La Generalitat valenciana y el PP han recriminado a lo largo de la semana al Gobierno central que no cortara la circulación de vehículos en las autovías como la A-3 y otras vías el 29 de octubre, cuando se desató la dana que causó 223 muertos, algunas de ellos arrastrados en la carreteras. Fuentes del Consell criticaron el jueves “la falta de decisiones” de los ministerios de Transportes e Interior, de la Dirección General de Tráfico y de la Delegación del Gobierno que “abocó a los conductores a una situación caótica y de máximo riesgo en esos puntos de la autovía A3 y el baipás a la altura de Chiva, de la que no pudieron salir pero que hubiera sido evitable”, según manifestaciones recogidas por Efe. Este viernes, la diputada autonómica del PP Verónica Marcos insistió en que el Gobierno debe explicar “por qué no se cortaron las principales carreteras” y exigió que “salgan a explicar los motivos que les llevaron a no tomar esta decisión”.
Sin embargo, la competencia para tomar esa decisión estaba en manos de la titular de la consejería de Interior y responsable de Emergencias, entonces Salomé Pradas (que fue cesada el pasado mes). Así lo establece el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la propia Generalitat en su página 89, dentro del apartado Actuaciones de Carácter General, en el Plan Sectorial de Carreteras, cuyo principales cometidos son los siguientes: “Gestión de la información sobre la incidencia de la situación de emergencia sobre los viales (de todas las titularidades)”; “Cortes de carreteras”; “Establecimiento de rutas alternativas”; “Información a la población sobre esta materia”; y “Coordinación de las prioridades en la limpieza y adecuación de los viales”. En ese mismo epígrafe se recoge también la adopción de “medidas de protección a la población (alejamiento y evacuación)”, dar “albergue y asistencia” de las personas evacuadas o el “suministro de agua, víveres y artículos de primera necesidad”.
El plan fue elaborado en 1999, durante la presidencia de la Generalitat de Eduardo Zaplana; fue revisado en 2010, con Francisco Camps, también del PP, como presidente, y actualizado en 2020 bajo el mandato del socialista Ximo Puig. El plan especifica que su director, en este caso la persona titular de la consejería de Interior que tenía las competencias de Emergencias, valorará la necesidad de activar los diferentes planes de actuación para “la gestión de las incidencias derivadas de una situación de lluvias intensas”. “El presente Plan será de aplicación en cualquier situación de preemergencia y/o emergencia producida por inundaciones en el territorio de la Comunitat Valenciana”, indica.
Este plan fue activado en la mañana del 24 de octubre por los responsables de Emergencias del Consell. La fecha la dio ayer la delegada de Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, para contestar a las críticas del PP y de la Generalitat sobre la inacción del Gobierno a la hora de cortar las carreteras. Aemet había avisado ese 24 de octubre de que se preveía la presencia de una dana en días posteriores y que el este peninsular sería la zona que más lluvia recibiría. Está “escrito” en el plan que “sirve de guía para la acción de la preemergencia y de la emergencia”, y explicita “muy claramente quién tiene las competencias y quién tiene el mando y quién da las instrucciones a los organismos que intervienen en dicho plan”, añadió la delegada en unas manifestaciones realizadas tras el Cecopi.
Recordó que en los niveles 0 y 1 la responsabilidad y el mando desde el 24 de octubre “es el director de la agencia” y en el nivel 2, la consejera de Emergencias en ese momento. Reiteró que la competencia en materia de protección civil “la tiene la comunidad autónoma” y el Centro de Emergencias es el que “recoge toda la información de todos los organismos que sirven de proveedores de información”, el que la “aglutina” y “planifica todos los escenarios para la gestión de la emergencia de la cual tiene la competencia”. “Por lo tanto, quien tiene que dar las indicaciones es quien tiene la dirección y el mando de esa emergencia. A partir de ahí, nosotros como organismos que estamos en el plan, estamos a disposición de las indicaciones e instrucciones de quien tiene la responsabilidad de darlas, que es la dirección de la emergencia”, afirmó.
