Ni la primavera ni el cambio horario van a traer un mejor clima político en el país. Al contrario. Todos los indicios apuntan a un más que probable empeoramiento en estos próximos 70 días en los que se resolverán tres campañas y tres elecciones, con un inédito choque institucional al máximo nivel entre el Congreso y el Senado a cuenta de la polémica ley de amnistía y un más que seguro duro cruce dialéctico entre diversos portavoces del PSOE y del PP en las distintas comisiones de investigación sobre presuntas tramas de corrupción relacionadas con la compra de mascarillas durante la crisis de la covid-19. Este lunes se constituirá la comisión de investigación promovida por el PP en el Senado que se pretende centrar solo en el caso Koldo, para extender el escándalo y las sospechas sobre todo el PSOE y en particular hacia el presidente, Pedro Sánchez, y su esposa. El PP ha elaborado un vídeo documental de estética mafiosa sobre sus intenciones que se titula La trama. El martes se conformará en el Congreso otra comisión, impulsada por el PSOE, sobre las contrataciones de mascarillas en todas las administraciones durante la pandemia y en la que pondrán el foco en las comisiones y compras de personas próximas a la presidenta popular madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
No habrá paz política tras la teórica tregua de Semana Santa. Este mismo lunes se formará en el Senado la comisión del caso Koldo y el PP no oculta cuáles son sus objetivos. El sábado, en San Sebastián, en un acto de calentamiento de la inminente campaña vasca, el portavoz oficial del PP, Borja Sémper, hizo unas manifestaciones en las que enmarcaba cuál será el guion de su partido en esta etapa electoral de ataque directo contra Sánchez y su familia: “El tiempo de dar explicaciones se le acabó porque todo, absolutamente todo, se va a terminar por saber. Se va a terminar por saber el papel que jugaron varios ministros durante la pandemia para la adquisición de material sanitario; se va a terminar por saber qué papel jugaron algunas comunidades autónomas influenciadas por conseguidores políticos; y se va a terminar por saber cuál es el papel del presidente del Gobierno en relación con su entorno familiar”.
El dirigente del PP también añadió en esa comparecencia una convicción de transparencia que parecía general sobre lo que podría averiguarse en las comisiones de investigación parlamentarias y en los sumarios judiciales abiertos sobre diferentes contrataciones en la pandemia: “Toda aquella Administración pública, todo aquel gobernador que aprovechó su posición de poder o para enriquecerse personalmente o para favorecer a su entorno personal, familiar o político, se va a acabar por saber”. Sémper precisó más tarde que con esa valoración no se estaba refiriendo a la posibilidad de conocer más aspectos, también, de los contratos conseguidos en aquella etapa ni por el hermano de Ayuso ni por la pareja de esta, sino concretamente por todos los departamentos del Gobierno central que operaron en algún momento con Koldo García, el exasesor personal del exministro socialista José Luis Ábalos.
Pero el PP no pretende detenerse ni en Koldo García ni en Ábalos, como se revela en el documental que estrenó en las redes sociales este domingo y que titula La trama. Durante 12 minutos aparecen noticias sobre hechos investigados, pero también sobre sospechas no contrastadas judicialmente, que implican a la presidenta de las Cortes y tercera autoridad del Estado, Francina Armengol, a cuatro ministerios, e incluso a la esposa del presidente, Begoña Gómez, por una supuesta intermediación nunca demostrada en la operación de salvamento de la compañía aérea Air Europa.
El PP no ha querido aclarar aún qué tipo de comparecencias reclamará en el Senado en la comisión del caso Koldo y en otros derivados, como la Operación Delorme, que se constituirá este lunes para fijar el calendario y programa de trabajo. En esta primera sesión se designará a los miembros de la Mesa y se fijará para más adelante una primera reunión. Sobre la lista de comparecientes, los populares ya han avanzado que no descartan ningún nombre, tampoco el de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por su supuesta relación económica y profesional con la aerolínea Air Europa, rescatada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2020. La Oficina de Conflictos de Intereses ya archivó la denuncia del PP contra Sánchez por este asunto. Fuentes de la dirección popular insisten en que el foco de sus ataques por estas supuestas irregularidades será Sánchez y no Gómez, aunque la esposa del presidente sea citada a comparecer en la comisión de investigación. “No son los familiares o el entorno, es lo que hace el político en relación a eso”, apuntan.
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El senador valenciano Luis Santamaría será el portavoz del PP en la comisión de investigación del Senado y el diputado y vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ejercerá de portavoz en la del Congreso.
