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Y otro caso polémico en el PP de Madrid. Tres vicesecretarios del PP de Madrid en el distrito de La Latina denunciaron en 2023 y por escrito a Alberto González, concejal del Ayuntamiento en la capital, secretario del PP de los 21 distritos de la capital, presidente del partido en Latina y mano derecha de Alfonso Serrano, secretario general de los populares en la región. Los cargos, que dimitieron el pasado año, pero que continúan siendo afiliados, denuncian presiones, coacciones y encargos de espiar a otros afiliados del entorno de la actual presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, además de presuntas irregularidades económicas en la sede del PP de Latina, tal y como desveló EL PAÍS el pasado miércoles. Este no es el primer caso de presuntos intentos de espionaje e irregularidades que ha afectado al PP madrileño en los últimos años. He aquí un recorrido por los tres principales episodios que han aflorado en un partido que gobierna la región desde 1995.
El caso Espías (2008)
EL PAÍS publicó por primera vez este caso en enero de 2009, cuando informó de que un grupo de exagentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil a sueldo de la Consejería de Interior había hecho seguimientos diarios —reflejados en unos partes— a varios adversarios de la entonces presidenta Esperanza Aguirre: como el consejero Alfredo Prada; y Manuel Cobo, vicealcalde y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y posterior ministro de Justicia con Mariano Rajoy. Este espionaje se habría producido en abril de 2008, en plena batalla por el poder en el PP después de que Mariano Rajoy perdiera las elecciones en marzo de 2008 frente a José Luis Rodríguez Zapatero.
Estos partes supusieron, entonces, el inicio de una causa que tardó una década en llegar a juicio y que sobrevivió a tres intentos de archivo impulsados por la juez instructora. Durante la vista oral, dos de los acusados afirmaron que se les había dado “órdenes ilegales” para seguir a otros políticos del PP por “especial interés de Ignacio González”, entonces vicepresidente de la Comunidad.
El 21 de febrero de 2019 se cerró el caso con los seis acusados absueltos. La decisión del jurado, que se tomó por la mínima (cinco votos a cuatro) llegó una semana después de que la Asamblea de Madrid declarase probados los seguimientos en el seno de la comisión de investigación contra la corrupción. El dictamen de dicho órgano, aprobado con los votos de la oposición, consideró responsables políticos a Esperanza Aguirre, Ignacio González, Francisco Granados y Sergio Gamón, también alto cargo del Gobierno del PP de entonces. “Es evidente que los seguimientos se produjeron, ya que existen pruebas gráficas y conversaciones grabadas que lo corroboran”, afirmó la comisión en su resolución.
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Una maquinaria afín a Génova buscó pruebas contra Ayuso (2022)
Estas acusaciones de irregularidades y espionaje terminaron con el PP partido en dos, por los aires, y con la salida de Pablo Casado. Todo comenzó a mediados de octubre de 2021 y finalizó en enero de 2022. Diversos colaboradores y trabajadores del Ayuntamiento de la capital urdieron un plan para investigar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de estos trabajadores del Consistorio fueron colocados a dedo por la dirección nacional del PP. Se afanaron en buscar la prueba definitiva de que el hermano de la presidenta de la región, Tomás Ayuso, habría cobrado una mordida de 283.000 euros. La mordida partiría, supuestamente, de un contrato a dedo entregado por la Consejería de Sanidad a una empresa propiedad de un íntimo amigo de la presidenta madrileña. La adjudicación fue de 1.512.500 de euros por la compra de 200.000 mascarillas acogiéndose a la vía de emergencia, una herramienta de la que disponen las administraciones públicas para acelerar cualquier compra o gestión en periodos de crisis, como la pandemia. La mascarilla saldría a más de siete euros. La compra se produjo en un contexto de plena crisis sanitaria. Este contrato estaba oculto en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid.
El trabajo de ese grupo de colaboradores del Ayuntamiento, supuestamente alentados por Ángel Carromero, el hombre de Génova 13 en el Consistorio y coordinador general de la Alcaldía hasta que presentó su dimisión al propio Almeida aquellos días, consistió en un primer momento en difundir esa información a través de diversos medios de comunicación. Es más, se reunieron con diversos periodistas de diferentes medios digitales y de papel. Les contaban su plan para tratar de averiguar si el hermano de Ayuso estaba implicado en el asunto.
Tras reunirse con los diferentes informadores, ellos mismos iniciaron una ronda de contactos con hasta dos empresas de detectives. El objetivo era muy claro: había que lograr sí o sí un documento bancario que correspondiera al supuesto ingreso de los 283.000 por parte del amigo de Ayuso a la cuenta de su hermano. Las gestiones con estas empresas fueron infructuosas. Estos bufetes les indicaron que se trataba de una maniobra inviable e ilegal, aunque, según apuntaron entonces otras fuentes, también se habló de un alto precio para tratar, al menos, de intentarlo.
“Marca con una cruz y recaba información” (2024)
El último caso se conoció el pasado miércoles. Tres vicesecretarios del PP de Madrid en el distrito de La Latina, entre ellos un dirigente de Nuevas Generaciones (NNGG) de la Comunidad, denunciaron en 2023 y por escrito al edil González, concejal del Ayuntamiento de Madrid y dirigente del partido que ocupa la secretaría del PP de los 21 distritos de la capital. Denuncian presiones, coacciones y encargos de espiar a otros afiliados del entorno de la actual presidenta de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, además de presuntas irregularidades económicas en la sede del PP de Latina. Dos de ellos lo denunciaron por escrito a mediados de 2023 ante el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside José Antonio Monago. Los tres enviaron una comunicación a Alfonso Serrano, el número dos del PP de Madrid, como secretario general autonómico, en febrero de 2023, pero no hubo respuesta. No fue hasta junio de 2023, cuando el caso llega a Génova, cuando el PP madrileño decide abrir un expediente e iniciar las investigaciones internas.
Uno de los denunciantes manifiesta en su denuncia que el concejal González le pidió espiar a miembros del partido. “Alberto González”, se lee en el escrito, “me pide realizar espionaje a la presidenta nacional de Nuevas Generaciones, Beatriz Fanjul, y a su entorno. Que marque con una cruz aquellos miembros de Madrid que son afines a la dirección nacional y recabe información sobre otras personas, entre ellas Ricardo Calle, asesor del Ayuntamiento en la pasada legislatura, y Alejandro Cortés, entre otros”. “Por razones obvias”, explica el autor de la denuncia, “no llego a hacerlo y empiezo a darle largas a Alberto [González]”. “En esos momentos a ciertas personas con las que tengo una amistad les advierto de que tengan cuidado, que me han mandado espiarles”, escribe.
El denunciante también explica que González no quiere a miembros de Nuevas Generaciones de la dirección nacional en el grupo de Nuevas Generaciones de Madrid. “Todo se produce dentro de un contexto en el que se avecinaba un congreso de Nuevas Generaciones en Madrid, y González tenía mucho peso a la hora de elaborar las listas”, explica. Este denunciante escribe al Comité Nacional de Derechos y Garantías una vez que ya ha dimitido, decepcionado porque altos cargos del partido no han mostrado interés por sus acusaciones. El presidente del comité, José Antonio Monago, abrió un expediente inmediatamente y derivó el caso al Comité Regional de Derechos y Garantías regional, que estudia el caso desde hace cuatro meses, según fuentes populares.
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