El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han dedicado este martes a una jornada maratoniana de encuentros con los grupos parlamentarios. El objetivo era sondear su posición ante el cambio de la Ley de Extranjería que ambos promueven para que las comunidades autónomas asuman de forma obligatoria la acogida de menores extranjeros no acompañados cada vez que un territorio se vea sobrepasado por las llegadas. Canarias, que tutela más de 5.500 menores, es la principal promotora del cambio legal con el que condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. El resultado es, de momento, satisfactorio, pero la balanza se inclinará este miércoles cuando Clavijo y Torres se reúnen con Vox, que lo rechaza de plano, y con el PP, que se mantiene beligerante.
La iniciativa llegaría al Congreso como proposición de ley que requiere para su aprobación una mayoría simple. Si todos los socios del Gobierno la apoyasen podría salir adelante, pero no está claro que Junts lo haga. En cualquier caso, tanto PSOE como Coalición Canaria, que gobierna con el PP en las islas, quieren recabar el voto de los populares. El tema fuerza un debate interno en el partido de Alberto Núñez Feijóo porque las reticencias en la mayoría de las comunidades en las que gobiernan, deben conciliarse con el alivio que supondría para territorios como Canarias, Ceuta y Melilla que, periódicamente, se encuentran en situaciones de colapso en sus sistemas de acogida. Al mismo tiempo, el PP mira de reojo a Vox: el partido de Santiago Abascal ya ha advertido de que impedirá el traslado de menores a las cinco comunidades donde cogobierna con el PP y que recurrirá la modificación legal ante el Tribunal Constitucional.
Los encuentros han comenzado la mañana de este martes con el Grupo Mixto, Podemos, el PNV y ERC. Tanto el PSOE como Coalición Canaria, que han compartido el texto acordado entre ambos con los diputados, confiaban en el apoyo de todos ellos, aunque había dudas con Esquerra. En las reuniones entre comunidades, Cataluña se ha mostrado reticente a aceptar un acuerdo como el que se plantea, entre otras cosas, porque defiende que su modelo de acogida acompaña a los menores hasta que cumplen los 23 años y la financiación contemplada para el reparto se calcula por niño y, de forma anual, hasta que lleguen a la mayoría de edad. En cualquier caso, fuentes de ERC se han inclinado por el sí, aunque con peros: “Nosotros siempre nos hemos mostrado predispuestos a acoger, entendemos la situación de la que huyen estás personas y la situación en la que se encuentran cuando llegan, pero queremos acoger bien. Y para hacerlo bien hace falta financiación para poder garantizar las mejores condiciones para las personas que vienen”.
Tras la reunión, Podemos ha afirmado que estudiará el texto, pero que en principio lo apoyará. “Nosotras vivimos en primera línea de fuego un repunte migratorio y tuvimos esa responsabilidad de tutelar y acoger a los niños y niñas y lo entendemos muy bien”, ha dicho a EL PAÍS la diputada Noemí Santana, que fue consejera de Derechos Sociales durante el repunte de llegadas de 2020-2021 y enfrentó también gestión de la acogida de los menores con centros sobreocupados. Por su parte, el PNV ha asegurado que lleva meses “trabajando discretamente en la reforma de la Ley de Extranjería” y que la negociación avanza de forma positiva.
Por la tarde ha sido el turno de Bildu, Junts y Sumar. Los nacionalistas vascos no serán un obstáculo, aunque plantean un debate mayor. “Respaldamos y apoyamos lo que proponen, pero creemos que una vez que se modifica la ley de extranjería, hay otros asuntos importantes que están pendientes de abordar”, ha explicado el diputado Jon Iñarritu con la intención de abrir el debate sobre los centros de internamiento, las vías legales para emigrar a España o las devoluciones en caliente. Junts no ha fijado su posición y ha transmitido una serie de cuestiones jurídicas, según fuentes presentes en el encuentro que describen el encuentro con los independentistas con “moderado optimismo”.
Mientras se sucedían las reuniones, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, rebajaba expectativas en el Congreso. “Es evidente que las islas canarias tienen un problema con esa inmigración irregular, pero la responsabilidad migratoria es del gobierno de España y no puede traspasarla a otros”, ha dicho a los periodistas. “Es el gobierno de España que se tiene que sentar con las distintas administraciones para buscar una solución y es el gobierno de España el que tiene que poner medios materiales y humanos para poder atender a esa crisis migratoria. El Ejecutivo tiene que dejar de enfrentar a unas comunidades con otras de una forma, en mi opinión, tremendamente irresponsable”.
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El reparto obligatorio que se quiere incluir en la ley se activará cada vez que una comunidad autónoma supere en un 150% su capacidad de acogida de menores migrantes. Canarias, actualmente, por ejemplo, podría redistribuir más de 3.000 menores. La propuesta es que la reubicación se haga teniendo en cuenta una combinación de criterios como la renta, la dispersión de la población, el desempleo y el número de menores ya acogidos, un modelo que ya habían aprobado las comunidades autónomas para repartos voluntarios y pequeños.
