En principio, parece dar lo mismo morir a causa de una pandemia en un régimen democrático que en otro que no lo es, o que lo es solo de fachada. Estadísticas, y sobre todo, formas de actuación política, prueban otra cosa. La población de Francia supera los 68 millones de habitantes, la de España, los 48 millones, algo más del 75% de la gala. Con todas las reservas del caso, si aceptamos las cifras oficiales, murieron por covid-19 en Francia, unas 170.000 personas y en España, 154.000, esto es, un 90% de los fallecimientos franceses. Ventaja, pues, para Francia en esta tal vez cuestionable estadística.
La diferencia, sin embargo, no reside en esas cifras, sino en la forma en que se ha abordado el tratamiento posterior de la tragedia sanitaria. El quinto aniversario de aquel marzo negro de 2020 ha sido un buen momento para establecer una comparación, con una distancia ya apreciable entre los textos de ambos presidentes al recordar los confinamientos. En su mensaje unitario, el presidente Macron evoca la solidaridad puesta de relieve al afrontar una pandemia, que «perturbó –qui a bouleversé- nuestras vidas». El tuit al respecto de Pedro Sánchez rebosa, en cambio, de triunfalismo: «El 14 de marzo de 2020, España» -es decir, él- «plantó cara a la mayor pandemia del siglo… Hoy, nuestro país está más fuerte y preparado para lidiar (sic) con crisis sanitarias». Y sigue la lista de ventajas adquiridas, gracias sin duda a su gestión de la crisis.
La distancia se vuelve abismal si nos preguntamos qué posición tomaron los respectivos gobiernos en cuanto a hacer un balance de lo sucedido, de cara a los ciudadanos. En el caso francés, la opción fue la transparencia, admitiendo una investigación judicial sobre las posibles responsabilidades (y/o errores) de la administración cuando sobrevino la pandemia. Miles de documentos fueron consultados, realizadas cientos de entrevistas, y el resultado ha sido objeto de sistematización por dos periodistas, Gérard Duvet y Fabrice L’Homme en el libro Los jueces y el asesino, donde lógicamente el asesino es Covid-19.
En sus páginas quedan reflejados los elementos del caos en esferas oficiales que sin duda incrementaron el número de muertes: ignorancia científica, intereses políticos, defectos de comunicación, escasez e imprevisión en los medios. La cuestión de la insuficiencia de mascarillas queda, por ejemplo, cuidadosamente reseñada. La subrayamos por lo que luego vendrá.
Nada parecido tenemos en España, en primer término, porque la opacidad del Gobierno al respecto fue y es total. Razonablemente, a ningún investigador se le ha ocurrido iniciar una encuesta sobre el espectacular disparo de la pandemia en marzo de 2020, inquiriendo por eventuales informaciones recibidas y, como en Francia, desatendidas, o por debates internos en el gobierno sobre la situación y las medidas a adoptar.
Sería un insulto y además un riesgo. Es preciso recordar una vez más que cuando una juez tuvo en 2020 la ocurrencia de plantear una investigación sobre los inicios de la pandemia, fue rápidamente objeto de graves descalificaciones desde el Ejecutivo -una nueva «causa general», dijo la Abogacía General del Estado-, e invitada a desistir. Y para su colaborador, un jefe de la Guardia Civil, la cosa fue aun peor. De manera que la Covid-19 no representa en España un objeto de análisis y reflexión desde el Estado, sino el punto de partida de la deriva autoritaria hoy en curso.
El tratamiento de la conmemoración desde el Estado, a través de sus medios, ha respondido entre nosotros a una táctica calificable como de rigurosa manipulación. Como antesala, un tratamiento light desde el diario oficial, centrándose únicamente en las repercusiones de la pandemia en la actualidad sobre quienes la sufrieron. Luego, aprovechando la entrevista amiga en Lo de Évole, presentación del drama humano que experimentaron sus dos principales gestores, Fernando Simón y el exministro Illa, sin proporcionar elemento de autocrítica alguno ni datos significativos. Évole sacó el tema de las mascarillas, sin calificarlas de criminal comercialización a costa de la muerte, y por supuesto sin la implicación del entorno de presidencia. Ante el hecho, Salvador Illa declaró haber sentido «decepción».
«Aquí todo el mundo actuó bien, aunque saliera mal y en cualquier caso, había que ilustrar el diagnóstico enteramente positivo de Sánchez»
Nos encontramos así en los antípodas de las minuciosas descripciones francesas sobre el mismo tema de las mascarillas. Y sobre todo lo demás. Aquí todo el mundo actuó bien, aunque saliera mal y en cualquier caso, según hizo RTVE el 14 de marzo, había que ilustrar el diagnóstico enteramente positivo de Sánchez con un mosaico de situaciones individuales y corporativas, reservando la descripción de la pandemia para la esfera internacional. Y como no puede faltar aquello de que la culpa es siempre del PP, el reportaje 7291 convirtió el mosaico en ariete para condenar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Con gesto de convencional jacobino de 1794, su futuro rival y ministro dictó la sentencia: debía dimitir.
