jurisdiccionales de la obligación de respetar el principio de legalidad penal”, concluye el ministerio público en su escrito presentado ante la Audiencia de Sevilla. Anticorrupción considera que el Constitucional actuó conforme a Derecho al dictar sus sentencias, sin infringir las normas europeas: “Ninguna duda existe de que el Tribunal Constitucional no se extralimita al anular una resolución judicial por entender que la misma incurre en aplicación extensiva o analogía in malam partem de un tipo penal”. Las sentencias del alto tribunal anularon el delito de malversación y rebajaron el de prevaricación para los ex altos cargos de la Junta condenados, entre ellos los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves.
De momento está por ver cómo acaba el pulso iniciado por la Audiencia para elevar el caso al tribunal de Luxemburgo, al eludir la nueva redacción de esas 10 sentencias que amparó el Constitucional. El plazo para que se posicionen las partes ―Anticorrupción, defensas y PP y Manos Limpias como acusaciones― acababa este miércoles, aunque un recurso de Griñán puede alargarlo. A continuación, el tribunal deberá tomar una decisión. En paralelo, el Constitucional podría anular las resoluciones de la Audiencia al entender que las suyas priman, según los artículos 4 y 92 de la propia ley orgánica del tribunal de garantías.
En la pieza política del caso ERE, Anticorrupción ha acusado durante todo el proceso a los expolíticos acusados de malversación y prevaricación, en línea con el criterio de la Audiencia sevillana ―primer tribunal que condenó a 19 ex altos cargos― y el del Tribunal Supremo, que en 2022 ratificó sus tesis con otra sentencia condenatoria. Ahora sin embargo se aparta del criterio de la Audiencia y considera que debe primar la opinión del Constitucional porque no choca con el Derecho europeo y por tanto la causa no puede elevarse a Luxemburgo. “Las consideraciones que han conducido al Tribunal Constitucional a alcanzar esta conclusión [al interpretar que la Audiencia vulneró el principio de legalidad] no resultan irracionales y mucho menos arbitrarias (…) El TC no ha optado por una interpretación alternativa de los tipos penales de prevaricación y malversación”, concluyen los fiscales.
La Fiscalía cita numerosas sentencias del TJUE y aclara que a pesar de que los jueces de todos los países europeos debe tener siempre en mente la primacía y exigencias del Derecho de la Unión, esto no les exime de ignorar las decisiones de tribunales superiores, como en este caso el Constitucional, que tiene la última palabra en cualquier sentencia española. “El Tribunal de Justicia de la UE ha afirmado en numerosas resoluciones que la obligación de los jueces nacionales de interpretar la normativa interna conforme a las exigencias del Derecho de la Unión, incluso cuando de evitar un riesgo sistemático de impunidad en materia de corrupción se trate, no autoriza a violentar el principio de legalidad penal pergeñando interpretaciones de los tipos penales que desborden su sentido literal”, recuerda el escrito.
Entre varias sentencias del tribunal europeo del último lustro, Anticorrupción destaca este pasaje de una de 2022: “La obligación de garantizar que tales delitos son objetos de sanciones penales eficaces y disuasorias no dispensa al órgano jurisdiccional remitente de verificar el necesario respeto de los derechos fundamentales”. La Fiscalía reinterpreta la sentencia que el PP esgrimió hace un mes en su escrito por el que pidió la elevación al TJUE, el caso Euro Box Promotion, que afectó a la justicia rumana, y considera que “se incurre en una evidente confusión”.
En su resolución de hace dos semanas, la Audiencia sevillana estimó que las sentencias del Constitucional habían afectado a los intereses financieros de la Unión Europea. Ahora los fiscales delegados, Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra, discrepan: “El supuesto de hecho objeto de enjuiciamiento no se encuentra comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 325 TFUE [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea], pues las conductas que constituyen objeto del procedimiento no produjeron afectación a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Los fiscales aclaran a la Audiencia que sus dudas las puede resolver el órgano de garantías sin necesidad de elevar la cuestión a Luxemburgo: “Tales dudas, a tenor del propio criterio sentado por el Tribunal Supremo, pueden ser resueltas por el propio tribunal [el TC]”.
El hecho de que una Audiencia provincial corrija al tribunal de garantías en su interpretación y evite cumplir sus órdenes no ha ocurrido hasta ahora en Democracia, según los juristas consultados, de ahí la relevancia del pulso suscitado por los jueces de Sevilla. Hace dos semanas la Audiencia acusó al Constitucional de “extralimitarse” en su función de control al invadir ámbitos reservados a la jurisdicción de jueces y tribunales, cuando revisó la valoración probatorio y el juicio de la propia Audiencia y el Supremo. Mientras se resuelve el conflicto, los 10 ex altos cargos condenados permanecen en libertad, a la espera de que se ejecuten y redacten de nuevo sus sentencias por parte de la Audiencia sevillana.
Mientras, el portavoz de PP en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha opinado: “Lo que está pasando no tiene nombre. Los mayores garantes de la defensa de la Constitución y de todas las leyes. Da la impresión de que pudiera estar colaborando en blanquear el mayor caso de corrupción de la historia” , es un “escandaloso intento de amordazar a la justicia”, informa Lourdes Lucio.