Preguntada sobre las exigencias de explicaciones por parte de la Generalitat y del PP, la delegada trasladó la cuestión al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de quien dijo que “esto lo repite permanentemente con respecto a otros sucesos que se han dado en otras emergencias”. “Yo le recuerdo al presidente Mazón hoy, antes líder de la oposición en la Comunitat Valenciana, cuando decía que quien tenía que dar las instrucciones con respecto a cortes de carreteras o de vías ferroviarias era en este caso quien tenía el mando de la emergencia que, como bien saben, es el conseller de Emergencias o la consellera de Emergencias en su momento”, recalcó.
Las responsabilidades del tren de Bejís
Se refería Bernabé al tren de Renfe que circuló por las vías rodeado por las llamas durante el incendio forestal de Bejís (Castellón) de 16 de agosto de 2022 porque nadie avisó a la maquinista de que debía detenerse por el siniestro. Hubo una decena de heridos (tres de ellos graves). El PP pidió entonces la dimisión de la consejera de Interior, Gabriela Bravo, y acusó a la Generalitat de izquierdas de negligencia. Este miércoles, Mazón, que señaló a Bravo como “la responsable política” del incidente, anunció que la Generalitat está pagando ayudas directas a 23 personas afectadas por un importe total de 192.000 euros. El presidente valenciano se reunió con las víctimas del tren en el Palau de la Generalitat hace un año.
Ahora rehúye recorrer las poblaciones afectadas por la dana en visitas públicas, sin la presencia de los Reyes, para evitar las reacciones de los afectados. Tanto él como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fueron abucheados e insultados, especialmente, en la visita a Paiporta del 3 de noviembre. Sánchez abandonó la comitiva tras recibir el impacto de un objeto en la espalda. No ha vuelto a la zona afectada.
El 9 de noviembre, decenas de miles de personas (130.000, según la delegación de Gobierno) pidieron la dimisión de Mazón en la primera manifestación contra su gestión. Dos días después, el presidente valenciano volvió a las calles en Torrent y fue perseguido por algunos vecinos que le increparon y le reclamaron su dimisión. Posteriormente, ha asistido a algún acto organizado a distancia de los centros urbanos de la zona cero, en ocasiones fuera de la agenda oficial o avisando solo minutos antes.
Reacción del Consell
El consejero de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, respondió esta sábado a Bernabé y reiteró las acusaciones contra el Gobierno central de no cortar la circulación en la autovía A-3 a la altura de Chiva, ni en el bypass, ni en la pista de Silla el día de la dana, “pese a ser su competencia”. Valderrama ha recordado que la delegada forma parte del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) y ha asegurado que “el corte de carreteras de la red de carreteras del Estado depende de la autoridad competente, que es el Estado”, a pesar de lo indicado en el Plan de Inundaciones
Ha criticado que Bernabé ha ofrecido “dos versiones” respecto a este asunto. “Primero elevó la responsabilidad de no cortar la A-3 a la altura de Chiva, diciendo que dependía del Ministerio de Interior y del Ministerio de Transportes. Ahora dice que es responsabilidad de la Generalitat. 24 horas y dos versiones distintas. Está cambiando las explicaciones con un único objetivo, que es dejar de asumir la responsabilidad que tiene como delegada del Gobierno que codirige el Cecopi en situaciones de Emergencia”, ha aseverado en un comunicado que elude cualquier referencia al Plan de Inundaciones.
El conseller ha apuntado que desde el Gobierno central “sí se adoptó la medida de cortar la A-3 a la altura de Requena por la mañana” y ha recalcado que “no hizo falta que el Cecopi o la Generalitat dieran una instrucción al respecto”, así como la Administración central “también adoptó la decisión de cortar las líneas de Cercanías C-1 y C-2, también de su competencia”. “Por lo tanto, no lo decide el Cecopi”, ha insistido.