La inseguridad jurídica por las normativas autonómicas y el amparo institucional a los okupas han hecho de Cataluña la comunidad con más propiedades allanadas y usurpadas. Esta situación ha llegado a provocar una fuga de actividad inmobiliaria, agravando la falta de oferta de pisos y, en consecuencia, la crisis de escasez y de acceso a la vivienda. La incidencia de la okupación en la región se disparado un 12% y ha superado los 7.000 casos denunciados -la cifra real es mayor porque muchos no se denuncian-, mientras que en el conjunto del país también han aumentado, pero a un ritmo más moderado, del 7,4%, según los últimos datos de Interior.
Las denuncias por okupaciones de vivienda han repuntado un 7,4% en 2024 en el conjunto de España, con 16.426 hechos conocidos por las Fuerzas de Seguridad incluyendo tanto los delitos más habituales de usurpación de vivienda como los más graves de allanamiento. Cataluña se mantiene a la cabeza, al anotar 7.009 casos, lo que representa el 42% del total. Los datos del último año recogidos en el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior rompen la tendencia a la baja de 2023, cuando las okupaciones bajaron en España casi un 9% y en Cataluña un 10,63% –fueron 6.258 denuncias–.
El dato de Cataluña, con una subida del 12% con respecto a 2023, contrasta con las bajadas en otras dos de las cuatro regiones más pobladas. En la Comunidad de Madrid en el año 2024 hubo 1.451 denuncias por usurpación y allanamiento, lo que representa una caída del 4,3%, y en Andalucía fueron 2.207 denuncias, con una bajada del 5,3% con respecto a 2023. Es decir, Cataluña sigue registrando más casos de okupaciones que la suma de la Comunidad de Madrid, Andalucía y la cuarta región más poblada, la Comunitat Valenciana. En esta última comunidad autónoma hubo en 2024 un total de 1.767 denuncias (+7,7%).
El fenómeno de la okupación ha sufrido un notable incremento en su evolución anual, atendiendo a los datos de la estadística oficial del Ministerio del Interior: en 2010 y 2011 se anotaron unos 3.000 casos cada año, doblándose la cifra en 2012 y quintuplicándose si se compara 2010 con 2024. En el caso de Cataluña, en 2014 anotaban unos 3.000 casos al año, por lo que se han duplicado las denuncias ante las Fuerzas de Seguridad, según la estadística del Ministerio del Interior con los datos de Policía Nacional, Guardia Civil y también policías autonómicas y locales, analizados por la agencia Europa Press.
No obstante, si se comparan los 16.426 casos de allanamientos y usurpaciones de inmuebles registrados en 2024 en toda España con otras tipologías delictivas se constata que se encuadran entre delitos menos frecuentes: el año pasado hubo más de 649.000 hurtos y 414.000 estafas, así como 29.342 delitos de lesiones y riña tumultuaria o más de 21.000 delitos tanto por delitos contra la libertad sexual como por tráfico de drogas. El Gobierno, y en particular el Ministerio del Interior, suele pedir no alarmar sobre la problemática de las okupaciones en España porque los casos más graves de allanamiento de morada son pocos en España, en comparación con los de usurpación, la mayoría de ellos sobre viviendas vacías.
«No es eso de que bajo a por el pan o me voy de vacaciones y han entrado a mi casa», ha llegado a decir el ministro Fernando Grande-Marlaska para responder en sede parlamentaria a las críticas. Las estadísticas oficiales de este departamento no discriminan entre los dos tipos penales que conforman este fenómeno, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble, porque son calificaciones jurídicas que realiza a posteriori el órgano judicial encargado de la instrucción de cada denuncia. En 2022, por ejemplo, los datos de la Memoria de la Fiscalía General del Estado reflejaban que solo el 0,16% de los delitos genéricos de ocupación se refieren a delitos de allanamiento.
Votación en el Congreso de los Diputados
La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes la propuesta de Podemos de ilegalizar las empresas de «desokupación» y tipificar su actividad como delito de odio, con la abstención del PSOE, que ha asegurado que ya está tomando medidas para «acabar con esos colectivos nazis y paramilitares». Durante el debate, la exministra y portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha sostenido que estas empresas son «organizaciones parapoliciales fascistas violentas» y que su existencia legal es un «problema democrático gravísimo».
El PP ha replicado que con el Código Penal en la mano se les podría imponer 27 años de prisión, mientras que con la propuesta de Podemos «serían solamente cuatro años por delito de odio». La iniciativa contó con el apoyo de Sumar, ERC, EH Bildu, los votos en contra del PP y Vox y la abstención de Junts per Catalunya y el PSOE.
