El intento del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado de recuperar los datos del teléfono móvil del fiscal general del Estado ha dado un resultado “negativo”. El instructor de la investigación abierta por revelación de secretos a Álvaro García Ortiz ha alzado este miércoles el secreto de sumario que decretó hace una semana en los datos enviados por Google y WhatsApp sobre el jefe del ministerio público. El juez ha tomado esta decisión después de que la Guardia Civil le informe de que en el material remitido por las dos compañías no hay información que sirva para la investigación abierta contra García Ortiz. Google, según los agentes, no ha aportado ningún correo nuevo “de interés” para la causa, mientras que de lo remitido por WhatsApp “no existe ninguna información inédita de interés para la investigación”.
La información que pudieran remitir Google y WhatsApp era, en principio, el último asidero que le quedaba al juez del Supremo para encontrar datos que pudieran incriminar al fiscal general, quien borró todo el contenido de su teléfono tras ser encausado por revelación de secretos en octubre pasado. La intención de Hurtado al solicitar la colaboración de ambas empresas era recuperar la información enviada y recibida por los teléfonos del fiscal general entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Estas fueron las fechas en las que se filtró el correo del abogado de González Amador en el que admitía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y ofrecía a la Fiscalía un pacto que le librara de la cárcel.
La respuesta de Google y WhatsApp llegó al Supremo la semana pasada y el juez consideró por ello que la solicitud que formuló a ambas empresas había resultado “exitosa”. Pero Hurtado pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analizara la información recibida y los agentes han informado ahora al instructor de que ninguna de las dos compañías ha aportado datos de interés.
La documentación enviada por Google sobre la cuenta de correo electrónico (Gmail) de García Ortiz recoge 159 mails, de los cuales solamente uno de ellos tiene relación con la causa investigada. Pero es un correo que ya había sido localizado por los agentes en la copia de seguridad del ordenador de sobremesa del fiscal general durante el registro realizado en su despacho el pasado 30 de octubre.
Se trata de un mail recibido a las 23.45 del 13 de marzo de 2024, procedente de la cuenta oficial de la jefatura de la Fiscalía de Madrid, que recoge la denuncia por delitos contra la Hacienda Pública presentada contra Maxwell Cremona, la empresa de González Amador, y la cadena de correos entre el letrado y el fiscal que le denunció, Julián Salto. El resto de correos relacionados con los hechos remitidos esa noche por la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada por el Supremo, no se encuentran entre la información remitida por Google, advierte el juez.
En cuanto a los datos enviados por WhatsApp, no se han podido recuperar los mensajes vinculados al teléfono móvil personal de García Ortiz, que el juez considera que podrían ser de interés para la investigación porque es el que habitualmente usaba y con el que se comunicó la noche del 13 de marzo con la fiscal provincial, según constató la UCO tras analizar el teléfono móvil de esta.
El jefe del ministerio público borró en dos ocasiones su cuenta de WhatsApp el mismo día en que fue encausado y ese movimiento ha impedido a la empresa de mensajería recuperar sus mensajes, según la información enviada al Supremo. García Ortiz tenía también un teléfono corporativo vinculado a su cargo, pero en este no tenía instalada la aplicación de mensajería. “A la vista del informe presentado, se entiende concluido el análisis pericial encomendado a la UCO, con el resultado negativo que en dicho informe se indica”, admite el juez en la resolución dictada este miércoles.
El fracaso en el intento de recuperar el contenido del teléfono móvil de García Ortiz es un golpe para la instrucción del juez Hurtado. Hasta ahora, el instructor ha insistido en que hay suficientes indicios que apuntan a que fue el jefe del ministerio público quien filtró el correo que supuestamente tenía datos confidenciales de González Amador, pero ninguno de los análisis de la UCO ha encontrado pruebas de ello y varios periodistas que han declarado como testigos han asegurado que tuvieron acceso al contenido del correo que centra la investigación antes de que García Ortiz supuestamente lo recibiera.
Para el juez, uno de los indicios contra el fiscal general es que este cambiara de teléfono y borrara todo el contenido de su anterior terminal tras saber que estaba siendo investigado. El instructor ha reprochado a García Ortiz que haya hecho “desaparecer pruebas que le puedan incriminar”, y ha asegurado que aunque el borrado de mensajes “carece de relevancia penal”, “tampoco se debe ignorar que no tenga incidencia en el desarrollo de una instrucción penal”.
En su declaración ante el juez como investigado el pasado 29 de enero, García Ortiz alegó que ha cambiado seis veces de teléfono en los últimos años y que habitualmente borra contenido del móvil por seguridad y por ser “una obligación legal”, ya que tiene información sensible que afecta a multitud de investigaciones penales y a instituciones del Estado.
