Una vez superado el apagón de este lunes que sumió a la Península Ibérica en la oscuridad y el caos, comienzan las investigaciones y la rendición de cuentas para determinar las causas de un incidente sin precedentes. Bruselas rechaza “especular” sobre las posibles razones de la avería masiva y espera con cautela el resultado de las pesquisas. Red Eléctrica rechaza que haya sido un ciberataque pero el Gobierno se resiste a descartar ninguna opción. La legislación europea prevé dos procesos para casos como este. Por un lado, el Gobierno español, al haber declarado la emergencia, deberá emitir y enviar un informe a Bruselas en el que notifique el origen de la misma. En un proceso paralelo, se iniciará una investigación de carácter europeo que liderará un gestor de la red de transporte eléctrica de otro Estado miembro, para garantizar la independencia de los resultados. En un plazo de seis meses, la investigación deberá tener listo un informe exhaustivo sobre el apagón.
Tras haber declarado la emergencia por el apagón eléctrico, España debe notificar a la Comisión Europea cuáles han sido las causas del incidente, qué impacto ha tenido y qué mejoras posibles del sistema ha identificado. El Gobierno tiene tres meses para elevar este informe a Bruselas.
De acuerdo con la legislación europea, el apagón será clasificado según una escala de incidentes que va del cero al tres, en el que el tres es el más grave y requiere una investigación. Fuentes europeas consideran que el apagón del lunes entrará en esta categoría: “Es muy razonable pensar que será necesaria una investigación”, han afirmado este martes, tras recordar un incidente registrado en 2024 en Croacia y otros países balcánicos que se clasificó en la escala tres. Aquello fue solo parcial. En el caso de España y Portugal el corte ha sido masivo.
La investigación la liderará un gestor de la red de transporte eléctrica (TSO, en sus siglas en inglés) de un Estado miembro que sea independiente, es decir, que no esté involucrado en el incidente. Está prevista también la participación de los TSO de los países afectados o interconectados: Red Eléctrica, el gestor español, y el portugués REN (Redes Energéticas Nacionais), además del francés RTE. También formará parte del grupo de investigación la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) y pueden participar además la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de la Unión Europea y las autoridades de regulación de los Estados miembro.
En un máximo de seis meses, este grupo producirá un primer informe exhaustivo con todos los datos del incidente y la secuencia, “segundo a segundo, de lo que pasó en todas las partes de la red y cómo reaccionó el sistema”, según la misma fuente comunitaria. A partir de esos datos, se elaborará un documento final sobre la investigación que incluirá también recomendaciones, y que puede tomar más tiempo.
La Comisión Europea no participa en la investigación, pero la examinará y podrá formular preguntas al respecto. Su papel vendrá después, tras las pesquisas, cuando se hagan recomendaciones y se determine qué medidas hay que tomar para evitar que el suceso se repita en el futuro.
El corte parcial en los Balcanes
El precedente más inmediato y similar a lo que ocurrió este lunes en España y Portugal fue el apagón parcial que sufrieron el 21 de junio del año pasado varios países de los Balcanes Occidentales (Albania, Bosnia-Herzegovina, Croacia y Montenegro). Sin ser tan grave ni absoluto como el de la Península ibérica, el incidente se clasificó en la escala del ENTSO-E como de nivel 3, el máximo.
En el caso balcánico, el panel de expertos del ENTSO-E fue creado el 15 de julio de 2024, menos de un mes después del apagón parcial. Estuvo compuesto, como estará cuando llegue el momento de componer el que estudiará el apagón peninsular, por el propio ENTSO-E, así como los TSO “relevantes” (los de los países afectados), más la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) de la UE, el organismo que el primer ministro en funciones de Portugal, Luís Montenegro, ha solicitado que realice una auditoría independiente. También formaron parte del equipo representantes de las Autoridades Regulatorias Nacionales (NRA) de los países afectados, así como del Subgrupo de Investigación del Centro de Coordinación Regional (RCC, por sus siglas en inglés).
El informe final fue publicado el pasado 24 de febrero, ocho meses después del incidente. El responsable principal del mismo fue, de acuerdo con la investigación, dos primeros cortocircuitos que se debieron a que “la vegetación creció demasiado cerca de las líneas eléctricas” afectadas. Por ello, una de las principales recomendaciones fue, también, “revisar el procedimiento de control del crecimiento de la vegetación” para “garantizar una poda adecuada” como elemento “crucial para evitar cortocircuitos y mantener una red eléctrica segura y fiable”. La Comisión todavía no se ha pronunciado, ya que todavía está estudiando las conclusiones.
