Los altos cargos de la Generalitat afectados por la decisión del Ejecutivo catalán de eliminar el teletrabajo han llevado el caso al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). El Fòrum d’Advocacia de la Generalitat, una agrupación de profesionales con carácter sindical, ha presentado en la sección 4 de la sala contenciosa del tribunal catalán un recurso para anular la instrucción del Govern, anunciada a principios de año. El gobierno catalán pretende reorganizar la organización interna de la administración para convertirla en más eficiente, pero los trabajadores ya mostraron hace meses su rechazo a perder el privilegio de trabajar a distancia. Ahora la justicia deberá intervenir.
El Fòrum pide una negociación sindical, según ha avanzado Catalunya Ràdio y ha confirmado El País, y señala que el gobierno no ha seguido el procedimiento necesario para la tramitación del teletrabajo. “Si el Govern quiere cambiar un decreto y modificar un régimen de teletrabajo, es legítimo, pero debe seguir los trámites pertinentes”, ha señalado Aranzazu Colom, representante del Fòrum d’Advocacia y exdirectora general de los Servicios Consultivos del Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya, en la cadena catalana. Colom ha insistido en que el procedimiento requiere un “trámite sindical” que, a su entender, no se ha realizado.
En sus primeros meses en la Generalitat, el Departamento de Presidencia se marcó como objetivo la reestructuración de la administración pública para optimizar su eficiencia tras un primer diagnóstico inicial. En enero anunció el fin del teletrabajo a los titulares de direcciones generales, secretarías generales, sectoriales; y sus asimilados orgánicamente; tras considerar que sus funciones “requieren la presencia efectiva y constante para garantizar una comunicación fluida y una supervisión efectiva”.
Los profesionales, sin embargo, mostraron su desacuerdo en un primer momento con una carta que casi la mitad de los 483 profesionales afectados trasladaron al consejero Albert Dalmau en la que reclamaron una “evaluación rigurosa” del impacto del empleo a distancia. “No se ha dado ningún caso en que se pueda evidenciar que el teletrabajo no funciona”, reivindica Colom.
La Mesa de la Función Pública aprobó en 2021 una estructura de dos días en modalidad presencial y tres en modalidad de teletrabajo para los funcionarios. Ahora la Generalitat plantea el cambio exclusivamente para los altos cargos: “La modalidad de teletrabajo difícilmente es compatible con la naturaleza y las responsabilidades inherentes a los puestos de trabajo de subdirección”, insiste.
