La mayoría de los miembros del Consejo Fiscal, principal órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, ha apoyado un informe que cuestiona principios básicos de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en el que trabaja el Gobierno.
El Consejo Fiscal ha estudiado este viernes el informe al anteproyecto de ley de reforma de la Fiscalía, un texto aprobado por el Gobierno con el propósito de garantizar la independencia del fiscal general del Estado al desvincular su mandato de la legislatura.
La mayoría del Consejo Fiscal (los seis miembros de la Asociación de Fiscales y el de APIF) se han opuesto a la reforma al entender que refuerza las competencias del fiscal general del Estado, pero sin establecer los contrapesos adecuados, según han indicado a EFE fuentes fiscales
Sostiene esa mayoría que el texto aprobado «debilita» al propio Consejo Fiscal, al que priva de «todas las facultades decisorias sin justificación» y, por contra, refuerza a la junta de fiscales de sala.
La minoría, que forman el propio fiscal general, la teniente fiscal del TS, la fiscal de la Secretaría Técnica y los dos vocales de la UPF, tiene un diagnóstico más favorable a la reforma, por lo que formularán voto particular. Coinciden ambos sectores en reclamar que en la reforma se aborde la autonomía presupuestaria y la formación de la carrera.
El informe del Consejo Fiscal y el voto particular se remitirá al Ejecutivo en los próximos días para que lo tenga en cuenta antes de la aprobación definitiva del texto.
Esta modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal va ligada a la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que busca que sean los fiscales y no los jueces quienes instruyan las causas penales, para lo cual es clave fortalecer la autonomía del Ministerio Fiscal.
El nuevo estatuto establece un mandato de cinco años no prorrogable para el fiscal general del Estado y desliga su mandato del Ejecutivo, regula las causas de su cese y, en caso de que sea por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones, se requerirá un previo informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el fin de evitar ceses discrecionales.
Con esta ley, el Gobierno no podrá dar instrucciones al fiscal sobre ningún asunto y las comunicaciones entre ambos, que tendrán que ver con el interés general, serán públicas y por escrito por la vía del ministro de Justicia. Por otra parte, el fiscal no podrá ser llamado a comparecer ante el Consejo de Ministros.
