La resolucin aprobada este jueves por el pleno del Parlamento Europeo, que expresa su total indignacin y profunda preocupacin por los continuos esfuerzos de Rusia por socavar la democracia mediante diversas formas de interferencia y desinformacin, incorpor en el ltimo momento una enmienda de Ciudadanos que va a desembocar en un informe sobre la conducta de Carles Puigdemont y sus compaeros, para ver si han violado alguna de las clusulas del Cdigo de Conducta de la Eurocmara. El comit encargado de hacer esa evaluacin tiene ocho miembros de diferentes partidos, y entre ellos est Monika Hohlmeier, eurodiputada alemana del Partido Popular Europeo, responsable del comit de Control Presupuestario y la bestia negra del Gobierno sobre la ejecucin del Plan de Recuperacin y el uso de los fondos Next Generation.
El texto general de la resolucin destaca la «profunda preocupacin por las supuestas relaciones entre los secesionistas catalanes y el Gobierno ruso»; observa que, de confirmarse, «la injerencia rusa en Catalua formara parte de una estrategia rusa ms amplia para promover la desestabilizacin interna y la desunin en la UE«. Y por ello expresa su profunda preocupacin «por las campaas a gran escala de desinformacin que Rusia ha llevado a cabo en Catalua, as como por los supuestos intensos contactos y el nmero de reuniones entre los agentes responsables de la injerencia rusa con representantes del movimiento independentista y del Gobierno regional de la Comunidad Autnoma de Catalua».
Los eurodiputados, por abrumadora mayora de todos los grupos, incluyendo el PSOE dentro de los socialistas, piden en ese documento «a las autoridades judiciales competentes» que «investiguen eficazmente las conexiones de los diputados al Parlamento Europeo supuestamente relacionados con el Kremlin y los intentos de desestabilizacin e injerencia de Rusia en la Unin Europea y sus Estados miembros» y adems «lamentan todos los ataques contra los jueces que investiguen cualquier actividad de injerencia», en una referencia expresa a los magistrados que han decidido prorrogar seis meses casos como el Voloh.
Pero adems de todo eso, en una votacin adicional, el pleno acept incluir el texto de una enmienda promovida por Adrin Vzquez, de Ciudadanos, que «pide que los asuntos de los diputados catalanes al Parlamento Europeo en cuestin se remitan al Comit Consultivo sobre la Conducta de los Diputados».
Tras la aprobacin, el caso efectivamente pasa ahora a mano del Comit Consultivo, un rgano formado por ocho eurodiputados. Dos del PPE, la mencionada Hohlmeir y la polaca Danuta Hubner. El socialista italiano Giuliano Pisapia. El liberal francs Gilles Boyer. La finlandesa Heidi Hautala, de Los Verdes. El belga Geert Bourgeois, del grupo ECR, y su compatriota Gerolf Annemans, del ultraderechista Vlaams Belang. Y otro alemn, Helmut Scholz, de la Izquierda. Estos ocho polticos tendrn que estudiar el caso, sin plazos concretos, para ver si se ha producido alguna irregularidad, y redactar un informe con recomendaciones a la presidenta de la cmara, Roberta Metsola. Aunque es complicado que pueda haber resultados antes del final de la legislatura, dentro de muy pocas semanas.
Desde el entorno de la presidenta explican que ella, como hace siempre, «seguir las recomendaciones que pueda hacer este comit», encargado de velar por el Cdigo de Conducta del Parlamento Europeo, un documento sencillo, de apenas cinco pginas, que aborda posibles conflictos de intereses o sobre los intereses financieros del dinero pblico.
El cdigo dice que, en el ejercicio de sus funciones, los diputados al Parlamento Europeo se guiarn y observarn principios como el «desinters, integridad, franqueza, diligencia, honestidad, responsabilidad y respeto por la reputacin del Parlamento» y que actuarn «nicamente en inters pblico y se abstendrn de obtener o intentar obtener cualquier beneficio financiero directo o indirecto u otra recompensa». Pero los vnculos con emisarios del Kremlin que se le imputan a Puigdemont y su crculo cercano, del que no forman parte entonces ni Clara Ponsat ni Toni Comn, hoy eurodiputado, se remontan a antes de asumir el escao.
En una carta remitida a Metsola y de la que este diario inform el pasado domingo, Ciudadanos pide que la investigacin que se ha abierto a una eurodiputada letona, acusada de ser agente al servicio del FSB ruso, se ampli al ex presidente. «Estamos convencidos de que el de Zdanoka no es un caso aislado porque nuevas revelaciones indican que otros miembros de esta Cmara estn promoviendo los intereses rusos», argumenta Ciudadanos en referencia a los indicios que han llevado al magistrado Joaqun Aguirre, titular del Juzgado de Instruccin 1 de Barcelona, a prorrogar su investigacin sobre los contactos del entorno de Puigdemont con representantes del Kremlin en el marco del caso Volhov.
La discusin dentro del Comit Consultivo, si llega a producirse, se antoja intensa. Las diputadas populares han sido muy crticas con el Gobierno espaol, pero la cuestin de Catalua, el independentismo, la amnista es otra. Adems, los dos miembros belgas son simpatizantes de Puigdemont y su causa. Bourgeois, ex ministro presidente de Flandes, es viejo compaero de batallas. Alguien que no slo defendi a Puigdemont cuando lleg a Bruselas, y a quien su partido, la N-VA, le proporcion ayuda incalculable, sino que desde hace muchos aos respalda la lucha independentista y pidi que la UE mediara. El caso del Vlaams Belang, la fuerza ultraderechista que ahora es lder en las encuestas de Flandes, es parecido, ya que su lder fue uno de los pocos que arrop a Puigdemont desde el primer da y en las manifestaciones.