El PSOE tampoco ha querido adelantar muchas pistas sobre a quién llamará en la comisión más genérica sobre mascarillas y material sanitario del Congreso. Ambos partidos se miran de reojo, como reconocen sus portavoces. Usarán ambas comisiones y por extensión las instituciones que las albergarán para arrearse políticamente y para amenazar con citar a personajes y cargos de ambos partidos al mando de diferentes administraciones. Los populares han amagado incluso con llamar en la Cámara alta a la esposa del presidente y apuntan allí contra Armengol y al menos cuatro ministros, además de Ábalos o el propio Koldo García. El PSOE quiere esperar y ver qué hace el PP para elevar el pistón de sus pretensiones en el Congreso, pero su portavoz en esa cámara, Patxi López, ya ha comentado varias veces que querrán saber cómo se registraron determinados contratos en la Comunidad de Madrid y en el entorno de Ayuso, aunque también han señalado que hubo situaciones excepcionales similares a las gestionadas por el Ejecutivo central y sus ministerios en autonomías como la Xunta de Galicia del propio Alberto Núñez Feijóo.
Esas comisiones de investigación, que se enredarán además con las tres pactadas con los partidos nacionalistas catalanes en el Congreso que aún no han comenzado sus operaciones, deberían iniciar sus trabajos en los próximos 70 días, plazo en el que se desarrollarán tres campañas electorales y tres relevantes citas con las urnas, en las que el PSOE competirá además de con el PP en toda España (europeas del 9 de junio) con algunos de sus socios parlamentarios en sus territorios: vascas del 21 de abril y catalanas del 12 de mayo.
La ley de amnistía, además, continúa sus trámites políticos y judiciales. El PP no quiere soltar esa presa. Los populares solicitaron a finales de enero una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado, donde disfrutan de mayoría absoluta, para discutir sobre la norma. El foro, el único de las Cortes en el que pueden intervenir representantes de las comunidades autónomas, se reúne este martes para elaborar la ponencia sobre la ley. Fuentes del grupo parlamentario popular en la Cámara alta esperan que a final de semana un nuevo informe al respecto en el seno de esta comisión, presidida por la popular Luisa Fernanda Rubi, incida en las “desigualdades” que a su juicio genera el contenido de la proposición de ley entre los territorios. El dictamen será debatido el lunes 8 en la sesión solicitada por los populares, y a la que podrán acudir los presidentes autonómicos, aunque es más que probable que solo lo hagan los del PP.
En octubre pasado, el PP ya celebró otra sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, un foro que en otras legislaturas se convocaba con mucha menor frecuencia. Ni el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ni el presidente de Asturias, el también socialista Adrián Barbón, acudieron en octubre al debate. Sí lo hizo el president de la Generalitat, Père Aragonés, además de todos los mandatarios autonómicos del PP.
Los letrados del Senado, a petición de la Mesa presidida por el PP, emitieron el lunes 18 dos informes sobre la ley de amnistía, cuya tramitación sigue su curso en la Cámara alta tras ser aprobada por mayoría absoluta en el Congreso. El dictamen de los servicios jurídicos, cuya cúpula fue renovada en enero por los populares, fue durísimo contra la ley, a la que tachó de “reforma constitucional encubierta” y replicaron así el informe favorable emitido en noviembre por el secretario general y letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que fue antes alto cargo del Ejecutivo socialista y está ahora en el foco de los ataques populares pese a haber recibido el respaldo de veteranos y constrastados letrados como Manuel Alba.
Los argumentos de los letrados del Senado sí sirvieron de excusa para que el PP anunciase un choque institucional sin precedentes entre ambas Cámaras ante el Tribunal Constitucional. El grupo popular registró ante la Mesa de la Cámara alta, antes del parón de la Semana Santa, la solicitud de un pleno para sacar adelante esa propuesta. La Mesa aceptará el texto este martes, justo antes de un nuevo y agrio pleno de control al Gobierno en el que habrá varias preguntas sobre corrupción y hasta una reprobación al ministro Félix Bolaños por la amnistía. La sesión en la que se ratificará el conflicto institucional se demorará así a la semana siguiente, previsiblemente el 9 de abril. El Congreso tendría de margen hasta en torno al 9 de mayo para contestar, aunque por ahora no tiene previsto hacerlo.
Sí tendrán lugar esta semana en el Senado tanto la sesión de control al Gobierno (que será la única, ya que en el Congreso no se celebra este miércoles) como la reprobación del ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. Los populares consideran que Bolaños “ha denigrado” a la Cámara alta con “sus declaraciones” y le “ha hurtado competencias” tramitando la ley de amnistía de forma “fraudulenta”. Este domingo, además, el grupo parlamentario popular ha solicitado la comparecencia de Bolaños ante la Comisión de Justicia del Senado para dar explicaciones por lo que consideran como “insostenible situación” del fiscal general del Estado, Álvaro García, y por su “injerencia” durante la investigación del caso Koldo.
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