No permitir la entrada si se lleva comida o bebida, tener que pagar si, en un momento dado, se necesita abandonar el recinto y tener que pagar por vasos reutilizables son algunas de las cosas que han sucedido a numerosos asistentes a festivales en los últimos meses. Y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado por malas prácticas a las comunidades autónomas donde se han celebrado distintos encuentros de música al aire libre este verano, pues consideran que hay casi un millón de afectados por las mismas, en concreto 947.000 personas.
La primera denuncia se interpuso en 13 de junio al Festival Fortaleza Sound (Lorca, Murcia), la segunda el 10 de julio al BBK Live (Bilbao, Vizcaya) y las cinco últimas datan del pasado 2 de agosto y afectan al FIB (Benicassim, Castellón), Monegros Desert Festival (La Fraga, Huesca), Puro Latino (varias ciudades, Madrid, Sevilla, Cádiz), Sonórica (Castrourdiales, Cantabria) y Zevra Festival (Cullera, Valencia).
Las malas prácticas a las que se refiere la OCU son «la prohibición de llevar comida y bebida, el cobro de comisiones para poder recuperar el saldo restante en las pulseras cashless, el cobro por entrar y salir del recinto, el cobro de vasos reutilizables y otros abusos», como que en el enclave no esté asegurada la posibilidad de beber agua gratuitamente que, según detalla dice Enrique García, responsable de OCU con el que ha podido hablar EL MUNDO, «era un asunto que ya se había tratado y se soluciona colocando fuentes».
«Además de estas denuncias formales, lo que reivindicamos es que haya una legislación clara y una normativa homogénea en el territorio nacional, porque existen diferencias entre comunidades en relación por ejemplo a la introducción de comida y bebida. Existen ya recomendaciones a nivel nacional pero unas comunidades las cumplen y otras no», amplía García sobre la petición que la OCU realiza al Ministerio de Consumo en relación «a los derechos básicos de los asistentes a festivales de música al aire libre», así como la necesidad de que «se establezcan compensaciones automáticas en caso de malas prácticas».
García señala que se trata de encuentros musicales que se caracterizan «por tener precios muy elevados» y que, además, «no son empresas dedicadas a la restauración ni restaurantes, sino empresas de promoción de espectáculos musicales, por tanto la prohibición de no meter comida o bebida atenta contra los derechos de los consumidores porque limita, y bastante, su capacidad de elección respecto a qué comer y qué beber.
«Obligatoriamente debe haber fuentes de acceso público, debe estar garantizada el agua gratuita, esto algunos lo tienen pero otros no… La generalización es difícil porque tenemos muchos festivales y unos incumplen unas cosas y otros otras… Hay algunos que ponen dificultades con la forma de pago, y es discriminatorio e ilegal eludir el efectivo, y aún más discriminatorio es que te pongan problemas para recuperar el dinero de un sistema de pago cashless«, amplían desde la OCU.
Se refieren a que la opción mayoritaria al ir a un festival es que se pague con una pulsera que se carga con dinero y que sirve de monedero con el que ir apoquinando lo que uno beba o coma dentro del recinto. «Se han cobrado comisiones de dos y tres euros por recuperar el dinero sobrante, de forma que muchos consumidores optan por no reclamarlo, produciéndose un beneficio importante al no respetar los derechos de los consumidores», prosigue García.
Otra cuestión es que haya «cancelaciones e incumplimientos». Según la OCU, «se deben dar plazos claros y precisos que garanticen que las empresas organizadores harán frente a las devoluciones». «Una legislación homogénea ayudaría porque en muchos festivales la asistencia no es sólo local, una misma persona puede ir a varios en distintas comunidades en función de sus gustos musicales y se va a encontrar cosas muy diferentes en relación a los pagos, la comida, los cobros…», apuntan.
En concreto, al FIB lo han denunciado por cinco cuestiones: cobro de comisión por regularización del saldo restante, irregularidad en la entrada y salida del festival, cobro por cambio de titularidad, la no devolución por cancelación y la obligada adquisición de vasos reutilizables». Al festival Monegros por tres razones: «prohibición de entrar con comida y bebida, cobro por salir y entrar, prohibición de pagar en efectivo y comisiones por devolver el pago restante».
En este sentido, García señala que «cobrar por salir y entrar cuando tienes una entrada comprada en un evento de larga duración repercute en la libertad de elección del consumidor en un festival que ya ha pagado».
Por último, a Puro Latino se le denuncia por «no devolver el dinero de las cancelaciones, por cobrar por entrar y salir y por cobrar una comisión para devolver el saldo restante de la pulsera cashless«. Al Sonorica, por no permitir el pago en efectivo y por cobrar una comisión por el saldo restante y al Zevra por esto último y «por cobrar por cambio de titularidad».
