La justicia ha archivado la querella número 20 contra la gestión de la ex alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en los ocho años que capitaneó el gobierno de la ciudad. En este caso, la sala de lo penal del Tribunal Supremo desestima un recurso del ex arquitecto jefe de la ciudad, Josep Anton Acebillo, que en 2023 se querelló contra la primera edil y a su teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Janet Sanz, de malversación y prevarición, por haber pacificado la calle de Consell de Cent, en el marco del proyecto Superilla, sin haber modificado el Plan General Metropolitano (PGM). La querella fue archivada por la Audiencia Provincial y en su auto, el Supremo desestima el recurso que presentó el ex arquitecto jefe, detalla que no cabe nuevo recurso y le condena a pagar las costas. Anteriormente, Acebillo presentó otra una demanda a la Fiscalía que también fue archivada.
La ex teniente de alcalde Janet Sanz ha valorado este lunes que la desestimación del recurso por parte del Supremo que “el proyecto de transformación verde de Barcelona en el proyecto Superilla se desarrolló de forma correcta y conforme a la ley”. “No existe ningún delito penal y las acusaciones que personas como el arquitecto Acebillo habían presentado contra la alcaldesa y mi persona no tenían base legal”, ha añadido celebrando que Barcelona “sea hoy una ciudad más verde, saludable” y “modelo para otras ciudades”. “Lo que hay que hacer es extender un modelo de éxito y hoy es un día de celebración, positivo, porque uno de los proyectos más emblemáticos de Barcelona queda avalado”, ha zanjado.
La expulsión de los coches de la calle de Consell de Cent, convertido en un “eje verde” con zonas de estancia, espacios verdes y sin más coches que los de los vecinos, carga, descarga y servicios, ha sido objeto de otras demandas judiciales. Entre ellas, la que presentaron los comerciantes de Barcelona oberta, en la que la juez les dio la razón y ordenó la reversión de la obra. Una sentencia que provocó tal revuelo político y ciudadano que los comerciantes salieron al día siguiente, en la solemnidad de una sala de la patronal Fomento del Trabajo, para asegurar que no pidieron la reversión “sino garantizar el acceso en coche al centro de la ciudad y diálogo”. Esta sentencia fue recurrida por el actual gobierno de la ciudad, encabezado por el alcalde Jaume Collboni, y todavía no tiene desenlace.
Entre las 20 querellas contra Colau o miembros de su equipo que han sido archivadas, figuran cuestiones vinculadas a la intención de consultar sobre la municipalización del agua, planes urbanísticos o de hoteles, relación con empresas del sector inmobiliario, o cuestiones de movilidad que afectaban a los coches. Las dos primeras fueron de Agbar contra quien fue concejal de Emergencia Climática, Eloi Badia; varias por proyectos de hoteles que el plan de Alojamientos Turísticos (PEUAT) impidieron materializar. Hubo también querellas por parte de un fondo de inversión (contra la ex concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, la propia alcaldesa y una funcionaria), patronales del transporte contra Colau, o por cesión de edificios a entidades. La contratación menor o subvenciones a entidades sociales también fueron objeto de denuncias, así como una querella ante la Audiencia Nacional o un juzgado de instrucción por la suspensión de relaciones del Ayuntamiento con la ciudad de Tel-Aviv y el gobierno de Israel.
Fuentes de Barcelona en comú señalan que Colau y su equipo han sufrido “lawfare por parte de lobbies que no quieren acatar políticas legítimas en defensa de la mayoría social o por la emergencia climática” y que las acusaciones “han servido para generar ruido y ensuciar la imagen y la honorabilidad de representantes democráticos”. Las mismas fuentes vinculan el efecto que tuvieron estas demandas y querellas, pese a haber sido archivadas, al resultado de las últimas elecciones municipales: “A sólo una distancia de 340 votos del PSC, no es difícil pensar que de no existir el desgaste mediático generado por estas campañas de difamación el resultado de las elecciones hubiera sido distinto”. “Es necesaria una reflexión general sobre cómo evitar estos ataques políticos por parte de intereses particulares a través de la justicia, el lawfare y las fake news, ya que suponen un detrimento de nuestra calidad democrática”, alertan los comunes.
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