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El Instituto Español de Analistas, formado por 1.400 profesionales, ha detectado hasta cinco razones fiscales que se han convertido en auténticos desafíos para atraer la inversión extranjera a España. En su síntesis de las opiniones de expertos en la atracción de capital extranjero -a cargo de Alfredo Jiménez y José Ignacio Arenzana-, el think tank concreta cinco actuaciones generales y cinco de carácter fiscal para impulsar el desarrollo económico en España.
Este desarrollo pasa, en primer lugar, por simplificar el impuesto de Sociedades, ya que «la complejidad de este tributo es hoy un desincentivo de la inversión extranjera». En opinión del Instituto Español de Analistas, la estructura actual de esta figura tributaria se aleja del principio de neutralidad que persiguen otros países, debido en parte «a las numerosas reformas, a menudo apresuradas, que ha sufrido desde 2008, enfocadas en el corto plazo, incrementando así los costes de cumplimiento, gestión y defensa de los contribuyentes, y poniendo en cuestión la propia equidad y constitucionalidad del impuesto en muchos aspectos, sin que tampoco hayan logrado reducir el déficit público de forma significativa».
El estudio, de más 159 páginas -analizado por THE OBJECTIVE– sostiene que el coste fiscal sobre el trabajo tampoco es un aliciente para el inversor extranjero, pues «pesa sobre la productividad y dificulta la atracción de talento». Si bien la propia dimensión de la carga de la Seguridad Social -apunta el Instituto- impide la moderación de esta vía de financiación, por lo que «deben buscarse otras vías que mejoren la competitividad del mercado laboral español».
Además de un impuesto mal diseñado y del coste del trabajo, los analistas también encuentran que el comportamiento de la inflación en España, que reduce el poder adquisitivo real de los contribuyentes, aumentando así la carga tributaria de forma implícita, no anima a los inversores extranjeros. Por eso, teniendo en cuenta el efecto perverso de la sobreinflación, se propone la conveniencia de deflactar las tarifas del IRPF para mitigar estos efectos, aumentar la productividad laboral y fomentar, de paso, la justicia tributaria. «La eliminación de coeficientes de corrección monetaria de 2012 -recuerdan, suprimió algunos beneficios importantes en este capítulo».
Mejorar la relación con el contribuyente
El Instituto Español de Analistas propone además, en el ámbito fiscal, la mejora de las relaciones entre Administración y contribuyente. Subraya que la accesibilidad, certidumbre y justicia de la Administración tributaria son fundamentales, de modo que «es necesario eliminar comportamientos arbitrarios que generan costes innecesarios para los contribuyentes».
Propuestas como la de 2022 del Consejo para la Defensa del Contribuyente, que «abogan por permitir la corrección de errores sin sanciones automáticas o la dotación de mayores recursos a organismos con un claro perfil colaborativo como la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional son elementos que reforzarían la seguridad jurídica en nuestro sistema tributario».
Finalmente, como quinto reto, el Instituto Español de Analistas apunta a la ampliación y modernización de los convenios de doble imposición: «España debe ampliar y modernizar su red de convenios de doble imposición, si de verdad quiere aumentar la seguridad jurídica y reducir distorsiones fiscales en relaciones económicas transfronterizas, razón por la que ampliar esta red abriría más la economía española al exterior».
Energías renovables, digitalización y datos
El Instituto Español de Analistas presentó este miércoles este informe que aborda cómo atraer el capital extranjero para invertir en nuestro país. En la cita, celebrada en el Auditorio de Garrigues, también tuvo lugar una mesa en la que participaron Susana Cabrera (Garrigues), Javier Garrido, (BME), Fernando Íñiguez (EY), Ángel Viñas Diaz (Uría Menéndez) y Carlos Doussinague, consejero y asesor. En el encuentro se analizaron los activos de la economía española más importantes. Entre ellos, la relevancia de las infraestructuras, un área en la que nuestro país ocupa el séptimo lugar global según el World Economic Forum, gracias a su sólida red de carreteras, aeropuertos y telecomunicaciones.
Estos activos -subraya el informe- son especialmente importantes para sectores de alto valor añadido como las energías renovables, la digitalización y los centros de datos. Áreas -matizó Alfredo Jiménez, secretario general del Instituto- que «están alineadas con las grandes tendencias globales de descarbonización y digitalización, lo que posiciona a España como un enclave estratégico para proyectos de impacto económico significativo». Sin olvidar -recalcó Lola Solana, presidenta del Instituto-, que «hay que trabajar en medidas que garanticen un entorno competitivo, predecible y atractivo para los inversores», como marca el informe del INA.
Una hoja de ruta
El informe también se detiene en el mercado de capitales como otra de las áreas prioritarias en la que trabajar para mejorar la atracción de inversores a España. Javier Garrido, subdirector del Servicio de Estudios de BME, subrayó la importancia de revitalizar este sector mediante «la simplificación de los procesos de salida a bolsa, el establecimiento de incentivos e instrumentos de inversión que acerquen el ahorro familiar a los mercados, amplios programas de educación financiera y, en general, una fiscalidad y regulación que no penalice la presencia de inversores y empresas en Bolsa».
A su vez, Fernando Íñiguez, socio de EY, recomendó «mejorar las habilidades lingüísticas y acelerar los programas de formación profesional (upskilling y reskilling) que puedan cubrir el déficit de talento en sectores estratégicos como la tecnología y las energías renovables». Por otro lado, Carlos Doussinague destacó las fortalezas de España en infraestructuras y su posición estratégica como puente entre Europa y América Latina, calificándolas como «una ventaja competitiva única que debe potenciarse».
El evento concluyó con un discurso de Fernando Vives, presidente ejecutivo de Garrigues, que afirmó que este informe no solo identifica las áreas de mejora necesarias, sino que también proporciona «una hoja de ruta clara para que España se convierta en un destino preferente de inversión a nivel global».
