Han pasado dos años desde que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, fue investido y una de sus promesas electorales estrella sigue sin cumplirse por falta de apoyos: la reforma del 30%, la norma que obliga a los promotores a destinar este porcentaje de los pisos que construyen a vivienda social. Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, y en un último intento, el ejecutivo ha retomado las negociaciones con Junts, con quien ya tiene cerrada la letra pequeña de la reforma. Ahora uno de los escollos es la exigencia de los neoconvergentes de rebajar un 4% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el principal impuesto para cualquier ayuntamiento.
El ejecutivo municipal se muestra abierto a una rebaja, pero sin perder un euro en ingresos: propone compensar la caída de recaudación exprimiendo el tramo local del impuesto turístico, según fuentes de Junts, que todavía tiene margen. La calculadora de cuánto por aquí y cuánto por allá echa humo. Hasta ahora, el alcalde se había mostrado cauto en apretar más las tuercas al sector turístico y se ha limitado a subir el impuesto a hoteles de lujo y cruceros que no pasan la noche en la ciudad.
Con todo, el acuerdo no pinta fácil. El Gobierno municipal insiste en la urgencia de desbloquear la construcción de pisos en la ciudad y pide altura de miras a Junts. Fuentes del partido de Carles Puigdemont insisten en que la rebaja del IBI debe ser del 4%, que no es negociable. Además, apuntan que la crisis abierta en el PSOE por el caso Cerdán complica cualquier acuerdo. Por si fuera poco enrevesada la situación, en Junts, tanto en el grupo municipal como especialmente en el entorno de Puigdemont, todavía sangra la herida que causó que el PSC les levantara la silla en una investidura a Collboni in extremis (con los votos de los comunes y el PP). “Al PSC, cero oxígeno”, defiende parte del grupo municipal.
Con estos mimbres, el teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, advirtió este miércoles, en SER Catalunya, de que o hay acuerdo antes del 31 de julio o tiran la toalla. “No haremos un debate eterno, hace dos años que discutimos sobre el 30% y hemos debatido suficiente. Si antes del 1 de agosto no hay acuerdo, el tema no se volverá a abrir hasta 2028″, dijo. La reforma del 30% fue una de las promesas electorales estrella del PSC. Pero superado el medio mandato, los socialistas no han logrado el apoyo para hacerlo. El gobierno de la ciudad tiene presiones no solo del sector inmobiliario, sino incluso de la gran patronal catalana, Foment del Treball. Hasta la experta en vivienda y figura de consenso Carme Trilla, que encabezó el grupo de expertos que elaboró una propuesta de reforma, ha apremiado a Collboni a modificar una norma que no consigue ganar vivienda pública porque los promotores le han dado la espalda.
Tras lanzar el ultimátum, Valls aseguró que el equipo de Gobierno está respondiendo a algunos de los “requerimientos” de Junts, sin detallar cuáles: “Frente a su planteamiento, les hemos hecho propuestas. Prefiero que sea un debate dentro de un marco de negociación con un grupo político”.
La exigencia de la rebaja del 4% del IBI no es la única de Junts para aprobar la flexibilización del 30%. En febrero, el jefe de filas del grupo municipal, Jordi Martí, presentó una lista que también incluye acuerdos con la Sareb para que ceda los 823 activos inmobiliarios que tiene en Barcelona, ayudas a la compra de primera vivienda con préstamos del 20%, al alquiler de hasta 3.500 euros para familias con menores a cargo, o del 20% del coste de la renta para familias monoparentales. Junts también propuso incentivos para que propietarios de viviendas de alquiler temporal los pasen a larga duración.
Transporte público y salarios
Mientras, en la comisión de Economía de este miércoles, Junts y los comunes tumbaron una ampliación de crédito de 100 millones de euros para financiar el transporte público, salarios de los funcionarios y fondos para servicios sociales. Los comunes ya amagaron el lunes con no votar esta partida (que casi todos los años se vota sin conflicto): condicionaron su apoyo a que Collboni renuncie precisamente a flexibilizar la norma del 30%. Junts argumentó su no a la modificación “por razones de forma y de fondo”. “No podemos avalar una gestión presupuestaria improvisada, unilateral y que evidencia el fracaso del Gobierno municipal en su principal responsabilidad: garantizar la estabilidad económica de la ciudad”, dijo el concejal Arnau Vives. Jordi Valls acusó a los comunes de escudarse tras el 30% “para taparlo todo” y anunció que someterá la ampliación a votación más adelante.
