De la triada de ladrillo, piedra y pizarra con la que el franquismo cimentó su anodina arquitectura, en esa suerte neoherreriana, a la Aduana de Cádiz solo le faltó el último material. El edificio de estética triunfal se desplegó en plena década de los años 50 del pasado siglo justo delante de la fachada de la antigua estación de tren de la ciudad. Con el cambio de siglo, esa molesta ubicación fue justo lo que provocó que el Ayuntamiento de Cádiz, entonces en manos del PP, plantease su demolición. Pero la Junta de Andalucía, socialista entonces, le aguó el plan al decidir proteger el edificio. Ahora, 16 años después de aquella polvareda social y política, ninguna administración sabe muy bien cómo arreglar el entuerto. Solo parece existir una idea de consenso: lo mejor es revertir la protección de la Aduana, pero el proceso no pinta sencillo.
El edificio de la Aduana de Cádiz se levanta en la plaza de Sevilla, un espacio estratégico en una ciudad tan colmatada que apenas existen áreas urbanas para desarrollar. Esa ubicación al pie de de dos vías que conectan el centro con la zona nueva de la ciudad, con la estación de tren a la espalda y mirando al muelle principal del puerto, ha sido vital en la propia historia del inmueble. Se construyó justo ahí en el marco de “un proyecto urbano hecho más o menos al unísono para dar una fachada desde el puerto a la ciudad”, como recuerda el historiador del arte gaditano Lorenzo Alonso de la Sierra. Y se convirtió en una piedra en el zapato en 2007 justo por el mismo motivo. El Ayuntamiento de entonces, liderado por la popular Teófila Martínez, consideraba que era necesario derribarlo para reordenar todo ese espacio de recepción a la capital y recuperar la vista de la estación de tren de principios del siglo XX, un valioso ejemplo de arquitectura de hierro, ladrillo y cristal.
Toda la operación urbanística quedó atada en un ambicioso convenio entre Adif —propietaria de parte de los terrenos a urbanizar— y el Ayuntamiento. El documento contemplaba la demolición y reubicación de esas sedes de tres edificios (entre ellos, la Aduana), la construcción de un parking subterráneo, un parque y la creación de una nueva avenida. Lo que quizás no imaginaba el consistorio es la polvareda que se iba a levantar, de la mano de un grupo de historiadores y arquitectos que se organizaron en un foro en contra de que la piqueta diese al traste con el inmueble. Los medios locales se llenaron de titulares como dardos de ida y vuelta en los que se analizaba si la Aduana tenía valor artístico, histórico o arquitectónico que la hiciese merecedora o no de la piqueta.
La actual decana del Colegio de Arquitectos de Cádiz, Paula Vilches, recuerda lo “beligerante” de aquella etapa. Aunque ella era solo colegiada entonces, la institución que representa no se ha movido de su postura en estos años. “Apoyamos que no tiene valores de catalogación, sin entrar en la discusión de la demolición(…). Nunca ha recibido interés por especialistas, ni aparece en libros de arquitectura”, resume la decana. Pero la pugna del Foro contra la alcaldesa Martínez la ganaron los primeros. Después de que el grupo reuniese más de 2.600 firmas, la Junta de Andalucía de entonces, en manos del PSOE, decidió incluir el edificio en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz. Sobre aquella decisión siempre sobrevoló la duda de si se hizo por atender a una demanda ciudadana o como forma de hacer oposición política a una alcaldesa que entonces vivía sus horas doradas de popularidad.
La protección —realizada en base a un informe firmado por el doctor Oscar da Rocha Aranda y el catedrático Alberto Villar Movellán— acabó materalizada en una resolución de septiembre de 2009. En ella, se asevera que la Aduana, obra del arquitecto Manuel Ródenas, “participa de su tiempo de un modo dual”, con una fachada propia de la arquitectura oficial del momento con “calidades de expresión” y un interior “de decoración moderna”, en el que destaca su vestíbulo y escalinata, decorado con un mural de Eduardo Santonja Rosales, “obra representativa de la tendencia de art decó y de las influencias cubistas”.
