El expresidente Leonel Fernández denunció hoy que bajo el contrato del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con la empresa Transcore Latam se pudo armar un esquema de espionaje y corrupción que es un escándalo y debe ser investigado a fondo como un tema de seguridad nacional.
El exmandatario expuso en su encuentro semanal «La Voz del Pueblo» que se produjera el apagón de semáforos en la capital y se descubriera que la empresa seguía operando «bajo circunstancias poco claras», el Intrant continuó su relación con Transcore Latam, a pesar de la anulación el acuerdo suscrito entre la entidad estatal y la empresa privada en el 2023 por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
«El pueblo dominicano espera que el Gobierno ofrezca respuestas contundentes a un caso que, además de constituir un escándalo de corrupción, representa un riesgo a la seguridad nacional, una amenaza al derecho fundamental a la intimidad y al derecho humano de no injerencia arbitraria o abusiva en la vida privada», declaró el también presidente de la Fuerza del Pueblo.
Según el expresidente del país, la compañía inhabilitada habría podido recibir pagos y mantener el control sobre la infraestructura, donde se incluyen las cámaras de vigilancia por la ciudad.
«¿Por qué una empresa privada, que debería solo gestionar el tránsito, también tiene la capacidad de rastrear teléfonos móviles y controlar datos sensibles?», preguntó el opositor.
En el encuentro, realizado en la Casa del Pueblo Jonny Ventura, Fernández destacó la posibilidad de que las cámaras instaladas podrían estar realizando espionaje masivo.
«Es inaceptable que las cámaras en intersecciones estratégicas no solo identifiquen vehículos, sino también teléfonos móviles, lo que constituye una violación al derecho fundamental de la privacidad», expresó y citó el artículo 44 de la Constitución que garantiza la intimidad y el honor de las personas.
El presidente de la Fuerza del Pueblo llamó al Gobierno a dar respuestas contundentes sobre lo ocurrido, pues asegura representar un riesgo para la seguridad nacional: «no podemos permitir que se juegue con la privacidad de nuestra gente y que el Estado delegue en empresas privadas tareas que solo le competen al gobierno«, afirmó.
