El recuerdo de las reivindicaciones de los médicos durante las movilizaciones sanitarias de los últimos tiempos va a estar presente en las elecciones a la presidencia del Colegio de Médicos de Madrid (Icomem), que se celebrarán el próximo 17 de diciembre. En aquellas protestas se hizo fuerte un sindicato de médicos independiente de las clásicas centrales sindicales. Se trataba de Amyts. Y Amyts ha movido ahora ficha apoyando explícitamente a un candidato, Tomás Merina, líder de la plataforma Icomem para todos, cuya principal arma de batalla es el descontento de los colegiados con la institución que los representa, sobre todo después de que el colegio se opusiera a las reivindicaciones de la huelga de la Atención Primaria y Pediatría de 2022. En el sindicato de médicos Amyts creen que el colegio, al que pertenecen los cerca de 50.000 facultativos de Madrid, se ha desviado de su función natural, que es la defensa de los intereses de la profesión por encima de ideales políticos y personales. Los colegiados desconfían de la estrecha relación entre la institución y la Consejería de Sanidad de Madrid y de cómo la actual junta directiva ha manejado las finanzas. Y en el ojo de las críticas está su actual presidente, Manuel Martínez-Sellés, considerado muy afín a las filas del PP.
El primer síntoma de desapego de los médicos madrileños con su colegio se ha visto en las cifras de los que acuden a votar. La actual junta directiva fue elegida en septiembre de 2020 gracias al apoyo de la mitad de los votantes, pero tan solo asistió el 13% del total de colegiados (unos 6.000 de los casi 50.000 colegiados), a quienes el historial de escándalos de las anteriores direcciones fueron alejando poco a poco. Martínez-Sellés explica esta baja participación en la dificultad para poner urnas en todos los centros sanitarios para el voto presencial, lo que afecta a los resultados. Destaca que la participación es su “obsesión” desde que comenzó la candidatura y que este año han decidido implementar el voto telemático con la esperanza de que aumente el número de participantes, aunque reconoce que “hay médicos que ni se enteran de las elecciones”.
Merina, médico y exgerente del Hospital Fuensanta de Madrid, considera que el colegio ha atravesado “cuatro años francamente malos” en los que se ha “escorado” hacia las políticas de la Comunidad de Madrid, lo cual ha alejado a los doctores de esa institución. Los médicos no perdonan que el colegio pidiera la desconvocatoria de la huelga masiva de la sanidad en 2022, en la que la atención primaria y la pediatría pedían disminuir la congestión en las agendas y poder dedicar más tiempo a cada paciente, porque aseguraban que habían constatado los significativos avances de la consejería, en aquel momento al mando de Enrique Ruiz Escudero, en cuanto a la mejora de las condiciones de sus profesionales.
El actual presidente del colegio niega el apoyo incondicional a la consejería del que habla la oposición: “Nos hemos posicionado tanto a favor como en contra”. Martínez-Sellés habla de sus críticas a la consejería por la gestión de las urgencias extrahospitalarias y con algunas políticas a la hora de desarrollar las Ofertas Públicas de Empleo, como es el caso de los exámenes a los que se somete a médicos de larga trayectoria, que han sido criticados por el colegio.
El candidato alternativo, sin embargo, considera que la relación del colegio con la Consejería de Sanidad llega al punto de provocar un conflicto de intereses. Para Merina uno de los ejemplos de la estrechez de los lazos entre ambos organismos es la concesión de 450.000 euros por concepto de “indemnización” que recibió el colegio en 2022 de parte de la consejería, ya con la actual consejera Fátima Matute al mando, por apoyar la vacunación de los sanitarios durante la pandemia. “Hemos puesto más de 150.000 vacunas, así que es lógico que la consejería nos haya ayudado con los gastos de logística y personal. Mi queja es que no hemos recibido dinero suficiente”, argumenta Martínez-Sellés.
Un portavoz de la Consejería de Sanidad informó a este diario de que el Sermas indemnizó a varias instituciones “por los daños y gastos producidos” por la habilitación de espacios para vacunar contra la covid-19, como fue el caso de residencias y hoteles medicalizados, y otra parte de los pagos la asumió la Dirección General de Salud Pública, en beneficio de otras residencias, el Wizink Center y el propio Icomem, en el que se inmunizó a personal sanitario específicamente.
El presidente habla de que entre los principales logros de su legislatura está el haber creado un colegio “fuerte, transparente e independiente” y acusa de que su único oponente hasta el momento de querer “convertir al colegio en un sindicato” cuando las funciones de ambos “deben estar diferenciadas”. Merina, sin embargo, defiende la transversalidad de su candidatura: “Queremos unir a todos los miembros sin importar en qué espectro político estén posicionados”.
Portavoces de Amyts agregan además que la dupla consejería-colegio ha quedado en evidencia más recientemente con la entrega del premio Madrid Excelente al Iconem ―espacio en el que la consejería anunció la restitución del pago completo de las guardias médicas para sorpresa del gremio, que no se esperaba que esta demanda de más de una década se diera a conocer en este lugar y sin las explicaciones pertinentes― por su gestión durante los últimos años.
La lista de quejas de la candidatura de Merina y de los sindicatos sobre la gestión del colegio es larga. Según Merina, la junta directiva se encontró a su llegada al puesto en 2020 con nueve millones de euros en los fondos del colegio, de los cuales, solo en reformas de sus sedes se ha gastado más de la mitad. Las dos últimas auditorías anuales del colegio, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, demuestran que a principios de 2023 la asamblea de compromisarios había aprobado un presupuesto de 1,1 millones de euros para reformas en la sede principal, ubicada en la calle de Santa Isabel 51, que es un inmueble de interés cultural cedido por el Ministerio de Educación y Ciencias en 1970. Tras una desviación de más de tres millones, el costo de las obras en el balance final del año fue de 4,4 millones de euros y, según Merina, la cifra puede ascender otro millón más si se cuentan los gastos relacionados con reformas en 2024.
Martínez-Sellés se defiende asegurando que lo que han logrado es “poner en valor” al colegio. Esas múltiples salas de reuniones o auditorios reformados, que han dotado de avanzados equipos audiovisuales y climatización, son la principal apuesta de la junta actual para “independizarse” económicamente. El objetivo es ofrecer diferentes espacios para eventos que puedan ser contratados por organismos externos y así disminuir la dependencia de las cuotas obligatorias de los colegiados, que representan aproximadamente el 90% de los ingresos anuales de la institución.
Según Amyts, el colegio ha manifestado que pretenden recaudar dos millones al año por el alquiler de estos espacios, lo cual califican de poco menos que un imposible. Aun así, el presidente insiste: “Que puede haber habido algún desvío, puede, pero los presupuestos se aprobaron por el 80% de la asamblea de compromisarios”. Entre los reproches está también la reforma de otro inmueble, propiedad del colegio en la calle de Esparteros 11, desarrollada en 2021 con un costo de más de 800.000 euros para luego alquilarlo por un precio irrisorio. Las críticas no cesan. Y la vista ya está puesta en el 17 de diciembre.
