En todas las encuestas la vivienda aparece como uno de los principales problemas de los españoles. El Gobierno, desde hace como mínimo año y medio y de acuerdo con su carácter populista, ha manifestado reiteradamente que sitúa este objetivo en el centro de su programa político. Bien es verdad que siempre ha sido de boquilla. En el último Congreso Federal del partido, Sánchez anunció la creación de una empresa pública para solucionar la cuestión, y días después anticipó la organización de un gran evento para tratar este tema, foro que se ha celebrado el día 13 de enero y al que ha denominado La vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar.
El foro se efectuó con gran prosopopeya, nada menos que nueve ministros convocados exclusivamente para actuar como clac y aplaudir al jefe, ya que todo el evento se redujo a dos horas y media y a dar a conocer una serie de medidas, muchas de ellas ya aprobadas o prometidas con anterioridad, algunas inútiles o difíciles de instrumentar al menos a corto plazo, y otras contraproducentes. Pero en cualquier caso todas ellas quedarán como otras veces en el simple reclamo y rótulo.
La noticia que más se ha querido destacar es la de la creación de una empresa pública dedicada a solucionar el problema. En el fondo no es ninguna novedad, pues se trata tan solo de la modificación de un organismo ya existente, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) a la que se quiere incorporar toda una serie de retazos de otras instituciones, y principalmente de la Sociedad de Gestión de Activos provenientes de la reestructuración bancaria, conocida habitualmente como Sareb. Ya en mayo de 2023, unos días antes de las elecciones autonómicas y municipales, Sánchez a bombo y platillo se refirió a las hipotéticas 50.000 casas de la Sareb. Ni que decir tiene que hasta el momento no se ha hecho nada, y es que el anuncio era puro humo, como vuelve a serlo ahora.
La Sareb se creó en 2012, en gran medida a instancias de la Unión Europea como condición para recibir los 50.000 millones de euros del rescate bancario. El objeto: adquirir los activos tóxicos –en su mayoría inmobiliarios, cerca de 200.000– de las entidades financieras en crisis –nueve cajas de ahorro– y venderlos más tarde, según fuese posible, en el mercado. Durante estos más de diez años de existencia, no sé si bien o mal, la Sareb ha intentado realizar el mayor número de activos posible; de hecho, parece ser que, de los 200.000 iniciales, quedan menos de 50.000, que son a los que se viene refiriendo Sánchez. Conviene recordar que si la Sareb recibió el nombre de banco malo es porque los activos que se vio obligada a comprar eran tóxicos y de difícil realización. Podemos imaginar de qué calidad serán los que quedan por vender después de estos 12 años. De hecho la primera licitación de suelo realizada en estos días para que se creasen 3.770 viviendas en alquiler, ha quedado desierta por no ser atractiva para las empresas.
Todas estas viviendas, como el resto de las anunciadas entonces hasta las 180.000, y las que ha vuelto a prometer ahora, no son más que castillos en el aire (o en España, para los franceses). En materia de vivienda, Sánchez no tiene ninguna credibilidad. No solo porque en estos siete años, que se van a cumplir desde que llegó al gobierno, no ha hecho nada a favor de la construcción de viviendas sociales, sino porque las medidas tomadas desde el principio por el gobierno Frankenstein han sido totalmente contraproducentes; son la principal causa de que el precio del alquiler no haya dejado de subir y de que este mercado vaya camino de la desaparición.
«Ha sido en estos seis o siete años cuando se han disparado los precios de los alquileres»
Quizás lo más útil y lo más inmediato de cara a solucionar el problema de la vivienda sería que el Ejecutivo diese marcha atrás en las medidas adoptadas. Ha sido en estos seis o siete años cuando se han disparado los precios de los alquileres.
El Gobierno, lejos de rectificar, continúa en la misma línea. El día de Nochebuena, casi de forma subrepticia, aprobó un decreto ley por el que se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2025 las medidas existentes sobre la vivienda, entre ellas la prohibición de desahucios o levantamientos, que al prolongarla año tras año tiene un efecto nefasto.
