Ecologistas en Acción pretende recurrir la zona de bajas emisiones de Valladolid por considerar que no se ajusta a la finalidad para la que fue diseñada. La Ley estatal de Cambio Climático de 2021 establece que todas las ciudades con una población mayor a 50.000 habitantes tienen que establecer zonas de bajas emisiones antes de 2023, requisito, tal y como recuerda Ecologistas en Acción, claramente vulnerado por el Ayuntamiento de Valladolid, que va con dos años y medio de retraso en la implantación de esta medida.
La organización ecologista ha dejado muy claras sus intenciones tras presentar un informe al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, aprovechando que el procedimiento contra la Ordenanza y el Proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), aprobada el pasado 28 de octubre, sigue abierto. El objetivo es claro: obligar al Ayuntamiento a que cumpla su deber de implantar una Zona de Bajas «eficaz y ajustada a la ley».
El informe encargado a la consultora gea21, muestra la delimitación de la ZBE adoptada, y los datos actuales de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones se establecen en un máximo del 1,5% para 2030, pero en realidad, en la ciudad se sitúan en el 2,2% de las emisiones de (NOx) y el 2,6% de partículas PM10. Concluyendo, ni la superficie delimitada, ni las restricciones de acceso de la Ordenanza Municipal por la que se regula la zona de bajas emisiones en Valladolid, son proporcionales a los objetivos de calidad del aire y mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero.
Además, los ecologistas tachan de «abusivo» el acceso libre a los aparcamientos rotatorios del centro «que, junto al favorable tratamiento de los SUV privilegia la movilidad de las personas con más renta, contra lo anunciado por el equipo de Gobierno», y lo incluyen en el «amplio abanico de excepciones» de acceso, circulación y estacionamiento, que dificulta el cumplimiento de los objetivos de la Zona de Bajas Emisiones, convirtiéndola «en un coladero y en un fraude de ley».
«Se trata de medidas que se vienen implantando con éxito en centenares de ciudades europeas desde hace medio siglo, incluyendo en España las de Pontevedra o Vitoria, y que podrían situar a Valladolid en la vanguardia de las urbes con mejor calidad del aire y mayor nivel de vida, siempre que se adopten con convicción y explicando que la única manera de limpiar el aire que respiramos es reducir el número de vehículos que circulan por nuestras», exponen Ecologistas en Acción.
El informe de gea21 advierte por otro lado que la regulación conlleva una regresión respecto a la Zona de Bajas Emisiones contenida en el Anexo 1 del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en la ciudad de Valladolid «que contenía un ámbito territorial y un calendario de desarrollo de las restricciones de acceso de los vehículos más adecuadas a los objetivos dispuestos».
Es importante recordar que el Ayuntamiento de Valladolid ha recibido más de 15 millones de euros de fondos europeos, provenientes de las subvenciones del Ministerio de Movilidad, para garantizar esta reducción de emisiones y favorecer el transporte público, las bicicletas y los peatones, mediante una nueva organización de la ciudad. La organización ambiental exigen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que el Ayuntamiento devuelva estos fondos, pues consideran que están siendo «despilfarrados en una medida ambientalmente inútil».
Para finalizar, el grupo ecologista no titubea en señalar a los culpables de la falta de una Zona útil de bajas emisiones en la ciudad de Valladolid, al retrasar la implantación de las medidas adecuadas. Acusando a Oscar Puente, anterior alcalde y actual ministro de Transportes, de «negligencia y erróneo cálculo político» por negarse a implantar esta medida hasta que pasaran las elecciones municipales.
