La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, Delia Rodrigo, ha bloqueado la cuenta bancaria donde la empresa de Gerard Piqué, Kosmos Football S.L., sigue ingresando a día de hoy fondos de la sociedad estatal saudí que firmó el contrato con la Federación Española de Fútbol, bajo presidencia de Luis Rubiales, para la celebración de la Supercopa en aquel país. En las adendas de ese acuerdo, el exjugador del FC Barcelona constaba como «agente externo» con una prima de éxito fijada en cuatro millones de euros por edición del torneo, condición que se firmó por separado y se mantuvo oculta hasta que estalló el escándalo. Todo el contrato, recuerda la instructora, está bajo sospecha y forma parte de la investigación. Está en duda «su licitud».
En un auto al que tuvo acceso ABC, la magistrada acuerda el bloqueo a instancias de la Fiscalía Anticorrupción para evitar que esos fondos acaben viajando a otras cuentas del grupo empresarial del futbolista, una vez ha contrastado ya pluralidad de movimientos entre sus sociedades, el grueso de las cuales tienen banco en Andorra.
De hecho, una de las últimas diligencias que había adoptado sobre esta rama de la investigación, centrada en delitos de corrupción entre particulares y administración desleal, fue enviar una comisión rogatoria para reclamar un listado completo de cuentas y de movimientos de fondos entre ellas. Rastreaba, en ese caso, posibles comisiones pagadas a Rubiales u otros directivos de la Federación a cambio de haber obtenido esa discreta posición de «agente externo».
Ahora, ante los indicios de un delito de corrupción en los negocios y otro de administración desleal, se bloquea cautelarmente esa cuenta para que la sociedad sadí, SELA Sports, pueda seguir «realizando los ingresos que correspondan, como se ha venido haciendo hasta el momento», pero Kosmos Football, que está imputada como persona jurídica en la causa, no pueda «disponer» de esas cantidades.
El objetivo último, como explica la resolución, es «garantizar las eventuales responsabilidades civiles» fruto de la causa, lo que considera la instructora «necesario e imprescindible» en la investigación. Pero, además, se trata de obrar en concordancia con las medidas cautelares de bloqueo de cuentas acordadas sobre otros investigados. El mismo auto recuerda que ya el pasado 19 de marzo se adoptaban medidas de este tipo. Consta en el sumario de la causa, al que tuvo acceso ABC, que la juez ha requerido información a más de una docena de bancos por cerca de un centenar de cuentas bancarias a nombre de Gerard Piqué y sus sociedades, y otras 36 de Rubiales.
La «impecable» detención
Y mientras se bloquean cuentas, se desbloquean cuantías en otras a instancias de distintos investigados. Es lo que ha ocurrido este mes con las cantidades que el empresario Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, reclamaba liberar para el «funcionamiento corriente» de su negocio, igual que otros imputados han obtenido el plácet del juzgado para poder afrontar gastos ordinarios como el pago de seguros.
Además, la juez ha tomado otra decisión, esta vez a instancias del hombre fuerte de Rubiales en la Federación, Tomás González Cueto: abrir una pieza separada para volcar ahí los contenidos de su teléfono móvil que nada tengan que ver con la investigación y puedan afectar a sus clientes, dado que es abogado y está obligado por el secreto profesional.
En otro auto al que tuvo acceso ABC, la magistrada acepta volcar así a puerta cerrada esas comunicaciones que puedan verse afectadas «ya que existen informes en el procedimiento que acreditan que el investigado es abogado de profesión, por lo que resulta posible que en su teléfono obren comunicaciones con sus clientes que son del todo ajenas al presente procedimiento» y «en aras a preservar su intimidad» la Guardia Civil habrá de acometer «el expurgo oportuno».
La resolución menciona además otro escrito de la defensa de Cueto aportado al juzgado en el que se discutía su detención. Cabe recordar que estuvo dos días en un calabozo y acabó en libertad sin cautelares. «Consta que la autoridad policial actuante presentó al detenido dentro del plazo legal de detención, no apreciándose ninguna irregularidad en su actuación que, por otro lado, está resultando impecable, máxime con el volumen documental que fue incautado en la entrada y registro», contesta la magistrada, que emplaza a la defensa de Cueto a acudir a «las acciones legales que, en su caso, estime oportuno interponer contra la autoridad judicial actuante».
