El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJCa) ha suspendido este viernes el protocolo de atención a menores migrantes no acompañados de la región, en línea con lo que defendía la Fiscalía. Lo hace de manera «cautelarísima» (provisional, sin oír a todas las partes) «por la concurrencia de circunstancias de especial urgencia», según el auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. El Gobierno del popular Fernando Clavijo pretendía incluir nuevos trámites que obligan a mantener a los menores bajo custodia policial durante días. El Ministerio Público lo recurrió al considerar que «vulnera el derecho fundamental al principio de igualdad y a la integridad moral».
La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCa ha accedido a la petición de la Fiscalía y lo ha suspendido de manera cautelarísima. La resolución fue dictada por la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de Canarias, que el pasado 10 de septiembre estableció el protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados (denominados menas).
El texto establece una serie de trámites e informes que las Fuerzas de Seguridad deben completar antes de dejar a los menores bajo custodia de Canarias. La oposición ha denunciado que el Gobierno de Clavijo pretende ralentizar el proceso e imponer más requisitos para el acceso a los centros de acogida. Entre otras cosas, se obliga a los agentes a entregar una reseña policial completa, la inscripción en el registro de menores (RMENA) y someter al joven extranjero a una audiencia previa en presencia de un intérprete para saber si es candidato a refugio o asilo.
El nuevo protocolo de Canarias
Con este nuevo protocolo, quien recibe al inmigrante en primera instancia es la Administración Central, que debe practicar una serie de trámites antes de transferir la responsabilidad a Canarias, especialmente cuando hay dudas de la edad del afectado. El Gobierno regional ha denunciado en varias ocasiones que vive una oleada de llegadas de menores no acompañados. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCa, que no entra en el fondo de la cuestión sobre el ajuste a la legalidad del texto, entiende que concurren circunstancias de especial urgencia que legitiman la adopción de la medida interesada por la Fiscalía.
«Lo primero que cumple advertir es que no se incluyen entre las disposiciones incorporadas el protocolo territorial una previsión expresamente encaminada al establecimiento del momento de inicio de la eficacia (o entrada en vigor) de las actuaciones dispuesta en el mismo», asegura el auto. Este insiste en que «por lo que, a falta de una previsión de la indicada índole, nada parece impedir que se pueda pretender la exigibilidad de tales actuaciones de forma inmediata, esto es, a partir del momento mismo de la publicación oficial del protocolo».
El TSJCa entiende que, en esta situación, se debe declarar procedente la petición de la Fiscalía de suspender cautelarísimamente la aplicación del protocolo. Establecida la suspensión cautelar, la Sala da traslado de su decisión provisional al Gobierno de Canarias para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente, de cara a una posterior decisión de la Sala.
La semana pasada, la Fiscalía ya advirtió de que identificaría a aquellas «personas de la Dirección General de Protección de la Infancia del Gobierno de Canarias» que se amparen en el nuevo protocolo para no acoger en sus centros a niños llegados en cayuco. Además, aseguró que investigaría la comisión de un delito de abandono de menores o de otro tipo.
La posición de la Fiscalía
La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, dio instrucciones a todos los fiscales de las islas de la forma en la que debían actuar si cualquier fuerza o Cuerpo de seguridad del Estado pone en su conocimiento «la negativa de la Dirección General de Protección de la Infancia» a la acogida de un menor inmigrante en un centro si este ha sido «debidamente reseñado» conforme al protocolo nacional de 2014.
El Boletín Oficial de Canarias publicó el pasado 12 de septiembre el protocolo, que detalla cómo pretende actuar a partir de ahora el Gobierno regional ante el «desorden» que cree que genera el hecho de que la Policía entregue a los menores que llegan en patera directamente a los centros sin una identificación detallada y sin cumplir los trámites pautados, lo que a su juicio pone en riesgo los derechos de estas personas.
«No puede ser que el Estado nos deje a los niños con un albarán de entrega», resumió el pasado 3 de septiembre la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado (Coalición Canaria). Un día antes, el presidente Clavijo anunció que consideraría que los menores recién llegados en cayuco son responsabilidad del Estado, no de la comunidad autónoma, en vista de que no le dan una respuesta a la saturación que soportan los centros en las islas.
