Los Veintisiete países miembro han de la Unión Europea han dado este miércoles su visto bueno a la entrada de pleno derecho de Rumanía y Bulgaria al espacio sin fronteras Schengen a partir del próximo 1 de enero, una integración que esperan estos dos países desde hace más de una década con el aval de Bruselas pero que seguía pendiente por necesitar la unanimidad del resto de socios en la UE.
El acuerdo político ha quedado patente en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas pero no podrá ser formalizada hasta la próxima reunión de ministros de Interior y Justicia los días 12 y 13 de diciembre, ya que queda por resolver una cuestión parlamentaria en Países Bajos que fuentes europeas describen a Europa Press como un puro formalismo.
De hecho, el presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha celebrado ya en un mensaje en redes sociales el «momento importante» que supone el acuerdo de este miércoles porque supondrá el fin de las fronteras terrestres de Rumanía y Bulgaria con el resto de socios Schengen «a partir del 1 de enero de 2025».
«El Consejo de Justicia e Interior de diciembre formalizará esta decisión legítima y largamente esperada por todos los ciudadanos rumanos», ha destacado Iohannis en su breve declaración.
La decisión de entrada en Schengen necesita el acuerdo por unanimidad de los gobiernos europeos, pero las reservas de Países Bajos y Austria frustraron su entrada durante los últimos años, a pesar de los informes de Bruselas certificando que los dos países cumplen con creces los criterios para su adhesión.
El primer escollo se superó en diciembre de 2023, con un primer acuerdo para la entrada gradual en el espacio sin fronteras, primero en los accesos aéreos y marítimos a partir de marzo de este año y dejando la puerta abierta al fin de las fronteras terrestres más adelante, pero sin un claro calendario porque persistía la negativa de Austria.
Finalmente, en un acuerdo auspiciado por la presidencia de turno de la UE que este semestre ejerce Hungría, Austria, Rumanía y Bulgaria anunciaron el pasado viernes un principio de acuerdo para su entrada definitiva y plena a partir del próximo año. El acuerdo, del que también participó la Comisión Europea, incluye compromisos de lucha contra la migración irregular y de acelerar las deportaciones.
