Tenemos una ministra de Hacienda que ha cometido el grave ilícito -puede que incluso penal- de desvelar públicamente los datos secretos de un contribuyente que no eran conocidos hasta entonces, como es el caso del origen de sus ingresos. Además, lo ha hecho ante las cámaras de numerosas televisiones en lo que implica una evidente constitución de prueba auto inculpatoria. Pero al hacerlo, la propia ministra ha confesado públicamente -de modo implícito pero innegable- que disponía ilegalmente de una información secreta de la que no podía disponer dada la prohibición legal existente al respecto.
Y por si fuera poco, cometió otro ilícito más al utilizar ilegalmente esa información -obtenida ilegalmente y desvelada ilegalmente- utilizándola para una finalidad prohibida por el ordenamiento legal pues éste prohíbe que los funcionarios y las autoridades utilicen los datos fiscales de un contribuyente para lo que no sea la estricta gestión tributaria. Resulta escalofriante. En cuestión de pocos segundos, la reseñada ministra de Hacienda ha confesado y/o cometido públicamente tres ilícitos, a cada cual más grave.
Por lo expuesto, la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda ha manifestado que el asunto es gravísimo. Me sumo a esta manifestación y digo aún más: estamos ante el episodio de corrupción más grave que ha sucedido en la historia de la Agencia Tributaria. Lo que hemos visto hacer a la ministra de Hacienda equivale a que se descubriera que el director de la Policía hubiera cometido tres robos. O a que se comprobara que el jefe de la lucha antidroga fuera un narcotraficante. Es así, grave no, gravísimo.
Claro que alrededor de los tres ilícitos confesados y/o cometidos por la ministra de Hacienda surgen otras responsabilidades ciertamente relevantes y la primera atañe directamente a la Agencia Tributaria. Cuando su superior jerárquica demuestra en televisión tener ilegalmente datos de un contribuyente desconocidos públicamente -reitero, entre otros el origen de sus ingresos-, todas las miradas se dirigieron hacia la propia AEAT por ser ésta quien, originariamente, los posee y quien debe custodiarlos guardando el secreto establecido legalmente.
Consecuentemente, resultaba -resulta- obligatorio legal y éticamente que la entidad iniciara inmediatamente una investigación interna para comprobar quien o quienes de sus funcionarios o directivos han cometido el grave ilícito de filtrar indebidamente los datos secretos de un contribuyente o, en caso alternativo, descartar que la grave ilegalidad se haya cometido en su seno, supuesto que induciría a desviar la sospecha hacia otras instituciones como, por ejemplo, la Fiscalía de Madrid.
«Es sumamente grave que la Agencia Tributaria no haya iniciado una investigación interna sobre la filtración»
No ha iniciado investigación alguna la Agencia Tributaria o, cuando menos, no lo ha anunciado lo que parece indicar que no lo ha hecho. Es sumamente grave porque la AEAT dispone de los medios tecnológicos, organizativos, legales y humanos para investigar las filtraciones de sus datos y, además, los utiliza de forma periódica para vigilar que sus funcionarios no cometan semejantes ilegalidades. Se trata de una función que compete el Servicio de Auditoría Interna de la entidad y que desarrollan los inspectores de los servicios del Ministerio de Hacienda destinados en la Agencia Tributaria. Ni que decir tiene que cuando se detecta al filtrador o filtradores, sobre él o ellos así procede, recae la imposición de las correspondientes sanciones a los funcionarios que han infringido la legalidad.
Como es sabido, también dispone y utiliza la Agencia Tributaria sus medios tecnológicos, organizativos, legales y humanos para detectar y sancionar cualquier posible ilícito que cometan los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En este caso, es una función que corresponde desarrollar a los funcionarios de la AEAT destinados en las denominadas áreas de control -fundamentalmente Inspección, pero también Gestión Tributaria, Recaudación o Aduanas-. Y también se conoce que detectado un incumplimiento éste es corregido y el contribuyente incumplidor resulta asimismo sancionado.
De modo que la Agencia sí vigila regularmente los posibles ilícitos que puedan cometer sus funcionarios y sus contribuyentes, pero por el contrario, y según parece evidenciarse en el caso analizado, decide mirar por la ventana cuando los ilícitos son cometidos por su superior jerárquica, la ministra de Hacienda, pese a que los cometa de un modo groseramente flagrante. No es de recibo y no debiera consentirse.
Pero a lo que se ve sí está dispuesto a consentirlo Pedro Sánchez pues el presidente del Gobierno, dedicado estos días a atacar a un contribuyente particular, ha omitido cualquier comentario, reflexión o acción ante las tres graves ilegalidades confesadas y cometidas en público por su ministra de Hacienda. A esto debe añadirse el silencio de los corderos practicado por todos los componentes del Consejo de Ministros. Es como si para uno y otros no hubiera sucedido nada de lo que todos hemos visto suceder por televisión. Ni siquiera para el ministro de Justicia, ese que «tiene que subir» y que tiene a bien auto felicitarse.
