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Los padres reconocieron, en agosto, la venta a las policías Local y Foral. Sólo se activó la alerta cuando la Guardia Civil supo por un testigo que los padres aseguraban que el precio de 10.000 euros había quedado en la mitad. La Fiscalía ha pedido que se reabra el caso cerrado por el juez sin tomar más declaración que a la adolescente Leer
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