La Generalitat ha asumido por primera vez responsabilidades por el asesinato de Nuria López, la cocinera asesinada el 13 de marzo de 2024 por un preso con el que trabajaba en la prisión de Mas d’Enric (Tarragona). El Departamento de Justicia, que dirige Ramon Espadaler, admite que la actuación de los servicios penitenciarios fue “deficiente”. “El servicio público penitenciario no funcionó con los estándares de calidad que serían exigibles”, afirma, ante la reclamación patrimonial de cuatro familiares de Nuria López. Concede que “existieron disfunciones” y “cuestiones susceptibles de mejora”, y acepta indemnizar con 40.400 euros a la familia (10.100 por familiar). Sus allegados reclaman 1,7 millones. El Departamento de Justicia asegura que el procedimiento administrativo sigue su curso, que se han tenido en cuenta “los baremos y criterios que marca la jurisprudencia”, y la familia puede recurrir.
Núria López fue la primera trabajadora de una prisión española asesinada por un interno en democracia. Pasó el 13 de marzo del año 2024, cuando Iulian Odriste la acuchilló en la cámara frigorífica y luego se suicidó. Odriste cumplía 11 años de pena por haber matado a una mujer de la misma manera en el año 2016. El caso supuso un terremoto para la Generalitat, que cambió el protocolo y alejó de las cocinas a los internos con delitos de sangre. En manos de ERC, bajo el breve mandato de la independiente Gemma Ubasart, el Departamento entonces defendió que no se podía prever lo que ocurrió. La asunción de responsabilidades por parte del PSC es un nuevo enfoque en este caso, que sacudió las prisiones catalanas.
La Generalitat identifica ahora errores en tres áreas distintas. La primera es una “dotación deficitaria” personal y técnica en el área de vigilancia penitenciaria. En el ámbito de la rehabilitación, señala “déficits” y “falta de rigor” en la evaluación del homicida. Indica que no se trabajó debidamente para garantizar su participación en los programas de tratamiento, que no se le evaluó correctamente, con “puntuaciones que no se correspondían con su nivel de implicación y participación en las actividades”, y que la herramienta RisCanvi, que valora la situación del interno, se aplicó de manera “incorrecta y deficitaria”, otorgándole un grado de riesgo bajo.
Pero las mayores anomalías detectadas por la Generalitat están relacionadas con el puesto de Odriste en la cocina, donde trabajaba con Nuria López. Asegura que existió una “falta de aplicación y de seguimiento riguroso de los procedimientos existentes” porque se “contravino la norma” cuando, pese haber sido sancionado por una falta muy grave por golpear a otro interno, se le permitió seguir. La Generalitat determina que se debió “haber extinguido inmediatamente su relación laboral con la empresa pública”. Y añade que una vez se reincorporó, se hizo sin una evaluación previa: “La Junta de tratamiento tomó la decisión de aprobar el alta del interno sin disponer de ninguna validación técnica al respecto”.
La Comisión Jurídica Asesora (un órgano consultivo obligatorio, pero no vinculante, en reclamaciones de más de 50.000 euros) estima en los mismos términos la reclamación patrimonial de los familiares de la víctima, y cifra la indemnización también en 40.446 euros. El tribunal observa un “déficit de los equipos multidisciplinares” que “no valoraron adecuadamente” los antecedentes del interno antes de destinarlo a la cocina, que describe como un lugar “inadecuado para una persona con antecedentes homicidas”.
Sobre la sanción que se le impuso por golpear a otro preso, de 11 días en una celda de aislamiento, añade que no se pudo cumplir “por falta de plazas disponibles en el departamento especial del centro”. Así, “continuó trabajando en el espacio hasta que él mismo presentó la baja voluntaria por las quejas y presiones que recibió de otros internos” que también eran empleados en la cocina. El director del centro, añade, “debería haber resuelto la suspensión o extinción laboral”. En lugar de eso, “transcurridos dos meses desde la baja voluntaria, el jefe del espacio lo reclamó y este se reincorporó como responsable”. La Comisión insiste en que aunque se le demandase en la cocina por motivos de urgencia, se debió valorar por parte del equipo multidisciplinar si era adecuado.
Además, tampoco se le sometió a las valoraciones periódicas obligatorias cada medio año. Odriste pasó 13 evaluaciones, la última ocho meses antes de que matase a Nuria López. “Efectivamente, existió un cumplimiento deficitario en la temporalidad”, dice la Comisión. Y señala también una mala praxis sobre la herramienta RisCanvi, que contiene 43 ítems para evaluar a un interno, y clasifica su nivel de riesgo en bajo, moderado o alto. A finales de 2022 se consideró que Odriste presentaba un riesgo medio de violencia autodirigida y alto de quebrantamiento de condena; a mediados de 2023, el resultado era bajo de “todos los niveles evaluados” sin que “hubiese variado de manera significativa su trayectoria penitenciaria”.
A todo ello se suma que el interno que no se implicó en su Programa Individualizado de Tratamiento (PIT). Aunque en los primeros años se “mostró colaborador” y se trató de su adicción al alcohol, “desde mediados de 2020 se negaba a seguir el plan de trabajo”. “Había renunciado a salir de permiso y progresar a tercer grado”, añade el veredicto de la Comisión, que asegura que el interno solamente se centró en el área laboral. Por último, destaca incoherencias en el itinerario que se le ofreció en prisión. Lo resume como “un funcionamiento anormal del servicio penitenciario de rehabilitación y tratamiento”.
La Comisión considera que “la conducta del agresor hacia la víctima el día de los hechos fue totalmente sorpresiva e inesperada sin que pudiera preverse el fatal desenlace con antelación”. Pero sí destaca una “negligencia manifiesta de los servicios penitenciarios”, un “funcionamiento anormal en el acceso a puestos de trabajo penitenciarios, así como en materia de rehabilitación y tratamiento” que finalmente “permitió al agresor llevar a término los hechos”.
La familia de Nuria López añade en su reclamación patrimonial que nadie tuvo en cuenta las quejas y temores que la mujer ya había expresado sobre Iulian Odriste. Pero ni la Generalitat ni la Comisión Jurídica Asesora lo da por probado. “No consta que hubiese manifestado ni por escrito ni verbalmente ninguna queja contra el interno”, recogen. Y aseguran que seis funcionarios y cuatro presos entrevistados dijeron que no tenían constancia de una mala relación. “Un único interno” lo afirmó, dicen, pero su testimonio quedó “desvirtuado” por el resto de declaraciones. En las imágenes previas al asesinato (no existen grabaciones en la cámara frigorífica donde la atacó) tampoco se aprecia “miedo o temeridad” por parte de la mujer, indica la Comisión Jurídica Asesora, que añade que la mujer tampoco usó el transistor para alertar de una situación de riesgo.
La Generalitat y la Comisión, basándose en los baremos estándar de las indemnizaciones en accidentes de tráfico, considera que se debe resarcir con 14.825 euros para cada uno de los familiares de Nuria López que reclaman (59.303 euros), pero les resta la indemnización ya percibida por accidente laboral de la póliza del seguro del empleo de la mujer, contratada por la empresa pública Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE). Al final, los 40.446 euros. Tanto el Departamento de Justicia como la Comisión Jurídica Asesora añaden que la indemnización de 1,7 millones que reclaman los cuatro familiares de la mujer es “claramente desproporcionada” y destacan una “total ausencia de acreditación de los daños materiales” sufridos, por lo que limitan la indemnización a daños morales. Una vez agotada la vía administrativa, la familia puede recurrir la decisión a los tribunales.