Constituye un fuerte incentivo para la inquiocupación y para la picaresca. La tentación es demasiado fuerte. Al mismo tiempo se crean numerosos dramas para muchos pequeños propietarios, víctimas de que el Estado descargue sobre ellos su ineficacia e incompetencia para facilitar una vivienda a aquellos que realmente la necesitan.
Esta medida está produciendo el efecto contrario del que se afirma buscar. La huida de muchos arrendatarios del mercado origina una reducción de la oferta y la consiguiente elevación de los precios del alquiler. Incluso últimamente se provoca un resultado más negativo. Para muchas personas la oferta se está haciendo totalmente rígida. No es ya una cuestión de precio, sino de disponibilidad de viviendas. Desde luego, ciertos colectivos todos aquellos con riesgo de ser declarados vulnerables no encontrarán a nadie dispuesto a arrendarles un piso, mientras continúe vigente la legislación actual.
«Son medidas como las referentes a los okupas y a los desahucios las que han provocado el rechazo del Parlamento»
El decreto ley del 24 de diciembre a pesar de incluir también otros temas sensibles como la revalorización de las pensiones para engañar y extorsionar a los otros grupos parlamentarios no ha pasado el filtro del Congreso y no ha sido convalidado. Son medidas como las referentes a los okupas y a los desahucios las que han provocado el rechazo del Parlamento, pero precisamente por eso Sánchez con todo el cinismo se niega a parcelar el decreto ley y quiere chantajear a la oposición manteniendo como rehenes a los pensionistas o las víctimas de la dana.
Para criticar al PP, el PSOE ha acudido a ese tópico de que la vivienda es un derecho y no un bien, o negocio. Como frase está bien, pero uno no vive en los derechos, sino en los bienes y en los resultados de los negocios. Lo que se encuentra detrás de este eslogan no es la pretensión de que la vivienda no sea un bien –frase que es tan solo una fantasía–, sino la de que sea un bien público, es decir, echar de este mercado a la iniciativa privada. No obstante, este propósito se encuentra también fuera de la realidad, ya que constituye una quimera pensar que el sector público pueda construir y gestionar todo el parque de viviendas.
Los derechos económicos no solo hay que proclamarlos también hay que conseguir que su cumplimiento sea factible. La posibilidad va a depender del nivel económico de la sociedad y de la capacidad financiera del sector público, teniendo en cuenta siempre el coste de oportunidad, es decir, siendo conscientes de que los recursos que se emplean en un objetivo no pueden dedicarse a otro.
En el caso de la vivienda tal vez deberíamos distinguir entre el alquiler social y el que se denomina asequible, cuya extensión es mucho mayor. El segundo es un término relativo, asequible ¿para quién? y ¿qué es lo que debe ser asequible? El alquiler social debe ir dirigido a los que sean realmente indigentes y que solo con la ayuda total o parcial de las administraciones públicas pueden encontrar una solución habitacional.
«La política primordial para corregir el crecimiento anómalo del precio del alquiler pasa por incrementar la oferta»
Ahí se deben dirigir los recursos públicos, y no a ninguna otra finalidad, bien sea directa o indirectamente, mediante deducciones o exenciones fiscales. El que mucho abarca poco aprieta.
Respecto al resto de las viviendas, el papel de los poderes políticos debe reducirse a lograr que funcione bien el mercado y no haya distorsiones que terminen deformando el precio. En estos momentos, la política primordial para corregir el crecimiento anómalo del precio del alquiler pasa por incrementar la oferta en todos sus niveles y formas. En primera instancia mediante la construcción de obra nueva, para lo que sin duda se precisa acudir a la iniciativa privada. Por muy bien que funcionen las administraciones públicas, la oferta no puede descansar únicamente sobre sus actuaciones en vivienda social. Se necesita recurrir a las empresas privadas, incentivándolas, manteniendo la seguridad jurídica y realizando una adecuada ordenación del suelo. La senda que ha escogido el gobierno Frankenstein va en sentido contrario, más bien crean temor y aconsejan invertir en otros sectores o en otros países.
