La Policía Nacional ha detenido a 809 personas en la última década por delitos contra el patrimonio histórico, según los datos aportados por el Ministerio del Interior a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE al portal de Transparencia. Además de los arrestados hechos por los agentes, se han llegado a incautar 21.000 piezas.
La evolución anual del número de detenidos e investigados en relación con esta infracción durante este periodo de tiempo resultó, de acuerdo con los datos disponibles en el Sistema Estadístico de Criminalidad, de la siguiente manera. En 2015 fueron 49, en 2016 la cifra descendió levemente a 44 y en 2017 la totalidad fueron 85; en 2018 pasaron el centenar con 103 personas, en 2019 la cantidad fue de 114 y en 2020 fueron 104; en 2021 el número descendió a 53, en 2022 la cifra fue de 88, en 2023 fueron 86 y, por último, en 2024 los detenidos e investigados fueron 83.
Además, entre los años 2015 y 2024, ambos inclusive, la Brigada de Patrimonio Histórico -la unidad especializada de la Policía Nacional, dependiente de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, que se encarga de la investigación y persecución de las actividades delictivas relacionadas con el patrimonio histórico artístico- «ha recuperado 403 cuadros sustraídos, incluyendo iconos, grabados, dibujos, acuarelas, litografías, etc; así como 20.212 restos arqueológicos y 425 piezas sacras (objetos religiosos o litúrgicos)», se señala desde el ministerio.
Patrimonio Histórico
Se conoce como patrimonio histórico el conjunto de bienes materiales e inmateriales que poseen un valor excepcional por su relevancia histórica, artística, cultural, arqueológica o científica. Estos elementos conforman la identidad, tradiciones y memoria colectiva de una sociedad y reflejan su evolución. Por ello, se consideran fundamentales para las generaciones presentes y futuras y merecen ser preservados mediante políticas activas de protección, conservación, investigación y difusión que garanticen su transmisión como parte esencial del legado común de la humanidad.
España posee un patrimonio histórico muy rico y variado. A lo largo del país se encuentran numerosos ejemplos que han sido reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. Entre los más destacados se encuentran la Alhambra de Granada, la Sagrada Familia en Barcelona y la Mezquita-Catedral de Córdoba. También destacan las Cuevas de Altamira, en Cantabria, con pinturas rupestres de más de 15.000 años de antigüedad. A nivel urbano, el casco histórico de Toledo, el conjunto monumental de la ciudad de Ávila y el de Santiago de Compostela.
Todos estos ejemplos han sido reconocidos, además, como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), que es un título otorgado a los lugares, monumentos o prácticas cuyo valor para la humanidad es excepcional, ya sea por su importancia cultura, nacional o mixta. Actualmente, España cuenta con 50 sitios que tienen este título, de los cuales 44 son bienes culturales, cuatro son naturales y dos son mixtos.
Delitos contra el patrimonio histórico
En España, los delitos contra el patrimonio histórico son los que atentan contra bienes de valor histórico, artístico, arqueológico o cultural que se encuentran protegidos por la ley debido a su importancia para la identidad y memoria colectiva del país. Estos delitos están regulados principalmente en el Código Penal y en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español, que establece como se debe proteger y conservar el patrimonio cultural.
Este tipo de infracciones abarca una amplia gama de conductas ilícitas, como la destrucción, deterioro o alteración de bienes que forman parte del patrimonio histórico, ya sean muebles (como obras de arte o documentos antiguos) o inmuebles (como monumentos, yacimientos arqueológicos, edificios históricos, etc.). También se incluyen el expolio arqueológico, la realización de excavaciones ilegales y el comercio ilícito de piezas patrimoniales.
Las penas por esta infracción pueden ir desde multas y trabajos en beneficio de la comunidad hasta penas de prisión de uno a tres años, en función de la gravedad del daño y de si hay agravantes, como el ánimo de lucro. Asimismo, se puede imponer la obligación de reparar el daño causado.
