La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil localizó durante el registro al empresario vinculado a Santos Cerdán, Joseba Antxon Alonso Egurrola, una escritura privada por la que este le trasladaba al ahora exsecretario de Organización del PSOE el 45% de las acciones de Servinabar. Se trata de la constructora que fue en UTE con Acciona para las obras del túnel de Velate, con un presupuesto de 76 millones de euros y una adjudicación plagada de irregularidades. La UCO ya desgranaba en su informe que Cerdán tenía «capacidad de decisión» sobre esta sociedad, que ha recibido cuantiosos contratos del Gobierno navarro de María Chivite. De hecho, la propia presidenta foral se reunió hasta cuatro veces en su despacho y en privado con el constructor socio de Cerdán.
El documento, hallado en el domicilio de Alonso Egurrola, al que se encontraron unos 16.000 euros en metálico, es una prueba significativa del beneficio económico que habría obtenido Cerdán vía adjudicaciones públicas. Vendría a demostrar que sus ganancias no sólo llegaban a través de mordidas, sino que era partícipe directamente de los beneficios empresariales generados por esos contratos amañados.
La escritura privada de compravente tiene fecha de 2016 y en ella se refleja que Alonso Egurrola traspasó 1.350 participaciones de las 3.000 que componían la sociedad entonces a Cerdán. Es decir, prácticamente la mitad del accionariado de la constructora, que desde entonces ha recibido cerca de 100 millones de euros en contratos con las administraciones navarra y vasca.
El documento estaba guardado en la habitación del domicilio de Alonso Egurrola en Elorrio (Vizcaya), una actuación en la UCO que se desarrolló de forma conjunta con el registro a la sede de la empresa. Allí se detectó que faltaba documentación esencial sobre las obras del túnel de Velate, adjudicadas en diciembre de 2023. En aquel momento, el responsable de obra pública en Navarra era Óscar Chivite, consejero de Cohesión Territorial y tío segundo de la presidenta foral. Propietario de una empresa de calderería industrial hasta incluso semanas después de llegar al cargo, Óscar Chivite contaba con Acciona -que fue en UTE con Servinabar para la obra de Velate- entre su cartera de clientes.
Chivite y Servinabar
En Pamplona, según adelantaba THE OBJECTIVE de fuentes políticas cuando comenzaron los ecos previos al informe de la UCO, existía un gran temor a que lo revelado por la UCO termine salpicando directamente al Gobierno de María Chivite y a la propia presidenta. En esencia, porque Joseba Antxon Alonso Egurrola, propietario de Servinabar 2000 S.L., «tenía puertas abiertas» en cualquier consejería y hasta en Presidencia.
De hecho, como ha acreditado este diario, Chivite recibió a Alonso Egurrola hasta en cuatro ocasiones en apenas un año en su despacho. Lo hizo en privado y fuera de agenda, aunque finalmente tuvo que admitir los encuentros ante el Parlamento navarro. Egurrola acudía a esos encuentros como «representante» de Acciona.
Según la versión del Gobierno navarro, los encuentros versaron sobre las obras de reforma del Archivo del Palacio de Navarra, aunque esas obras habían terminado meses antes de que se iniciase esa ronda de reuniones. Las cuatro citas se celebraron el 24 de julio y el 20 de octubre en 2020, así como el 21 de abril y el 17 de septiembre de 2021.
La principal obra adjudicada a Servinabar fue la de Velate, para el desdoblamiento de un túnel. Una de las mayores adjudicaciones de obra pública en Navarra en décadas cuya adjudicación resultó señalada por irregularidades. El presidente de la mesa de contratación, según denunciaron quienes formaron parte de ese órgano, tuvo acceso anticipado a las votaciones reservadas del resto de miembros y -sospechan- adaptó sus puntuaciones para que Acciona y Servinabar resultasen las elegidas.
En esta situación, señalan, fue clave el presidente de la mesa de contratación. Jesús Polo, ingeniero al frente del Servicio de Nuevas Infraestructuras, debía haberse jubilado años atrás. Sin embargo, el Gobierno de Chivite coló una disposición adicional en la ley de presupuestos para poder prorrogar durante algunos años la permanencia de Polo en el sistema de adjudicaciones como presidente en meses de contratación de obra pública.
Entre lo adjudicado a la ahora empresa de Cerdán hay obras que podrían provocar una investigación europea sobre el Gobierno de Chivite. En concreto, una para la construcción de 46 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Pamplona, que ganó la UTE de Acciona y Servinabar 2000 S.L. Los 7,8 millones ofertados en este con concurso provienen de los fondos Next Generation de la Unión Europea, por lo que su adjudicación podría terminar siendo revisada por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