«Para complementar la jugada de la ministra de Hacienda, se está enviando a los medios una información tergiversada»
Aún más, para complementar la jugada de la ministra de Hacienda, se está enviando a los medios una información tergiversada que manipula la realidad del expediente tributario relativo al contribuyente particular que está siendo utilizado por la ministra en su sucio juego político. De una parte, se pretende hacernos creer que él ya ha confesado su culpabilidad cuando lo único que ha hecho es cumplimentar un requisito procedimental necesario para alcanzar un pacto con la Fiscalía, pacto como el que tantas veces se acuerda entre el contribuyente y el tándem Fiscalía-AEAT. Sin reconocer la realización del ilícito no es factible el pacto ¿Es eso una confesión? No, es el cumplimiento de un hito obligatorio para alcanzar el pacto extrajudicial que luego ha de adverar el juez.
De otra, se han filtrado las frases en las que la Agencia Tributaria -parece que su servicio jurídico- describe la conducta del contribuyente queriendo hacer creer a la opinión pública que estamos ante un caso de conducta especialmente dolosa del acusado. No hay tal. Las normas que rigen el caso obligan a que para que pueda imponerse una sanción -sea administrativa o sea penal- la AEAT alegue la voluntariedad de defraudar del contribuyente. De ahí la pomposa descripción contenida en las frases filtradas. Cualquier contribuyente que haya sido sancionado por la Agencia Tributaria habrá podido comprobar que al motivar la sanción que se le impone parece acusársele del asesinato de Kennedy.
Lo expuesto hasta ahora me obliga a afirmar, tal y he afirmado, que estamos ante el escándalo más grave de la historia de la Agencia Tributaria. Nunca en sus más de 30 años de existencia un ministro de Hacienda, superior del que depende, había desvelado los datos secretos concretos de un contribuyente cuyo secreto corresponde guardar a la propia AEAT y al propio ministro. Alguno había deslizado comentarios que podían sonar a amenaza o advertencia sobre su conocimiento de dichos datos, pero nunca procedió a desvelarlos como sí ha sucedido ahora. Y nunca en sus más de 30 años de historia habíamos contemplado semejante inacción o pasividad de la propia AEAT ante las gravísimas ilegalidades vinculadas a su actividad que han sido puestas de manifiesto por las declaraciones de su ministra.
Consecuentemente, nunca en los más de 30 años de su historia se ha visto la Agencia Tributaria salpicada por un escándalo de corrupción tan sumamente grave. No estamos ante una ilegalidad cometida por un mero funcionario. Tampoco ante una que haya cometido individualmente un directivo. Estamos ante una ilegalidad cometida presuntamente por uno o varios funcionarios o directivos con la connivencia de la ministra de Hacienda que se ha servido de esta primera ilegalidad para cometer otras dos más -en este caso, ya no presuntas-, como son desvelar públicamente lo ilegalmente conocido y hacerlo con el fin de atacar a una rival política incumpliendo la prohibición legal que constriñe el uso de los datos fiscales a la estricta gestión tributaria. Y ante lo anterior, la respuesta de la Agencia Tributaria parece ser la pasividad más cómplice.
«En España hace tiempo que fiscalidad y legitimidad circulan en sentido contrario»
Llegados a este punto, es imposible dejar de recordar que dentro de unas semanas más de 20 millones de residentes en España estaremos obligados a cumplir con la obligación tributaria de presentar la declaración anual del IRPF, proporcionando nuestros datos económicos y personales a la Agencia Tributaria y pagando el importe que legalmente nos corresponda pagar. Y bien se sabe que aquél que incumpla las citadas obligaciones recibirá como respuesta una contundente actuación de la AEAT con la sanción correspondiente. ¿Está legitimada éticamente la Agencia para hacerlo? ¿Lo está cuando pasa por alto los ilícitos de la ministra que implican a la propia entidad?
No, no lo está. Pero en España hace tiempo que fiscalidad y legitimidad circulan en sentido contrario. Ya he comentado otras veces lo lacerante que resulta que en la Agencia se nos denomine «obligados» a los contribuyentes. A fuer de ser sincero, y dados el contenido legal de la relación jurídico tributario y determinadas praxis seguidas por la Agencia Tributaria, lo más propio es que nos llamaran súbditos o vasallos. Así al menos la denominación respondería fidedignamente al trato legal y fáctico que se nos dispensa a todos en la Agencia Tributaria. Bueno, a todos menos a la ministra de Hacienda pues como hemos comprobado, ésta parece tener el paso libre para cometer ilícitos -hasta tres- sin que la AEAT, afectada muy especialmente por uno de ellos, se haya dignado siquiera a comprobar quien o quienes hayan realizado el ilícito que implica a la ministra y del que se ha servido para cometer los otros dos.
Como complemento al contenido de esta pieza, procede añadir que en las últimas horas se ha sabido que el Colegio de Abogados de Madrid va a iniciar actuaciones judiciales contra la Fiscalía de Madrid por considerar que también ha incumplido sus obligaciones legales de secreto y sigilo y perjudicado el derecho a la defensa de un acusado en el proceso seguido ante el mismo contribuyente afectado por los ilícitos cometidos por la ministra de Hacienda.
No le falta razón a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando denuncia la actuación coordinada y en tromba de una buena parte del Estado contra un particular. Así es, Agencia Tributaria, Fiscalía, ministra de Hacienda, todos a una y todos infringiendo la legalidad -en el caso de la Fiscalía, de momento presuntamente- contra un ciudadano particular. Es necesario pellizcarse para constatar que no estamos viviendo una pesadilla, y comprobar que lamentablemente ésta es la realidad del Estado sanchista.
