El independentismo más irredento ha iniciado un nuevo pulso con los tribunales y, de forma indirecta, con los grupos independentistas tradicionales. El partido sin representación parlamentaria, Solidaritat Catalana per la Independència, que en sus mejores momentos tuvo a Joan Laporta como líder, ha vuelto a registrar en el Parlament la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que se vote la declaración unilateral de independencia. Se trata de la misma propuesta que el Tribunal Constitucional tumbó hace un año después de que pasara el primer corte en Mesa de la Cámara catalana.
El Gobierno de Pedro Sánchez recurrió ante el Tribunal Constitucional el acuerdo del órgano de gobierno del Parlament del pasado 20 de febrero para admitir a trámite esta iniciativa que instaba a declarar la independencia de Cataluña. No obstante, sus promotores han vuelto al punto de partida y confirman que «la ley es exactamente la misma» que presentaron el 2 de febrero de 2011 y el 2 de febrero de 2024. Esta vez, añaden, «es una respuesta a la sentencia del TC del estado ocupante».
El registro de esta iniciativa ha ido a cargo de tres miembros de la ejecutiva nacional de Solidaritat Catalana per la Independència, como son Francesc Fíguls, David Folch y Lluís Tenas, y viene acompañada de una memoria justificativa sobre el motivo de esta ILP, así como del proyecto de ley para declarar la independencia de Cataluña.
En manos de ERC y Junts
La admisión a trámite de esta iniciativa se aprobó durante la anterior legislatura con los votos favorables de Junts y la CUP, la abstención de ERC y el voto en contra del PSC. Después de los comicios autonómicos del 12 de mayo, el independentismo perdió la mayoría parlamentaria, pero mantuvo su mayoría en la Mesa del Parlament tras un acuerdo entre Junts y ERC.
Su admisión en la anterior legislatura provocó que los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de la comisión de control de iniciativas legislativas populares del Parlament presentaran su renuncia. En la actualidad, para que de nuevo pase el corte de la Mesa se necesita que ERC vote a favor. La CUP perdió su representante en la mesa y una abstención sería insuficiente para que la polémica ILP siguiera el trámite parlamentario, ya que el PSC cuenta con tres representantes que con toda probabilidad volverían a tumbarla.
Sin advertencia del TC
La mesa de la institución catalana tiene un plazo máximo de 15 días hábiles para pronunciarse. Si la mayoría independentista de este órgano finalmente la admite a trámite, recaerá en la comisión de control validar la documentación. Esta comisión está integrada por tres magistrados del TSJC, tres catedráticos y tres juristas, además de un letrado que actúa como secretario y no tiene voto.
En la anterior tentativa tumbada por el Constitucional, los miembros de la Mesa no recibieron ninguna advertencia personal por parte del tribunal. Es decir, si se repite la misma actuación, podría no tener consecuencias judiciales para ellos. De momento, el presidente del Parlament, Josep Rull, ya se ha inclinado por mantener la línea de sus sucesores de permitir todos los debates de cualquier materia que se presenten.
Con todo, se puede dar una situación como la que sucedió con la Mesa de Edad al inicio de la legislatura. Esta mesa admitió los sufragios de los fugados Carles Puigdemont y Lluís Puig pese a haber una sentencia del Constitucional en contra, pero no derivó en ningún delito de desobediencia. Como fuentes jurídicas explicaron a THE OBJECTIVE, sin un requerimiento expreso del Constitucional no se desobedeció ninguna orden concreta, específica y/o personal de ninguna autoridad, como exige el Código Penal.
