La Justicia acorrala a Félix Bolaños por su etapa al frente de la secretaría general de Presidencia del Gobierno. El ministro ocupó el cargo entre junio de 2018 y julio de 2021. El periodo en el que Moncloa contrató a Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y a Luis Carrero, el colaborador que llamaba a David Sánchez «querido hermanito» antes de emprender su etapa laboral en Badajoz. El dirigente socialista se desvinculó este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado de la contratación de la asistente de la esposa de Pedro Sánchez. Acusaciones y juristas dudan de que el magistrado llegue a imputarle, pero la sombra de la sospecha sobrevuela su gestión.
Peinado comenzó a investigar a Begoña Gómez hace un año, tras una denuncia de Manos Limpias por tráfico de influencias basada en las cartas de recomendación que firmó al empresario Juan Carlos Barrabés. Durante este tiempo, el juez ha ampliado las pesquisas a otros tres delitos. El pasado 11 de marzo abrió una pieza separada por una posible malversación de caudales públicos en la contratación de Álvarez como asesora en Moncloa. La hipótesis es que la esposa del presidente del Gobierno tiró de ella para sus negocios privados.
Durante las casi tres horas que duró su declaración como testigo, Bolaños negó que hubiese intervenido en la contratación de la asesora de Begoña Gómez. El ministro especificó a Peinado que, con el cambio de gobierno en 2018, abandonaron Moncloa un centenar de cargos eventuales contratados por el PP y se ficharon otros tantos. También defendió la legalidad de la medida, subrayando que el puesto para auxiliar a la esposa del presidente ha existido siempre.
Las gestiones de Bolaños
El juez estaba especialmente interesado en conocer quién ordenó fichar a Álvarez como directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia y de quién dependía laboralmente. Como Bolaños desconocía esa información, Peinado suspendió el interrogatorio durante 30 minutos para que el ministro realizara las gestiones oportunas. Cuando volvió, comunicó al magistrado que ya disponía de su identidad y señaló al coordinador de personal de Presidencia de Gobierno, Raúl Díaz, que fue quien le envió un listado detallado de los 2.000 trabajadores de Moncloa.
Entre esos nombres se encontraba el de Álvarez, que fue contratada como asesora de Begoña Gómez el 16 de julio de 2018, mes y medio después de que Sánchez llegara a Moncloa. Fue la esposa del presidente del Gobierno quien se puso en contacto con ella. Habían trabajado juntas previamente y se trataba de una persona de su confianza. La directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia disfruta de un sueldo de 37.000 euros netos (algo más de 52.000 euros brutos) por llevar su agenda.
La asesora de Begoña Gómez acudió a declarar en febrero como investigada. Durante su comparecencia negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense o con las empresas para favorecer a su jefa antes de la creación de la cátedra, en octubre de 2020. Si lo hizo luego, aseguró, fue como «favor personal». Los emails intervenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil muestran que se involucró directamente en las gestiones diarias.
«Las funciones que realizaba Álvarez no se enmarcan solo en las previstas en su nombramiento, sino que estaba realizando trabajos para la actividad provisional propia de Begoña Gómez y eso no tiene ninguna cobertura legal», sostiene Marta Castro, coordinadora jurídica de Vox. En declaraciones a la prensa tras el interrogatorio a Bolaños, la letrada explicó que la investigación tiene que seguir su curso porque «ningún empleado público puede ser utilizado para una actividad propia, sea la esposa del presidente del Gobierno o cualquier otro cargo público. La doble actividad ha quedado constatada y eso es un delito».
Los correos de los asesores
Álvarez llegó a remitir contratos de cesión de derechos a la Complutense respecto al registro de la web de Begoña Gómez, formularios internos de la institución académica para crear la marca e incluso solicitó a los patrocinadores de la polémica cátedra que siguieran financiándola. Los correos intervenidos demuestran que llegó a presionar a uno de ellos, Reale Seguros, que sufragaba el proyecto con 15.000 euros al año, 60.000 por los cuatro en los que se extendía el acuerdo.
El PP ha dado un paso más exigiendo la dimisión de Bolaños. Cayetana Álvarez de Toledo recordó este miércoles las palabras que pronunció Sánchez durante la moción de censura contra Mariano Rajoy, cuando aseguró que «la mera imagen del presidente declarando como testigo en un caso de corrupción era un punto culminante que exige su dimisión por devaluar la institución». La diputada popular considera que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes debe dimitir atendiendo al estándar ético que impuso el líder socialista.
La contratación de Álvarez como asesora de Begoña Gómez no es el único fichaje de Moncloa que señala al ministro. Luis Carrero, hombre de confianza de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, desempeñó tareas para Presidencia del Gobierno durante tres años en dos etapas. El primero de esos periodos se enmarca entre el 2 de marzo de 2020, con Bolaños al frente de la secretaría, y el 16 de noviembre de 2023. Un día después fue contratado de nuevo hasta el 23 de diciembre. Tres días más tarde fue nombrado Jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas del ente provincial.
El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes precisó el pasado febrero a la juez Beatriz Biedma, que investiga a David Sánchez, que Carrero trabajó como «personal de confianza o asesoramiento especial en Presidencia del Gobierno». La documentación a la que tuvo acceso THE OBJECTIVE precisa una relación de los servicios hasta su cese, incluyendo «las actuaciones practicadas con ocasión del cambio de legislatura acaecido a lo largo del periodo de desempeño profesional hasta la última legislatura».
El hombre de confianza de David Sánchez ocupó un puesto como personal eventual adscrito al Departamento de Análisis y Estudios del área de Presidencia del Gobierno. Los correos intervenidos al hermano del presidente del Gobierno demuestran que Calero colaboraba con el músico en temas profesionales «desde mucho antes» de su incorporación a la Diputación de Badajoz. La juez señala que hay emails de junio y julio de 2022 en los que se hace referencia al Proyecto Ópera Joven, «derivándose, además, de los mismos, una relación personal muy cercana entre ambos».
