«Estoy de acuerdo en que todo el mundo tenga derecho a una vivienda, pero no a la ma«. Carmelo, pensionista de 70 aos, hered una vivienda de sus padres en el ao 2018: 116 metros cuadrados en el nmero 74 de la Carretera de Canillas, en el distrito de Hortaleza. Y tras reformarla («me gast unos 40.000 euros»), con el anhelo de ganarse un extra mensual, decidi ponerla en alquiler.
Se sirvi de una inmobiliaria para encontrar inquilinos. Y aunque varios fueron los interesados, se terminaron decantando por una pareja de primas, cada una con un hijo, nacidas en Repblica Dominicana pero con nacionalidad espaola. «A priori parecan idneas… Eran dos nminas. Adems, les obligu a que tuvieran un avalista, que era el padre de una de ellas. ste tena una vivienda en propiedad. Aquel aval fue fundamental para que yo aceptara».
Aquel contrato de alquiler se firm el 1 de diciembre de 2018, pero como suele ser habitual en estos casos, los problemas comenzaron «casi desde el principio». Concretamente a los dos meses. «En febrero de 2019 no recib la mensualidad. Y los meses siguientes realizaban los pagos de manera intermitente… En mayo les mand un burofax para meterles algo de presin, quera que se pusieran al da. Me mostraban su compromiso con buenas palabras, pero no con hechos. Hasta que en febrero de 2020 habl con unos abogados y les dije: ‘Esto me suena ya a tomadura de pelo’. Y decid denunciarles«.
Por entonces, el montante que deba la pareja de primas ascenda a 3.000 euros. Pero lleg la pandemia y, con ella, el real decreto ley 11/2020 que paralizaba los desahucios. «Para 2021 ya haban dejado de pagar definitivamente y una de ellas estaba embarazada… Lleg el juicio y no se presentaron, por lo que se decret un primer lanzamiento para el 4 de octubre de 2021. Ellas recurrieron y una providencia judicial lo paraliz. As hasta en tres ocasiones ms«.
Y pese a que esta situacin lleg a irritar a Carmelo, lo que ms le exasper fue el informe firmado por una trabajadora social en noviembre de 2021 en el que certificaba a una de las inquiokupas como «persona vulnerable y en riesgo de exclusin social» nicamente mediante la realizacin de «una entrevista telefnica». «Cuando vi ese documento se me qued cara de tonto. No analizaron nada… Nosotros recurrimos que no estaba desamparada, que su padre, el avalista, tena una vivienda… Pero lo rechazaron. Pedirlo no ha servido para nada».
Este damnificado espera ahora que a la quinta vaya vencida. Aunque no es muy optimista. «La letrada que lleva mi caso est de baja desde hace seis meses… A mi procuradora le dijeron que sus asuntos no urgentes no se tramitan. Tal cual…».
Esta situacin le ha generado a Carmelo, a nivel emocional, un shock terrible. «Esta vivienda les cost mucho sacrificio a mis padres. Yo ya no confo en la justicia, se creen que protegen al vulnerable, pero no es as. Que todo el mundo tenga un techo, s, pero que se lo proporcionen las administraciones«, apunta este vecino de Hortaleza.
A esto hay que sumarle un grave perjuicio econmico, un agujero de «casi 58.000 euros» que mes tras mes sigue aumentando. Y eso slo de las mensualidades del alquiler. A eso, agrega, tiene que sumarle gastos de comunidad (150 euros al mes), el IBI, el seguro… y los suministros de sus inquiokupas, que segn este afectado no se cortan. «Les pago el agua y la calefaccin, pero hacen un gasto desmesurado, segn me dicen desde la administracin de la comunidad… ‘Como si de dos familias se tratase’, sealan. Adems, pese a ser una vivienda con una orientacin ms clida, es el inmueble en el que ms consumo de calefaccin hay de todo el edificio. Lo hacen sin ningn miramiento».
Mientras todo se soluciona, Carmelo ya no piensa ni en cmo le dejarn su piso cuando las dos primas dominicanas se vayan. Slo en hacer borrn y cuenta nueva y, por qu no, volver a alquilarla el da de maana. Eso s, tomando medidas extras: «La prxima vez pedir un bloqueo de bienes, mediante escritura ante notario, para que dichos bienes s avalen mi alquiler».
