Hace menos de un mes Toni Comín (53 años) concurrió a las elecciones afirmando ser el mejor activo para defender las reivindicaciones políticas catalanas en el Parlamento Europeo. Su campaña para ser eurodiputado por Junts per Catalunya lo presentaba con una garantía para el independentismo: ser el continuador de la obra de Carles Puigdemont en Bruselas. Junts pasó de tener tres eurodiputados a solo uno, pero el resultado le sirve a Comín para permanecer en el escaño otro lustro, con una remuneración mensual de 10.075 euros. La noche del 9 de junio salió a subrayar que el suyo es un “buen resultado” y presentó como un logro haberse quedado a “80.000 votos de un segundo escaño”.
Tres semanas después, el alborozo de Comín se ha manchado de contrariedades. La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido dejar temporalmente en suspenso su condición de eurodiputado porque ha incumplido el requisito de jurar la Constitución. La JEC ha remitido al Parlamento Europeo la lista de parlamentarios que han realizado la formalidad, y en esa relación no aparece Comín, a quien la JEC le ha dado un plazo de cinco días para presentarse en Madrid y cumplir con el trámite. El entorno del eurodiputado manifiesta que no hay intención de viajar a España, y que ahora toca obrar con tranquilidad y tener paciencia. Hay confianza en que se le reconocerá el derecho al escaño, con independencia de si hace o no el juramento.
La Eurocámara se habría limitado esta semana a tomar nota de la documentación recibida por las autoridades españolas a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que aclare la situación. El fallo que espera el Parlamento se refiere a un recurso del propio Comín y de Carles Puigdemont presentado el 19 diciembre de 2019 en el que reclamaban la anulación de una decisión similar de la Eurocámara en junio de ese mismo año. Ya hay una sentencia anterior del TJUE por la que se falla que los eurodiputados lo son desde que se proclaman oficialmente los resultados. Esa sentencia se refería al caso de Oriol Junqueras
La suspensión temporal de su nombramiento coincide con las recientes acusaciones de mala gestión económica que ha tenido que afrontar Comín por sus responsabilidades en el Consell de la República. Ostenta el cargo de vicepresidente en la entidad independentista, de carácter privado, que fundó Carles Puigdemont con intención de crear una suerte de Generalitat paralela con sede en Bélgica. El Consell articula su actividad y personalidad jurídica a través de la empresa CatGlobal. La sociedad se financia a través de las cuotas de los socios del Consell de la República y de las de donaciones que recibe la entidad.
Los administradores de la empresa han redactado una carta para los socios del Consell, unos 90.000, “para tratar un asunto de máxima importancia e urgencia”. Denuncian “una ristra de incidencias relativas a la contabilidad, fiscalidad legalidad y en general la gestión financiera” y señalan a Comín por omitir facturas que justifiquen los gastos realizados. “La gestión financiera inadecuada conduce a un incumplimiento de las normativas de transparencia y rendición de cuentas que tiene que observar cualquier asociación bien gestionada”, refiere el texto.
Las acusaciones han creado malestar dentro del Consell de la República y la dirección de la entidad, con Carles Puigdemont al frente, ha decidido encargar una auditoría externa que tiene por objetivo “constatar la diligencia en la gestión financiera”.
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Comín, además, ha visto esta semana cómo el Tribunal Supremo declaraba que no considera amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del procés, por el que fueron condenados cuatro líderes políticos del desafío independentista catalán de 2017 —entre ellos, Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat— y por el que se encuentra procesado Carles Puigdemont. El expresident se marchó de España en 2017 para evitar ser juzgado y ahora ve como el tribunal mantiene la orden de detención nacional que pesa sobre él. La decisión afecta igualmente a Comín, que también puso rumbo a Bélgica para evitar tener que pasar cuentas con la justicia. Durante la campaña por las europeas, Comín señaló que “el regreso será dentro del periodo que va del 10 de junio al 25 de agosto”. Tras el reciente fallo del Supremo, el entorno del eurodiputado no se atreve a poner fecha para la vuelta a Cataluña.
En la misma situación que Comín y Puigdemont está el exconsejero, y actual diputado de Junts, Lluís Puig. Este miércoles hizo unas declaraciones en Rac1 valorando qué efectos tiene la resolución del Supremo y admitiendo que se complica la posibilidad de pensar en un retorno a Cataluña: “Cuando tenga 90 años, igual no valdrá la pena”, reflexionó. “Pensábamos que se acabaría aplicando de alguna manera una justicia española, pero pinta mal. De aquí a que resuelva el Tribunal Constitucional, pueden pasar meses o años y por el medio pueden pasar cosas. Pero seguiremos luchando”, afirmó el diputado independentista. “¿Cómo voy a volver? Estoy viviendo en países libres europeos”, respondió a la pregunta de si piensa regresar. Sobre si lo hará Carles Puigdemont, no quiso hacer vaticinios al considerar que esa decisión es de él, pero sí pone en duda que llegue a celebrarse una investidura en el Parlament.
Puig no llegó a los cuatro meses al frente del Departamento de Cultura de la Generalitat. “No nos queda esperanza de que el delito de malversación decaiga por aburrimiento. Aún no ha empezado la cuenta atrás. No sé si al final tendré ganas de volver o no… porque encontrarme con lo que hay, cuando tenga 90 años, igual no valdrá la pena. La ilusión de volver no la puedes perder. Con la ley de la amnistía se veía una luz al final del túnel, pero ahora no se si hay luz”, concluyó Puig.
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