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De la excepción bérica al apagón: una enfermedad con múltiples síntomas
En artículos anteriores explicamos cómo la arquitectura eléctrica española se ha construido sobre ficciones técnicas y políticas: una de ellas, la idea de que la electricidad es una mercancía como otra cualquiera; otra, la promesa de que el mercado –por sí solo– garantizaría eficiencia, inversión y precios justos. Nada de eso ha ocurrido. Hoy tenemos precios negativos, apagones sistemáticos, y un modelo retributivo sin alma, que premia el oportunismo empresarial y castiga la resiliencia colectiva.
El maquillaje de los gobiernos
Lo más grave no es que el sistema funcione mal. Lo verdaderamente inaceptable es que ningún gobierno –de ningún color– se ha atrevido a explicarlo. Durante más de dos décadas, se ha optado por maquillar los síntomas: ¿El precio se dispara? → Se aplica una excepción temporal. ¿Baja la demanda? → Se oculta el impacto real en los ciclos combinados. ¿Hay apagones? → Se culpa a fallos técnicos o «a los demás». Mientras tanto, la ciudadanía queda al margen de los verdaderos debates estructurales.
¿Un sistema liberalizado? No. Una planificación centralizada privada encubierta.
El sistema eléctrico no es liberal. Es una planificación centralizada encubierta. Pero no pública: privada. Y está diseñada al milímetro para servir a los intereses de unas pocas grandes empresas verticales, que controlan la generación, la distribución y la comercialización. Estas empresas operan bajo una lógica que optimiza el spread eléctrico: esa renta que obtienen al vender electricidad muy por encima de su coste real de producción.
La rúbrica invisible: fondos de inversión y puertas giratorias
Pero hay más. Por encima de esas empresas, hay actores aún más poderosos, menos visibles y más transversales: los grandes fondos de inversión globales. BlackRock, Vanguard, State Street… están en todas: Endesa, Iberdrola, Naturgy, Redeia, Enagás. No compiten entre sí. No producen. No distribuyen. No explican nada. Pero controlan la estructura. Su lógica es simple: rentabilidad financiera garantizada, con riesgo político mínimo. Y para ello, engrasan sus redes de poder con puertas giratorias, no solo en España, sino en toda Europa.
¿Y el ciudadano?
El ciudadano es tratado como cliente cautivo. Expuesto a una factura ininteligible, a tarifas que no reflejan costes reales, y a una narrativa pública que oculta lo esencial con tecnicismos. ¿Quién sabe cuánto cuesta realmente producir la electricidad que consume? ¿Quién entiende por qué el precio lo fija la última tecnología más cara? ¿Quién puede acceder al supuesto beneficio del spread? Nadie. Porque no está diseñado para ser entendido, sino para ser aceptado.
La verdad: el sistema está enfermo, y el tratamiento ha sido solo sintomático
La excepción ibérica no fue una reforma. Fue un antiinflamatorio. Funcionó. Bajó la fiebre del precio. Evitó protestas. Pero no curó la enfermedad. El diseño marginalista, la opacidad, la integración vertical, y la captura financiera siguen intactas. Y cuando reaparecieron los síntomas –como los precios negativos o el apagón del 28 de abril– volvió el silencio.
¿Qué se necesita?
Un nuevo pacto energético, que reconozca la electricidad como servicio público esencial. Un modelo retributivo que premie la resiliencia, no la posición. La separación real de funciones entre generación, distribución y venta. Transparencia obligatoria en los costes reales de producción. Un papel protagonista para cooperativas, comunidades energéticas y el autoconsumo. Y sobre todo: coraje político para decir la verdad.
Una advertencia oficial ignorada… y silenciada
El apagón del pasado 28 de abril no fue sólo una alarma técnica, sino un acontecimiento de repercusión institucional. El Consejo de Seguridad Nacional, en su informe no confidencial del segundo trimestre de 2025, asumido expresamente por el Gobierno, advirtió sobre la fragilidad sistémica del modelo eléctrico español, especialmente en lo relativo a la dependencia de estructuras de mercado opacas y a la falta de separación real entre funciones técnicas y objetivos comerciales.
El informe señalaba riesgos acumulados en cuatro planos interdependientes: técnico operativo, cibernético, regulatorio y geopolítico. Por primera vez, una institución del Estado reconocía de forma oficial que las empresas responsables de garantizar el suministro eléctrico son, al mismo tiempo, beneficiarias del diseño del sistema retributivo.
Pero lo más escandaloso no fue el contenido del informe, sino su tratamiento institucional: un informe público, no confidencial, con advertencias de máximo nivel, ha sido deliberadamente censurado, como si su contenido comprometiera más a unos actores que a otros. No se ha convocado, todavía, ningún debate parlamentario, ni rueda de prensa, ni iniciativa regulatoria. Está pendiente del dictamen de la CNMC.
Conclusión
Mientras se siga mintiendo sobre el modelo, seguirá la captura. Mientras el sistema se diseñe para blindar rentabilidades privadas, la ciudadanía vivirá apagones –reales o simbólicos–. Y mientras la política energética esté dirigida por los algoritmos de inversión y no por el interés general, seguiremos hablando de mercado, cuando en realidad lo que hay es una máquina de extracción de rentas disfrazada de eficiencia.
Epílogo: la lección que no podemos olvidar
Un nuevo servicio esencial planea sobre nuestro futuro y el de nuestros hijos y nietos: la Inteligencia Artificial.
Como ocurrió con la electricidad, corremos el riesgo de entregar su diseño, control y beneficio a las mismas estructuras de poder que ya han capturado sectores estratégicos bajo la apariencia de libre mercado.
Esta vez, sin embargo, no podemos alegar desconocimiento. El precedente está claro. Las consecuencias, también.
Ojalá hayamos aprendido la lección. Porque lo que está en juego no es solo eficiencia, ni innovación: es nuestra soberanía cognitiva, nuestra capacidad de decidir qué sociedad queremos ser.
