Las acusaciones del caso Koldo han denunciado este miércoles que el Gobierno está impidiendo al juez instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acceder a ciertas «pruebas» recabadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo el amparo de la Ley de Secretos Oficiales de 1968. En concreto, un documento encontrado en el ordenador del comandante del Instituto Armado imputado, Rubén Villalba, y grabaciones relativas a varios agentes del Servicio de Información del cuerpo.
Según las asociaciones Iusticia Europa y Hazte Oír, este miércoles el titular del juzgado ha recibido un nuevo informe de la Guardia Civil que incluye anexos «esenciales» para la investigación, pero desde ambas acusaciones levantan la voz asegurando que parte de las pruebas que deberían estar incluidas en este documento, han sido «expurgadas» bajo el amparo de la citada ley.
Las dos asociaciones han expresado su inquietud porque se le arrebaten al magistrado «pruebas cruciales» que consideran esenciales para el esclarecimiento de los hechos. Aseguran que al juez Moreno no se le ha proporcionado «la versión íntegra de
documentos expurgados, ni otras pruebas relevantes, como grabaciones y declaraciones de varios agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil».
Por último, piden al juez que reclame «inmediatamente» a la UCO las pruebas de los documentos y grabaciones «sin restricciones», ya que debería ser el titular del juzgado el encargado de valorar qué información debe estar protegida y qué debe divulgarse.
Villalba y los teléfonos seguros
El informe de la UCO, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE este miércoles, subraya que la seguridad era uno de los elementos más importantes para el empresario Víctor de Aldama, principal comisionista del caso Koldo. Así lo pone de manifiesto una de las conversaciones intervenidas al comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, que sería el encargado de proveer a la trama de canales de comunicación seguros. Por esa tarea habría recibido 88.000 euros.
Villalba consiguió que los miembros de la red se comunicaran de forma segura, no solo con él, también con otros miembros de la presunta organización delictiva. Los teléfonos utilizados fueron proporcionados por este oficial y tenían un coste que rondaba los 200 euros, recarga incluida. El informe señala que Ábalos dispuso de uno de estos terminales, denominados black en el argot técnico, después de que su asesor pidiera al agente que averiguara si su móvil estaba pinchado. La misma solicitud que hizo sobre el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