Con la Aduana protegida, el debate del derribo se zanjó abruptamente y el plan para la zona se enfrió, ayudado por el viento gélido de la crisis. Con todo, se tiraron otros edificios y se rehabilitó la antigua estación de tren, con la idea de convertirla en un vestíbulo y mercado gastronómico que incluso se llegó a adjudicar a una empresa, pero que aún no se ha materializado. Sin embargo, con la llegada de Jose María González Kichi a la Alcaldía la discusión se retomó. El Consistorio encargó un informe al Colegio de Arquitectos y la Junta de Andalucía, en manos ya del PP, movió ficha y se mostró dispuesta, ahora sí, a descatalogar el inmueble.
Aunque a Lorenzo Alonso de la Sierra le escama el movimiento: “El problema grave que un bien pueda catalogarse y descatalogarse pueda hacerse así. Estos debates hay que plantearlos sin color político”. El historiador recuerda cómo las leyes de patrimonio dejan claro que los bienes se protegen, más allá de criterios estéticos, porque “informan de algo”. “La Aduana pertenece a una estética triunfal de edificios españoles. Es un pastiche historicista, pero es lo que se estaba haciendo en el momento. Si fuese más moderno sería estupendo, pero es lo que hay. Cádiz no se puede perder el lujo de perder una pieza patrimonial más, hemos derribado y perdido demasiado”, reflexiona el historiador del arte.
Vilches prefiere no entrar en el debate del derribo por criterios de sostenibilidad: “Desde la Arquitectura hablamos del ciclo de vida de los materiales. La demolición es un fracaso constructivo”. Pero sí tiene claro que el edificio nunca debió estar protegido: “Para construirlo se hizo un concurso en el que todas las propuestas eran racionalistas, pero al final se tiró de un supuesto clasicismo que no era del tiempo, es una impostura (…). Dejó enclaustrada a la antigua estación que tiene mucho más valor. La acción fue desafortunada y encima los valores del edificio no son destacables”.
En estos cuatro años, el Ayuntamiento, ahora de nuevo en manos del PP, ha seguido apoyado la reversión de la catalogación, aunque no es su competencia. La Delegación de Cultura en Cádiz de la Junta de Andalucía, consultada por EL PAÍS, se limita a decir “se está trabajando con los informes para ver y seguir el proceso”, pero se ha negado a aclarar en qué punto se encuentra el trámite. “Hacerlo es importante y no es sencillo. A la vista está que todavía no se ha hecho”, aclara Vilches. De hecho, desde la Delegación Provincial ni siquiera explican cómo es el cauce y solo apuntan a que será el que determine la Ley 14/2007 de Patrimonio Histórico de Andalucía. El texto tan solo determina que para modificaciones o cancelaciones de protecciones es necesario seguir el mismo proceso que la inscripción. Eso implica que, en un plazo de 18 meses, debe pasar por informe público, una audiencia con el municipio afectado, además de necesitar un informe favorable de los órganos consultivos de la Consejería y la firma de la consejera. Si el proceso no se culmina en ese lapso, no se puede volver a iniciar hasta pasados los tres años.
Otra cosa distinta es qué ocurrirá si finalmente se concluye favorablemente la descatalogación. Aquel convenio de 2008 contemplaba que correspondía al Ayuntamiento correr con los costes del derribo del edificio. La incógnita es saber a dónde se trasladará a todo el personal y el trabajo que se desarrolla en el interior de un inmueble que está plenamente en uso y que depende de un Ministerio, el de Hacienda, que no se ha pronunciado públicamente si está dispuesto a levantar una nueva construcción. “Eso se vería más adelante”, se limitan a precisar desde el Consistorio. El camino de ida y vuelta del edificio franquista que pasó de la catalogación al riesgo de derribo parece tan largo y tortuoso que ahora ya nadie prefiere definir cómo acabará.
