La Audiencia de Madrid avala ampliar la investigación contra la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por corrupción en los negocios y administración desleal. La Sección tercera del órgano provincial ha rechazado este lunes el recurso interpuesto por Alberto González Amador y admitido la apertura de una pieza separada, tal y como ordenó la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias. El empresario se encuentra imputado desde hace un año por fraude fiscal y falsedad documental, pero esta resolución abre la vía para investigarle también por otros delitos.
En un auto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, magistrados estiman que en este momento procesal «resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal. Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta».
Con esta resolución, la Audiencia de Madrid avala la decisión de Iglesias de investigar si el novio de Ayuso pudo haber incurrido en la comisión de delitos diferentes a los que ya se instruyen en la causa principal, abierta por un presunto fraude fiscal. El Código Penal prevé una pena de uno a cinco años de cárcel, aunque González Amador habría llegado a un pacto en junio donde aceptaría ocho meses de cárcel, una condena inferior a los dos años que le permitiría eludir el internamiento.
Quirón y el novio de Ayuso
Tras cuatro aplazamientos, González Amador rechazó declarar la semana pasada ante la juez hasta que se resolviera este recurso. Hacerlo, afirmó, vulneraría sus derechos. Los magistrados Eduardo Bermúdez, Pilar Abad y Agustín Morales lo han rechazado una semana después. De esa forma avalan que se le investigue por delitos diferentes por los que ya está imputado. La juez que instruye el caso acordó el pasado octubre abrir una investigación independiente del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
Iglesias tomó esa decisión al estimar de forma parcial un recurso de reforma interpuesto por el PSOE y Más Madrid contra un auto en el que la juez denegó el pasado 31 de julio todas diligencias interesadas por la acusación popular. La pieza separada se abriría para investigar posibles nuevos delitos «en la utilización de la sociedad instrumental o de pantalla a Masterman SL mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona SL (empresa del novio de Ayuso) y su cliente, Quirón Prevención».
La resolución analizaba «si los hechos relacionados con la utilización de la sociedad interpuesta Materman SL para ocultar unos ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona SL pueden ser constitutivos de otros delitos que deben ser investigados».
La acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, sostiene que, detrás de la simulación subjetiva de ese negocio jurídico, puede haber «una administración desleal, como apunta el Abogado del Estado o incluso un delito de corrupción en los negocios o ambas cosas atendiendo al importe pagado de casi 500.000 euros por las participaciones de Masterman SL, en ese momento propiedad de la mujer del presidente de Quirón Prevención».
PSOE y Más Madrid entienden que podría tratarse de «una contraprestación que podría deberse por la adjudicación de los contratos que le fueron adjudicados a Maxwell y después a Masterman por Quirón Prevención o bien una contraprestación por la operación en la que Maxwell intermedió y por la que MAPE Asesores adquirió productos sanitarios de las empresas FCS Products, SL e Inteconn, INC ya que como resultado de esas operaciones, Maxwell facturó a ambas empresas 2.021.900 euros en 2020».
