Se hacían llamar «Grupo de Acción Ciudadana» y en ese nombre se dedicaban a extorsionar a empresarios. Sabían que si actuaban bajo un paraguas como ese las potenciales víctimas sufrirían aún más angustia y, por tanto, las posibilidades de sacarles el dinero aumentarían de forma exponencial. Pero no contaban con que en abril un empresario murciano, que había recibido su llamada, se pusiera de inmediato en contacto con la Policía. La Comisaría General de Información se hizo cargo del caso por si detrás de ese nombre había una incipiente organización terrorista.
La investigación comenzó cuando los agentes tuvieron conocimiento de que ese grupo exigía a un empresario murciano el pago de 100.000 euros bajo la amenaza de tomar represalias contra él y su familia. El requerimiento de pago iba acompañado con varias fotografías de su familia en distintos lugares y fechas que abarcaban el periodo de un año, así como de un cartucho del calibre 9mm Parabellum.
Durante el desarrollo de la investigación, los agentes determinaron que el mencionado «Grupo de Acción Ciudadana» se creó, tal y como consta en la carta de constitución remitida por el mismo a un medio de comunicación en 2020, como una «organización civil, armada e independiente, actuando al margen de una justicia, inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales, lo hacemos no reconociendo a ninguno de sus tribunales» y en la que ya establece como objetivos a «directivos y socios de empresas satélites vinculadas al gobierno regional de Murcia», «personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo» y «todas aquellas personas que, aprovechando su condición de personas ligadas al gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las Instituciones, se lucren ostentosamente».
Asimismo, al inicio de la activad de este grupo, su líder creó también una plataforma en Internet denominada «Plataforma Ciudadana de Resistencia», desde donde difundía su ideología, captaba adeptos y solicitaba donaciones con las que sufragar la «lucha». En ella se pueden encontrar videos en los que señalan objetivos de la organización, entre los que se encuentran «la eliminación de los partidos políticos nacionales» y «la intervención de las Administraciones públicas». Entre estos videos, se detectó uno en el que figuraba el principal detenido con un pasamontañas y la voz distorsionada, con una puesta en escena que evoca a las difusiones realizadas por grupos armados de carácter terrorista.
Semanas más tarde de la primera amenaza que recibió un empresario murciano, los detenidos se pusieron en contacto con la familia de éste haciéndose pasar por supuestos negociadores de la organización armada, con el objetivo de iniciar una negociación para el cobro de la cantidad requerida, 100.000 euros. Agentes del equipo de negociadores de la Comisaría General de Información asesoraron a las víctimas durante toda la investigación, marcando la estrategia de negociación desde el primer momento.
Amplio dispositivo
En la madrugada del pasado lunes se puso en marcha el dispositivo policial por el que se detuvo a cuatro personas y se practicaron dos registros domiciliarios. El dispositivo, además de los agentes del área de Información, contó con el apoyo de unidades policiales como TEDAX-NRBQ, Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Policía Científica, GOIT y la Unidad Aérea de la Policía. El despliegue estaba justificado porque los investigadores sabían que manejaban explosivos y podían tener una reacción violenta en respuesta a la actuación policial.
En el domicilio del principal investigado se intervinieron dos artefactos explosivos con sendas garrafas de gasolina, cuatro tarros con mechas, multitud de material pirotécnico, dos armas de fuego y gran cantidad de munición y cartuchería. Además, y en relación con las labores de extorsión y vigilancia, se confiscaron dispositivos de seguimiento y localización tipo GPS, un distorsionador de voz, lazos de detención, gafas de visión nocturna, once teléfonos móviles y material informático de interés que está siendo ahora analizado por los investigadores.
Los investigadores destacan que, si bien ambos artefactos explosivos estaban dispuestos para poder ser usados en cualquier momento, uno de ellos se encontraba camuflado en el interior de una mochila a la que los detenidos le habían realizado un orificio a fin de poder acceder al dispositivo mecánico de detonación retardada sin necesidad de abrirla.
Siete móviles
En el registro practicado en el domicilio de otro de los detenidos, se intervinieron siete teléfonos móviles, cuatro cámaras fotográficas, diverso material informático de interés para la investigación y cartuchos de armas de fuego.
Los agentes intervinieron también material del grupo así como documentación de otras plataformas de resistencia ciudadana y documentación de interés para la investigación, como un manual del Grupo de Anarquistas Coordinados, grupo que fue el autor del atentado a la Basílica del Pilar de Zaragoza en el año 2012.
Tras los correspondientes registros en la mañana del pasado lunes, los investigadores pudieron constatar cómo este grupo había realizado seguimientos también a otras familias, distintas a las que motivaron el inicio de las investigaciones en un primer momento, eligiendo a sus objetivos en base a que sus empresas o negocios hubiesen obtenido licitaciones a través de la administración pública regional.
Una vez puestos a disposición del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Murcia, se ha decretado el ingreso en prisión del presunto cabecilla del autodenominado «Grupo de Acción Ciudadana».
