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Si un lobo devora una vaca, nada se podrá hacer ya por la vida del bóvido. Pero sus propietarios sí que tendrían derecho a una indemnización. Este es uno de los argumentos de los que echa mano el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para suspender, de manera cautelar, la normativa que permitiría abatir lobos en unas zonas y circunstancias muy concretas cuando supongan un peligro para el ganado.
En abril, la Xunta incorporó el lobo en el listado de especies sobre las que se podría intervenir esta temporada en caso de daños recurrentes sobre la ganadería. Se permitiría en casos muy concretos y que estuvieran bien justificados. La Administración gallega tomaba esta medida después de que las poblaciones del lobo al norte del río Duero dejasen de formar parte del listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lespe). No era otra cosa que volver a aplicar el plan gallego de gestión del lobo que había estado vigente hasta el año 2021.
Aquella normativa autonómica que funcionó hasta hace cuatro años nadie la había llevado a los tribunales. Pero sí que ha acabado sobre la mesa del TSXG esta última resolución de la Xunta, que incorporaba al lobo entre las especies sobre las que poder tomar medidas para la temporada 2024/2025 en caso de daños recurrentes al ganado. Y, en el primer envite, la asociación para la defensa de la naturaleza WWF ADENA ha conseguido que el alto tribunal gallego suspenda la norma autonómica de forma cautelar en cuanto al lobo se refiere. Los servicios jurídicos de la Xunta ya estudian el auto.
En esta resolución, dada a conocer este miércoles, el alto tribunal gallego basa su decisión en una cuestión de precaución ambiental. En su análisis, la Sala pone en una balanza, por un lado, los destrozos que los lobos pueden causar a la ganadería. En el otro, «la protección de la viabilidad de las poblaciones» de estos cuadrúpedos.
El TSXG hace bandera sobre todo, del «principio de precaución», muy considerado en la jurisprudencia de la Justicia europea. Y recuerda también lo evidente: que esta decisión no es más que una medida cautelar, que, de ninguna de las maneras, puede «anticipar» una futura sentencia que, cuando corresponda, se deberá tomar en el litigio «sobre el fondo del debate». En síntesis, esas son las razones que expone el Tribunal superior gallego para aceptar la medida cautelar solicitada.
Consecuencias para los ganaderos
La decisión del TSXG preocupa en la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático porque les impedirá, en el futuro inmediato, adoptar medidas de control de la población del lobo en Galicia. Este miércoles, la conselleira Ángeles Vázquez ha alertado de las consecuencias que el auto puede acarrear para el sector agroganadero gallego. A estos profesionales sólo les quedarán las bazas de intentar aplicar medidas de prevención y, en caso de que se consumen los ataques, pedir ayudas públicas para compensar los daños al ganado.
Además, desde este departamento recuerdan que los tribunales de otras comunidades autónomas, como el de Cantabria o el de Castilla y León, rechazaron la suspensión cautelar de acciones de control sobre el lobo al entender que la situación de las poblaciones de esta especie es favorable. Y la Xunta cree que la situación en Galicia no es muy diferente.
El alto tribunal gallego afeaba, en el mencionado auto, que no se estaba ofreciendo «información ni cualitativa ni cuantitativa» sobre los daños a la ganadería. Sin embargo, la Xunta se defiende con los datos del último estudio, que ya había remitido al Gobierno central, que concluía que en diez años habían pasado de 84 a 93 el número de manadas de lobos que campan a sus anchas por la geografía gallega. En total, un millar de ejemplares que están presentes, según la Xunta, en más del 90 % del territorio gallego. Y otro dado que pone sobre la mesa para defender la urgencia del control de esta especie: sólo desde 2021, los avisos por ataques de lobos en Galicia aumentaron un 77 %.
Autorizaciones suspendidas
En las últimas semanas, la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta tramitó varias solicitudes recibidas de ganaderos de las provincias de La Coruña, Lugo y Orense. Autorizó dos: una en La Coruña y otra en Orense. Sin embargo, hasta ahora, las acciones desarrolladas –en este caso, esperas– no han dado resultados y no se ha interceptado ningún ejemplar. La consecuencia inmediata de esta resolución judicial será que se suspenderán las batidas que estaban pendientes, todas en la provincia de La Coruña.
