Por primera vez desde hace 13 años, el curso político arrancará con el mismo color político, el del PSC, en el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat. Sin esperar a septiembre, este viernes el president Salvador Illa recibió al alcalde Jaume Collboni en una inédita “reunión informal”. Con encajada de manos en la plaza de Sant Jaume para exhibir sintonía, fotos, pero sin comparecencias ni preguntas. Sí se dio el anuncio de que el encuentro institucional será el 4 de septiembre. El PSC gobierna la ciudad después de un mandato de la extinta Convergència (2011-2015, con Xavier Trias de alcalde) y dos de los comunes de Ada Colau (2015-2023). El alcalde Jaume Collboni recuperó la vara para los socialistas en 2023. El regreso de los socialistas al Govern de la mano de Illa llega 14 años después de la experiencia del Triparito. La reunión entre Illa y Collboni permitió visualizar alguno de los cambios en la simbología del Palau de la Generalitat con la llegada del líder socialista. La bandera española se incorporó junto a la catalana, a diferencia de lo que ha pasado durante los años de ejecutivos independentistas.
En el Ayuntamiento, Collboni afronta un curso con carpetas de calado y un president en el otro lado de la plaza de Sant Jaume con el que habrá total sintonía política, porque además de Salvador Illa, el consejero de Presidencia es Albert Dalmau, hasta hace dos semanas mano derecha del alcalde. Pero la alianza también dificultará los reproches que la ciudad ha lanzado históricamente por incumplimientos del Gobierno autonómico. Las que siguen son cuestiones clave para la ciudad a partir de septiembre.
Reunión institucional con el President el día 4. “Barcelona ha sufrido durante demasiados años la desatención del Govern de la Generalitat”, afirmaba esta semana Collboni en una entrevista a la agencia EFE. El alcalde prometía “lealtad institucional” pero advertía de que defenderá los intereses de los vecinos de Barcelona con “exigencia” con las inversiones de la administración autonómica en la ciudad. En el listado de reproches endémicos figura la promoción de vivienda pública, el gasto en guarderías, ambulatorios, servicios sociales o Mossos d’Esquadra. Por no hablar del transporte público, cuando este verano se ha conocido un nuevo retraso en la agónica L9. En el comunicado enviado el viernes después del encuentro informal, las dos administraciones fijaban como puntos clave a tratar el día 4 la vivienda, la seguridad, el transporte público y los barrios.
La eventual entrada de ERC en el gobierno municipal. El adelanto de las elecciones catalanas a junio frenó la entrada de los cinco concejales republicanos en el ejecutivo de Collboni cuando la alianza ya estaba cerrada, reparto de carteras incluido. ERC ostentaría las tenencias de alcaldía de derechos sociales, turismo y promoción económica y el grupo municipal daría aire a los 10 concejales del PSC, que no dan abasto: todos llevan dos sombreros, un área y un distrito. Pasadas las elecciones, el grupo municipal que capitanea Elisenda Alamany, yendo por libre, intentó una votación exprés de la militancia, que se movilizó para dar la espalda a un pacto que las bases entendían como una imposición no consensuada. Tras el apoyo de ERC a la investidura de Illa, en septiembre se retomará la eventual entrada, pero la clave la tendrán los republicanos y su militancia de Barcelona. El calendario plantea dos opciones: abordar la votación de forma inmediata, en septiembre (todo apunta a que sí) o esperar el congreso del partido, previsto para otoño.
Los solares cedidos al Incasòl para construir vivienda social. El convenio de cesión de solares de la ciudad a la Generalitat para construir 1.700 pisos públicos, una oportuna alianza histórica, se truncó tras el enroque de la ex consejera Ester Capella, que los condicionó a los presupuestos de este año que ERC no logró aprobar, por el portazo de los comunes. Los plazos del convenio ya van con retraso y antes del verano el gobierno municipal urgió al Incasòl a cumplir “inmediatamente” con su compromiso, un incumplimiento que llevó a su directora, Maria Sisternas, a dimitir tras demostrar que el organismo que gestiona las fianzas de los alquileres y construye vivienda pública dispone de fondos para arrancar.
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La ampliación del aeropuerto de El Prat. El año 2021, la oposición de los comunes, que gobernaban El Prat y Barcelona, y recibieron el espaldarazo de la ministra Yolanda Díaz, consiguió frenar la ampliación del aeropuerto. Ahora, con Collboni e Illa partidarios de la ampliación, y el también socialista Maurici Lucena en Aena, no tardará en reabrirse el melón. Los comunes y movimientos sociales rechazan una ampliación que ven gasolina para la masificación turística y el cambio climático. En el consistorio, defienden ganar pasajeros para diversificar la economía de la ciudad más allá del turismo.
Presupuesto de 2025, tranvía y 30%. Tres cuestiones que necesitan mayoría política y que todo apunta a que tendrán una gran vinculación. Hace unas semanas Collboni presentó el proyecto ejecutivo para terminar la unión de las dos redes del tranvía por la Diagonal. La culminación es una de las exigencias de cabecera de los comunes de Colau, y el alcalde les lanzó un órdago: “Si no se aprueban los presupuestos del Ayuntamiento y la Generalitat para 2025, la unión del tranvía no será posible. Esperamos que los grupos políticos que tanto han reclamado la conexión sean coherentes”. Para sacar adelante las cuentas, el PSC también necesitará a ERC (si estuviera fuera del Gobierno municipal). Y para la flexibilización de la norma que obliga a los promotores a hacer un 30% de vivienda social la muleta será probablemente Junts, aunque ya ha advertido de que será exigente.
La concreción de medidas para gestionar la turistificación. El gobierno de Collboni ha lanzado anuncios de medidas para frenar la masificación turística, pero hay varias que o no tienen concreción, o necesitarían mayoría en el pleno o dependen de la Generalitat o el Puerto. Cuestiones como la gestión de los Espacios de Gran Afluencia (EGA), la creación de un sistema de alertas para que los visitantes sepan cuánta gente hay en los puntos más concurridos o que la Generalitat autorice a la ciudad a eliminar el recargo local de la tasa turística para cobrar a los cruceristas en tránsito. Collboni también planteó una reducción de los cruceros que llegan a la ciudad, e incluyó la posibilidad de prescindir de alguna de las terminales previstas.
El cierre de pisos turísticos y la regulación de alquileres de temporada. En la siempre compleja y delicada carpeta de los pisos turísticos, el actual alcalde tiene el empeño de cerrarlos todos (10.000). También los que tienen licencia. Para hacerlo se agarra al decreto de la Generalitat que prevé que en cinco años los ayuntamientos catalanes aprueben planes urbanísticos que fijen cuántos quieren y dónde. La receta de Barcelona será no aprobar este plan y eliminar la figura del piso turístico del listado de alojamientos previstos. Pero el decreto ha sido recurrido ante el Tribunal Constitucional. Mientras, Collboni pide a Illa que mantenga el decreto que aprobó el expresidente Pere Aragonès. Otra incógnita es la futura regulación de los alquileres de temporada, a los que recurren los caseros para esquivar la regulación de precios. El PSC y Junts tumbaron la que se disponía a aprobar ERC en el Parlament en mayo, con el argumento de que no tenía suficientes garantías jurídicas. También el Gobierno de Pedro Sánchez ha prometido regularlos.
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