Hay que añadir, sin embargo, que la construcción de viviendas no es algo que pueda realizarse de hoy para mañana, por lo que la única solución de incrementar la oferta a corto plazo es movilizar las casas vacías y hacer que retornen al mercado. Para ello hay que desandar el camino andado, y desechar todas esas medidas que están causando desconfianza en el pequeño propietario. La subida desbocada del precio de los alquileres comenzó tan pronto como Sánchez comenzó a legislar sobre la materia.
Hay, no obstante, una medida en la que han coincidido tanto el PP como el PSOE y que parece ir en la buena dirección. Se trata de que de alguna forma las administraciones públicas garantizasen el pago del alquiler por parte de aquellos que sean declarados vulnerables e insolventes, mientras que no sean capaces de proporcionales una solución habitacional alternativa. No solo es lo justo puesto que es a los poderes públicos a los que compete garantizar el derecho a la vivienda, sino que abaratara el precio de los alquileres, al atraer al mercado a los propietarios de casas vacías. Bien es verdad que ninguno de los dos partidos ha concretado la medida y, por otra parte, parece contradictoria con decisiones casi recién tomadas como por ejemplo la de prohibir los desahucios.
«La elevación de los precios obedece a una fuerte restricción de la oferta originada por las medidas suicidas de los gobiernos sanchistas»
Existe otra medida en la que también concurren ambos partidos y que no se puede decir que vaya precisamente en la orientación adecuada, es la de avalar la parte del precio del piso que no cubre el crédito hipotecario de los bancos. La norma, quizás no escrita, de que las entidades financieras no concedan las hipotecas por la totalidad de la tasación de la propiedad, parte de la triste experiencia de la crisis de 2008, ya que en los años previos los bancos adjudicaban los préstamos con total alegría y muchos ciudadanos los aceptaban con similar euforia. Como consecuencia de ello, se produjeron la burbuja inmobiliaria, los impagados y las quiebras. Es por tanto un contrasentido que el Gobierno ahora pretenda corregir la medida de prudencia impuesta a la banca y que sea el erario público el que asuma el riesgo. En la práctica, son las entidades financieras las que salen beneficiadas con la ayuda.
Es el mercado del alquiler el que necesita protección. La Constitución está lejos de reconocer el derecho de todos los ciudadanos a poseer una casa, pero sí a disponer de una vivienda digna (no lujosa) en la que alojarse, aun cuando no tengan recursos para ello. Los fondos públicos son limitados y los que se emplean en determinada aplicación no pueden orientarse hacia otra.
Sánchez, a efectos de atacar a Feijóo, se ha remontado a la crisis del 2008 y, desfigurando groseramente la historia, sitúa la causa en las doctrinas liberales del PP responsabilizando a Aznar y a Rajoy. Curiosamente se olvida de que entremedias se encuentran los ocho años de Gobierno de Zapatero. Por otra parte, la burbuja de entonces nada o muy poco tiene que ver con la crisis actual de la vivienda, en la que la elevación de los precios obedece a una fuerte restricción de la oferta originada por las medidas suicidas de los gobiernos sanchistas. La de 2008 se debió a una expansión desproporcionada de la demanda, fruto a su vez de una política laxa del crédito permitida por las autoridades públicas y una negligente actuación bancaria.
Cierto es que aquella crisis comenzó con la política de Aznar, pero cobró fuerza y potencia con Zapatero, mientras que Rajoy poco pudo hacer excepto recoger los trastos rotos y poner remedio con mayor o menor acierto a los desaguisados. Mientras se generaba la crisis, Aznar repetía continuamente lo de que «España va bien», y Zapatero se vanagloriaba de que la renta per cápita de nuestro país había superado la de Italia. No estaría mal que Sánchez pensase en ello, cuando echa las campanas al vuelo por lo bien que va la economía española.
