El acuerdo entre el Gobierno central y el de Canarias para cambiar la ley de extranjería y establecer un reparto obligatorio de menores extranjeros no acompañados en casos de emergencia migratoria ha levantado ampollas en los gobiernos autonómicos, sobre todo del PP. Tras el anuncio este lunes de que el cambio legislativo, en caso de ser respaldado por las Cortes, obligará a una reubicación inicial de 2.500 menores (que saldrán de las islas y de Ceuta), varias comunidades han mostrado su preocupación en público y en privado. “Todos nos asustamos nada más escucharlo y empezamos a llamar”, explica una fuente autonómica.
El torrente de declaraciones no se hizo esperar. Cataluña (con un gobierno de ERC) ha criticado que no se tiene en cuenta sus necesidades ni sus costes de acogida; Andalucía (PP) ha lamentado la falta de lealtad y de información; Madrid (PP) y Baleares (PP) han pedido que se acuerden las condiciones del reparto y se han quejado de la unilateralidad; y La Rioja (PP), que basándose en los criterios con los que se trabajan pasaría de acoger de 11 menores migrantes a 296, ha defendido que ese cupo es “inconcebible”. Este lunes, durante la comisión sectorial de juventud e infancia donde se reúnen el ministerio del ramo y las comunidades autónomas, el asunto se ha impuesto al orden del día con los respectivos representantes de cada comunidad pidiendo explicaciones. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que lidera la negociación con las islas, ha instado a que las reclamaciones y propuestas se lleven a las Cortes, donde debe votarse la modificación legal.
Las conversaciones con Canarias, donde gobierna Coalición Canaria y el PP, se habían intensificado en las últimas semanas. Las islas necesitan una solución rápida y estructural a la saturación de su red acogida de menores migrantes cada vez que se produce un repunte de llegadas. Desde enero de 2023, cientos de cayucos han traído al archipiélago unas 55.000 personas dejando en los centros de acogida a unos 5.500 menores que son responsabilidad de la comunidad autónoma. Están desbordados, es más del 42% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España. Es un escenario (aunque ahora con cifras mucho mayores) que ya han sufrido varias veces Ceuta y Melilla, así como Andalucía en 2018, pero hasta ahora no se habían logrado más que repartos voluntarios que se eternizan y no resuelven el problema. Este miércoles, de hecho, se ha definido en la Comisión un nuevo cupo de reparto de 400 menores para 2024 cuando los traslados de 2023 están lejos de completarse. Coalición Canaria, que se juega parte de su capital político en esto, ya no quería depender de la buena voluntad de otras regiones así que condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a una solución permanente y obligatoria de reubicación. Y ha logrado algo que ni el ahora ministro de Política Territorial consiguió siendo presidente de Canarias con su propio partido en el Gobierno central.
Aunque aún hay letra pequeña por negociar, tanto Torres como el presidente canario, Fernando Clavijo, han consensuado lo fundamental. Se debe cambiar el artículo 35 de la ley de extranjería para que en caso de “contingencia migratoria” pueda activarse un reparto obligatorio. El cambio legal está ahora pensado para las islas, Ceuta y Melilla, territorios periféricos y aislados, muy expuestos a la entrada de inmigrantes irregulares, pero se aplicaría en cualquier comunidad que vea sobrepasada su capacidad de acogida en un 150%. La distribución se decide basándose en un modelo que tiene en cuenta la población, la renta, la tasa de paro, la dispersión territorial y el esfuerzo que esa comunidad ya realiza en la acogida de menores migrantes. Aunque ahora varias comunidades, como Baleares y Cataluña, cuestionan la idoneidad de esos criterios, son los mismos que todos los territorios acordaron en 2022 para un modelo de reparto voluntario con el que se trabaja actualmente. Está por ver aún si se presentará mediante real decreto ley, como quiere Canarias, o con una proposición de ley, como pide el Gobierno. En cualquier caso, deberá ser respaldado en el Congreso y en el Senado.
El conflicto se ha planteado una vez que las comunidades han visto qué cuotas les corresponderían en el caso de aprobarse el nuevo modelo. Más o menos satisfechas con un reparto modesto de 400 niños y adolescentes, se rebelan con cifras que les obligarán a hacer un esfuerzo muchísimo mayor. Y lo hacen, independientemente, de los 125 millones de euros que el Gobierno pretende destinar a compensar la acogida. “Esperamos que no salga adelante porque por mucho que nos obliguen no podríamos dar una respuesta adecuada en tan poco tiempo, necesitamos que siga siendo de forma coordinada”, mantienen fuentes de Castilla la Mancha (PSOE). “Nos inquieta que sea un traslado obligatorio porque hasta ahora ofrecemos plazas en función de nuestra capacidad. Para dar calidad en la estancia necesitamos un recurso habilitado y tener una financiación estable no solo para el primer año porque los menores no vienen un año y se van”, añade.
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Es una queja compartida. Cataluña y Andalucía, segunda y cuarta comunidad a la que más menores le corresponderían, coinciden en otra cuestión que conlleva la acogida de este colectivo y que no parece tener en cuenta la propuesta de reparto y financiación. La inversión de muchas comunidades autónomas no termina cuando cumplen 18 años, sino que hay programas de acompañamiento a la vida adulta que también financian los gobiernos regionales y que evitan que cientos de chavales se queden en la calle de la noche a la mañana.
En general, las comunidades han mostrado su malestar por enterarse del acuerdo con Canarias por la prensa y, en concreto, al comprobar, según los cálculos que publicó EL PAÍS, las cuotas que les corresponderían. Aunque fuentes del Ministerio de Juventud y Política territorial han insistido en que esos números son solo una propuesta de reparto con la que se trabaja, es el resultado de aplicar los criterios de distribución que se pretenden adoptar. En La Rioja, contrariados con el cupo de casi 300 menores que les correspondería, han reclamado de una “preocupante descoordinación entre ministerios y la falta de una política clara estatal” en materia de inmigración. “Hoy les hemos pedido información sobre el ‘supuesto’ reparto que ayer [por el martes] salía publicado en algunos medios y no nos han confirmado nada. Es inconcebible que a La Rioja pueda asignársele ese cupo. Seguimos pendientes de las pertinentes aclaraciones por parte del ministerio”, han afirmado fuentes de la consejería de Políticas Sociales.
Hay otro reproche que comparten, al menos públicamente, Andalucía y Madrid. En los últimos meses, estas comunidades (y muchas otras) han recibido cientos de menores en sus centros de acogida que fueron trasladados como si fuesen adultos desde Canarias. Las deficiencias en la identificación de estos niños, han permitido que desde el año pasado, el Ministerio de Migraciones haya derivado a la Península cientos de migrantes llegados a las islas como si fuesen adultos cuando en realidad no lo eran. Al identificarlos en los centros de acogida y someterles a las pruebas de determinación de la edad, la Fiscalía debe ordenar su ingreso en centros para menores de la comunidad donde estén y esta tiene la obligación de acogerlos.
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