Una mejor financiación autonómica, más autogestión de los centros y una menor fragmentación de los servicios sociosanitarios. El sector sanitario ofrece su receta para que el sistema público de Salud encare con garantías los cambios demográficos que vienen en Cataluña en los próximos años: en la comunidad residen 1,5 millones de personas de más de 64 años (19% de la población), cifra que pasará a 2,6 millones (24%) en 2031, según Salud. La nueva consejera de Salud de la Generalitat de Cataluña, Olga Pané, reclamó la semana pasada en comisión parlamentaria pasar de dedicar el 5,7% del PIB catalán al 7%. Ese porcentaje supondría alimentar con 4.000 millones de euros más la sanidad pública catalana.
El economista Guillem López-Casasnovas, autor de varios estudios sobre la financiación del sistema sanitario catalán, señaló en abril en La insuficiencia financiera de la sanidad catalana revisitada, publicado por el Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES, por sus siglas en catalán) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), que el sector requería 3.000 millones más. El autor entiende que la “financiación autonómica no tiene que ver con la capacidad fiscal y el PIB de Cataluña”, lo que resulta insuficiente para gestionar la tensión del sistema.
A la espera de concretar más detalles sobre la financiación singular, López-Casasnovas recuerda que la actual transferencia general del Estado es “incondicionada” y que el Gobierno catalán puede atribuir las partidas presupuestarias según sus prioridades. “También es posible aumentar la presión fiscal a través de impuestos y copagos, pero esta vía tiene políticamente un mal futuro”, concreta. Y señala que las “tasas universitarias” son formas de copago aceptadas por el mismo sistema. “La palabra copago da miedo”, analiza. “Se intentó aplicar el euro por receta [en 2012, pero el Tribunal Constitucional tiró atrás su implementación] pero el propio Estado lo impidió; y ocurrió lo mismo con los hidrocarburos [la justicia europea declaró ilegal el tramo autonómico de este impuesto que estuvo vigente entre 2013 y 2018]”.
El respiro económico primario que ofrece el copago también tiene otra cara de la moneda. Un estudio del propio Departamento de Salud concluyó en 2017 que el cobro de un euro adicional por medicamento dispensado generó una reducción en el consumo de fármacos para la hipertensión y la diabetes, sobre todo entre los pensionistas.
Glòria Jodar, decana del Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña, aboga por un cambio en la relación de los centros sanitarios y el Institut Català de la Salut (ICS), el proveedor público que engloba la mayoría de dispositivos. “No es solo cuántos recursos tenemos, sino cómo se asignan y para qué se usan”; plantea. La enfermera coincide con algunas de las medidas propuestas en 2020 por un comité de expertos recogidas en el documento 30 medidas para fortalecer el sistema de salud, donde ya se reclamaba “modificar la asignación económica potenciando el pago por resultados”, y entiende que si los equipos sanitarios tuvieran una mayor autonomía de gestión podrían gozar de sus propios éxitos económicos. “El ICS es una empresa muy jerárquica que no da responsabilidad de los recursos a los CAP. Cuando tienes pocos recursos, actúas con mucho más control y el actual sistema impide que el ahorrador gestione este dinero al año siguiente. Tenemos poca autonomía”.
Pané reivindicó en su comparecencia la importancia de integrar los servicios sociosanitarios desde la administración, planteamiento que Jodar celebra. “Existe actualmente una fragmentación de los servicios y se duplican los contactos con la población”, señala.
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El Departamento de Salud cerrará este año con un déficit previsto de más de 3.000 euros respecto a lo presupuestado (12.456 millones de euros), diferencia que aumenta año tras año. Jodar defiende que una forma de reducir esta tensión es a través de la prevención que se realiza en Primaria. “Si creemos que la atención primaria es el centro del sistema y que puede resolver situaciones antes de derivarlas al hospital o a dispositivos intermedios, quizás será apropiado reforzarla”, defiende.
La cuestión económica es uno de los principales caballos de batalla de los nuevos consejeros, que cada vez que observan los números de la consejería levantan la mano. Pané reclamó 4.000 millones de euros más a medio plazo; Manel Balcells (ERC) anunció en 2022 un aumento presupuestario de 1.000 millones tras denunciar la “infrafinanciación del sistema”; y Josep Maria Argimon (Junts) aseguró que había aceptado el cargo en 2021 porque le habían prometido una inyección de 5.000 millones de euros durante toda la legislatura tras la crisis de la covid. La letra pequeña del pacto de gobierno entre ERC y Junts ya derivaba el aumento a la “mejora de la financiación” autonómica.
En total, el Departamento ha pasado de los 8.876 millones de euros en 2019, antes de la crisis sanitaria; a los 11.700 actuales, prorrogados tras el fracaso presupuestario del Ejecutivo de Pere Aragonès (los Comunes tumbaron la propuesta republicana) que derivó en las elecciones del pasado 12 de mayo. El gasto sanitario en cambio, ha pasado de los 11.000 millones a los 16.000 previstos para este curso.
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