Un subordinado del ministro Félix Bolaños tendrá que dar explicaciones en sede judicial. La juez ha vuelto a citar al alto cargo del Ministerio de Justicia investigado por manipular la declaración judicial de un menor. Susana Trujillano ha convocado al director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, el 27 de mayo. La magistrada ya suspendió el pasado 2 de octubre el interrogatorio después de que su defensa, que ejerce la Abogacía del Estado, alegara que su cliente no pudo acceder a la grabación. El dispositivo que contiene el audio acabó desapareciendo del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
La providencia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE cita al alto cargo de Bolaños a las 11 horas del próximo 27 de mayo. Ese día también tendrán que desfilar por el juzgado el padre del menor damnificado y dos peritos a petición de la acusación. Cubo ya acudió a declarar el 2 de octubre, pero la juez decidió posponer el interrogatorio.
La Abogacía del Estado alegó que el director de Transformación Digital no tuvo acceso al audio, por lo que se encontraba en situación de indefensión. La declaración se suspendió tras 20 minutos de tenso debate entre el fiscal, la acusación y el abogado del Estado sobre la legalidad de que este último se personara en nombre del subordinado de Bolaños. El pasado 12 de febrero presentó un escrito donde el director general de lo Contencioso de la Abogacía del Estado le autorizaba a defender a Cubo.
Subordinado de Bolaños
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid investiga un posible delito de falsificación de documentos públicos por la presunta manipulación de la grabación de un niño que declaró ante un juez de Valladolid en un proceso de custodia de menores en marzo de 2022. La juez decidió el pasado abril citar como investigado a Cubo, subordinado de la número tres de Justicia, Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente.
En el procedimiento de divorcio también participó el marido de Sofía Puente, el fiscal Manuel Javato. El menor compareció ante el Juzgado de Violencia de la Mujer número 1 de Valladolid, del que entonces era titular Emilio Vega. El magistrado solicitó a los presentes, excepto a un funcionario cuyo nombre no aparece identificado en los documentos, que abandonaran la sala para no coartar al menor. La grabación de la sesión está en perfecto estado, excepto la parte que corresponde al niño, que entonces contaba con 12 años.
El audio fue alterado con un «ruido rosa». «La posibilidad de que este ruido rosa identificado hubiera estado presente de forma natural en el entorno es prácticamente nula, especialmente en una potencia tan grande como se puede denotar en el audio analizado», señala un informe pericial realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo (LIFE) a petición de la acusación. El denunciante apunta a Cubo al entender que es «responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación».
El pendrive que incluye el audio, prueba clave de la investigación, desapareció del juzgado, según certifican los documentos a los que ha tenido acceso este diario. Manos Limpias, en trámites de personarse en el caso, denunció a mediados de enero su «robo» ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La organización que preside Miguel Bernard señala a Trujillano y a la letrada de la Administración de Justicia y pide que sean sancionadas por incumplir el deber de custodia de documentos.
Deber de custodia
La Guardia Civil entregó dispositivo al Decanato el 2 de noviembre de 2023. Este órgano suele remitir las pruebas al juzgado competente de forma inmediata. El Decanato asegura a las partes que dio traslado inmediato del pendrive y que dejó todo lo relativo a este caso «en el casillero del Juzgado número 7 de Madrid, que recogió todo su contenido, no quedando en esta oficina ningún documento u otro elemento adjunto».
La fiscal del caso ha solicitado a la juez que investiga al subordinado de Bolaños que el padre del menor aporte de nuevo «el soporte digital con el contenido indicado». Un extremo al que se niega la acusación, que rechaza «intervenir en la cadena de custodia» porque se rompería. En su opinión, si lo hace podría presentarse una alteración diferente a la que se habría efectuado.
«Esta acusación particular no quiere intervenir en la cadena de custodia de la prueba, dado que le sería muy fácil al abogado de la defensa (que ejerce la Abogacía del Estado) poder afirmar que no es la misma copia, que hemos aportado otra copia distinta o que está contaminada», asegura la defensa de la víctima. La Guardia Civil volvió a aportar el dispositivo el pasado 30 de enero, según el oficio al que ha tenido acceso este diario.
La acusación admitió en un escrito remitido a la juez su sorpresa porque se hubiese extraviado, ya que el pendrive desaparecido no solo contenía el audio manipulado, «sino que también se grabaron en dicho soporte diez archivos PDF que sí constan en la denuncia y en los autos, por lo que es obvio que el soporte llegó al juzgado y se descargó». La defensa también ha calificado de «intolerables» las manifestaciones del abogado del Estado, que aseguró que «a lo mejor no existía la prueba» y ahora, casualmente, «no aparece».
