Table of Contents
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) gastó 23,3 millones de euros en la gestión administrativa del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) entre 2020 y 2022; son los años en los que estuvo en funcionamiento la herramienta que concedió 2.700 millones en ayudas a empresas al borde de la quiebra durante la pandemia. Respecto de estos costes, el Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE advierte que el holding público no aplicó un criterio objetivo ni un procedimiento fundamentado en datos para hacer estos cálculos.
El informe refleja además que de estos 23,3 millones, se destinaron 4,4 a personal de la SEPI dedicado en exclusiva al Fondo y a las contrataciones de personal temporal; 4,7 millones a la contratación de asesores externos; y se imputaron 14,2 millones a costes indirectos de la SEPI, correspondientes a su actuación en la gestión del Fasee. Debido al carácter altamente opaco de la gestión del fondo por parte de la sociedad pública y el Gobierno, hasta la fecha no se conocía el detalle de estos gastos asociados a la gestión de la herramienta.
En el caso del fichaje de personal externo, la sociedad pública pidió la contratación de plantilla de refuerzo y asesores (principalmente auditoras) para poder agilizar la gran cantidad de expedientes que recibió (un total de 74), de los que finalmente aprobó 30. El periodo medio de resolución finalmente fue de 355 días, 349 en el caso de las empresas que recibieron las ayudas, lo que demostró el carácter altamente burocrático del proceso. Aunque algunos expedientes fueron mucho más expeditos, como el de Air Europa, que solo tardó 70 días, o el de Avoris (también propiedad de Globalia) que se resolvió en 140.
Contratación de Tragsatec
Para contratar al personal temporal de refuerzo, la SEPI encargó a Tragsatec (empresa pública que realiza tareas ante la imposibilidad de encontrar proveedores privados de manera rápida) la creación de una bolsa de empleo de hasta cincuenta trabajadores «seleccionables de acuerdo con los perfiles necesarios para el desarrollo del tratamiento de las solicitudes de apoyo financiero». En relación con la estimación de este número de contrataciones, el Tribunal de Cuentas indica que «no constan las hipótesis y el volumen de trabajo que la SEPI tuvo en cuenta en su cuantificación».
La SEPI explica que el encargo se articuló sobre la base del artículo 32 de la ley de contratos del Sector Público y se motivó debido a su insuficiencia de recursos propios para poder gestionar el proceso de contratación de este personal en los tiempos que resultaba aconsejable realizarlo. Por otro lado, en los ejercicios 2021 y 2022, la sociedad pública asignó personal propio de su plantilla para la gestión del Fasee, «no existiendo constancia de los criterios establecidos y aplicados para la distribución de funciones entre este personal propio y el personal temporal contratado», dice el Tribunal de Cuentas.
El informe verificó que se encuentran suficientemente justificadas las cifras de los costes directos derivados del personal propio de plantilla imputadas a la gestión del Fasee, que ascendieron a 362.857 y 1.101.190 euros respectivamente para los ejercicios 2021 y 2022. Asimismo, «se ha comprobado la correcta imputación al Fondo de todos los gastos derivados de la ejecución de los contratos temporales, que se concretaron en 50.816, 1.300.170 y 1.546.355 euros, respectivamente, para 2020, 2021 y 2022».
Gastos de la SEPI
En cuanto a los costes imputados por la SEPI por los gastos incurridos correspondientes a su actuación en la gestión del Fasee, en el ejercicio 2020 no imputó ningún coste indirecto. Sin embargo, al formular las cuentas anuales de 2022, nueve meses después de finalizar el Marco Temporal al que se acogió esa herramienta, la sociedad pública modificó el criterio que originalmente había aplicado e imputó al Fasee costes de personal y generales generados en los ejercicios 2021, y «no contaba con una contabilidad analítica que proporcionara criterios técnicos para formular una razonable imputación de costes».
Por ello -explican-, optó por imputar al Fondo estos costes indirectos en función de la proporción que la plantilla media de la dirección del Fasee representaba sobre la plantilla media de todas las direcciones principales (las Direcciones de Participadas además de la propia Dirección del Fasee). Por tanto, el Tribunal de Cuentas concluye que el criterio empleado por la SEPI «no se considera adecuado, habiendo sido necesario el diseño y aplicación de un procedimiento basado en criterios técnicos y objetivos».
Y agregan que para poder aplicar el criterio de imputación de costes indirectos que había definido, para el ejercicio 2021 la SEPI asignó a la Dirección del Fasee, creada el 1 de agosto de 2021 y a la que se incorporaron en ese año un total de doce personas, una plantilla media de 21,80 efectivos; y para 2022, asignó a dicha Dirección, que seguía contando con doce personas, una plantilla media de 24,08 efectivos. «Este cálculo de la plantilla media no se encuentra justificado en la documentación y demás antecedentes obrantes en los archivos de SEPI puestos a disposición del equipo fiscalizador», dicen.
Tribunal de Cuentas
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas aprecia una incoherencia entre las plantillas medias asignadas a la Dirección del Fasee para 2021 (21,80 efectivos) y 2022 (24,08 efectivos) utilizadas para calcular la parte de los costes anuales de la SEPI a imputar al Fondo, ya que, de las doce personas que integraban en ambos ejercicios esta Dirección, diez se incorporaron en los cinco últimos meses de 2021, mientras que los doce efectivos asignados a dicha dirección en 2022 lo estuvieron durante todo ese año.
De la aplicación del criterio establecido por la SEPI para imputar al Fasee la parte de sus costes indirectos de personal y generales correspondientes a su gestión, resultaron unos porcentajes del 41,44 % y del 42,07 % para 2021 y 2022, respectivamente. «Esta proporción resulta cuestionable al no haberse determinado a partir de la aplicación de un procedimiento razonable basado en criterios técnicos y objetivos».
Personal de la SEPI
Por otro lado, en 2021 y 2022, ejercicios en los que se concentró la carga de trabajo para la SEPI derivada de la gestión del Fasee, los costes totales de personal (directos e indirectos) que imputó a dicha gestión ascendieron a 6,8 millones en 2021 y 6,9 millones en 2022, respectivamente. Estos importes representan prácticamente el 50 % de los costes globales de personal de la SEPI en esos ejercicios, cuantía que por su relevancia podría justificarse por el impacto que la gestión del Fasee supuso para la SEPI, a pesar de ser una actividad adicional a la propia, «pero que resulta cuestionable al no haberse fundamentado su determinación, en lo que respecta a los costes indirectos, en un procedimiento razonable basado en datos y criterios objetivos».
En definitiva, el Tribunal de Cuentas concluye que respecto a los costes de gestión del Fasee -de los que 14,2 millones fueron costes generales y de personal de SEPI- la sociedad pública no aplicó para su cálculo un «procedimiento razonable fundamentado en datos y criterios objetivos». En consecuencia, recomienda que la sociedad pública elabore un procedimiento que le permita realizar una imputación de costes al Fasee en virtud de criterios técnicos y objetivos.