La gestión de las residencias en Madrid pudo ser catastrófica, o no serlo, pero ese no es el tema. Dado que el balance de las residencias fue calamitoso en otros lugares, y al parecer con índices de muerte similares en Cataluña, lo presentado solo sería admisible dentro de una contextualización, y sobre todo en una mirada crítica a lo realizado por el propio Gobierno. El sambenito puesto a Isabel Díaz Ayuso, de merecerlo, estaría entonces muy bien puesto.
Con muchos más datos en la mano, este 14 de marzo hubiera sido un momento privilegiado para revisar qué ocurrió en la primera fase de la pandemia en España, cuando a partir de datos asimilables a otros países europeos, se disparó a partir del 8 de marzo. La presunción de responsabilidad del Gobierno se acentúa teniendo en cuenta la desaparición de datos sustanciales en la red. Es la desventaja de internet, que admite borrados a posteriori -de lo que Podemos fue maestro- a diferencia de la palabra impresa. Y también, ocultaciones y reapariciones. Yo pude escribir que la serie «Fernando Simón» en El País se abría el 14 de marzo de 2020. Una vez publicado, la retrotraen al día 8 y como en el fútbol quedas fuera de juego. Solo que si en manos del Gobierno está también impedir que se investigue sobre el papel del 8-M, los datos de contagios y muertes en lo sucesivo sí que están ahí, lo mismo que como referente teórico, la evidencia de los graves efectos causados siempre por acontecimientos «sobredifusores», ejemplo una gran manifestación, cargada además de comportamientos afectuosos.
Con el silencio impuesto que rodea al episodio, el 8-M adquiere una dimensión que va más allá de la esfera sanitaria. Primero, como muestra de la prioridad otorgada por Pedro Sánchez a un objetivo político sobre el alto coste que el mismo pudo representar. Cabía prohibir otras actividades en días anteriores, entre ellas un congreso evangélico, en cuya decisión, el día 7, «consta expresamente la recomendación de aplazamiento de eventos multitudinarios». No así el 8-M y de una posición media, España pasó rápidamente a la cabeza europea, con Bélgica, en ritmo de contagios y pronto de muertes.
«Los contagios suben en flecha desde el 8-M, con Madrid como epicentro, pasando del 20% sobre el total nacional a casi el 70% para el 14»
La gran fiesta tenía que celebrarse. En una frase famosa, Fernando Simón dijo que no desaconsejaría la asistencia a su hijo, y en otra más grave, aseguró más tarde que el efecto del 8-M sobre los contagios masivos de ese día en adelante, fue «marginal». Lo cierto es que los contagios suben en flecha desde el día 8, con Madrid como epicentro, pasando de un 20% sobre el total nacional, el día 8, a casi el 70% para el 14. A partir del 20 comienza el reflujo por efecto de la clausura del país el 14 de marzo. Las cifras son espantosas, de unos 400 contagios registrados el 8 a más de 17.000 el 14 y más de 85.000 a fin de mes. España pasa a encabezar la lista de muertes en una Europa donde la pandemia crece, pero a un ritmo menor. Con el estado de alarma, afirmará Pedro Sánchez puesto a exagerar, se salvaron 450.000 vidas. Cabe aventurar que alguna se perdió con los errores citados.
En cuanto al balance de la política seguida a lo largo de 2020, vale la pena dejar la palabra a una intelectual particularmente lúcida en El País, el 13 de enero de 2021: «Fernando Simón se atrevió al inicio de la pandemia a infravalorar el peligro, a asegurar que habría escasos casos, que no hacía falta cerrar colegios, ni tampoco mascarillas. Algunos de sus atrevimientos, impropios de quien debe coordinar las emergencias y no jugar a adivino, a comentarista o a coacher de la población, fueron infaustamente corregidos por los hechos y por su particular forma de desdecirse como, por ejemplo, cuando reconoció que el problema había sido que no había mascarillas para todos. Se ve que no podíamos asumir esa verdad».
En el plano político, lo más grave fue la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez inmediatamente posterior a marzo de 2020, dirigida a yugular la investigación de la juez Rodríguez-Medel y del coronel Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, sobre las responsabilidades derivadas de la autorización por la Delegación del Gobierno de Madrid de un acto multitudinario de alto riesgo. Sometida a un cerco desde las voces del Gobierno y medios afines, la juez acabó desistiendo sorpresivamente y el coronel Pérez de los Cobos sufrió las consecuencias de haberse atenido a la legalidad, según confirmaron sucesivas sentencias, con el ministro Fernando Grande-Marlaska, como ejecutor. Fue el punto de partida de la guerra interminable, sostenida hasta hoy por Pedro Sánchez contra la autonomía del Poder Judicial.
La doble maniobra de encubrimiento de la realidad y de ataque al adversario es un nuevo ejemplo de la forma de hacer política de Pedro Sánchez. Lo sorprendente es que una vez más el PP ha desaprovechado la ocasión para ponerlo de manifiesto, limitándose a la defensa de la presidenta de Madrid. La bronca parlamentaria no sirve. Casi simultáneamente, el presidente valenciano ofrece un nuevo argumento al Gobierno, pactando con Vox, en medio de un desprestigio creciente e insoportable para su partido. La consecuencia es clara: si el PP no logra desarrollar sus críticas ante la opinión pública y sigue asociando su suerte a la de un político como Mazón, no puede esperar un futuro mejor, ni siquiera de una convocatoria electoral con Junts atado al cuello de Sánchez y sacando una concesión impopular tras otra.
