La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE) han exigido al ministro José Manuel Albares que acometa con la «máxima urgencia» la identificación de inmuebles de embajadas y consulados que se encuentran en mal estado, después de que THE OBJECTIVE desvelase que el Ministerio de Trabajo envió el 18 de febrero a Exteriores en el que ordenaba «la paralización de forma inmediata» de las actividades dentro del consulado en Mendoza (Argentina), debido a «las patologías significativas existentes en varios muros del edificio, las cuales a lo largo de los años no han sido resueltas», por lo que se recomendaba «realizar una intervención estructural inmediata, para evitar el colapso de dichos muros».
La ADE subraya en un comunicado que el mal estado de muchos de los edificios que Exteriores tiene en el extranjero «no es algo nuevo, ni el del Consulado General en Mendoza es un caso aislado». En este sentido, recuerda que en enero de 2024 publicó un informe sobre la situación de la red consular en el que puso de manifiesto «los graves problemas de infraestructura existentes»: 28 oficinas consulares se encontraban al límite de su capacidad física y no podían incorporar refuerzos por falta de espacio para acoger personal adicional; 68 oficinas presentaban problemas de accesibilidad en la entrada del edificio, 53 en el área de atención al público y 76 en el resto de instalaciones; 10 oficinas carecían de sistemas de detección de incendios y 14 de sistemas de protección contra incendios; y al menos 17 edificios no presentaban un buen estado de conservación.
Desde la ADE se hace hincapié en que «muchas oficinas consulares y embajadas incumplen la normativa española de seguridad e higiene en el trabajo, carecen de la protección necesaria en países muy inseguros y no están preparadas para contingencias como los terremotos en países de alto riesgo sísmico». Una situación que el público «puede observar día a día» cuando acude a las instalaciones consulares y embajadas españolas en muchas ciudades del extranjero y que, lejos de mejorar, «no ha cesado de empeorar desde 2019», en opinión de la principal asociación de diplomáticos. De hecho, la Inspección General de Servicios del ministerio «ha recomendado en los últimos años el traslado de sede en varios casos, sin que estos cambios se hayan producido hasta la fecha», por lo que al caso de Mendoza «probablemente haya que añadir varios inmuebles más».
Este «lamentable estado de cosas» no sorprende dentro de la ADE si se considera que Exteriores disponía entonces de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de quinientos edificios en todo el mundo, muchos de ellos de carácter histórico. Sin embargo, debido a «las malas condiciones de trabajo y los bajos salarios», la unidad responsable del patrimonio inmobiliario del ministerio -la Subdirección General de Asuntos Patrimoniales- solo contaba a inicios de 2024 con apenas 19 puestos cubiertos de sus 47 plazas.
«El deterioro de los edificios de Exteriores continúa agravándose y entraña un serio riesgo, como se acaba de ver en Mendoza, tanto para las personas que trabajan en ellos, a menudo en condiciones de hacinamiento, como para el público que los visita, además del daño reputacional para la imagen de nuestro país» en el extranjero, señala la ADE.
Por ello, reclama a Albares que elabore «urgentemente» un informe sobre la adecuación del despliegue y estructura de las misiones diplomáticas, representaciones permanentes y oficinas consulares, en el que se refleje la situación de los inmuebles y de los medios materiales y personales. «Es urgente la adopción de medidas inmediatas para los casos más graves y perentorios. La ADE exige transparencia y máxima urgencia en la identificación de dichos casos, con objeto de evitar nuevas situaciones de riesgo para los trabajadores y los ciudadanos», concluye el comunicado.
El oficio del departamento de Yolanda Díaz del pasado 18 de febrero, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tiene como destinatario el subdirector de Patrimoniales del departamento de Albares, Álvaro Álvarez, y lleva por título Paralización. En él, se recuerda que los sindicatos CSIF, CCOO y UGT alertaron en diciembre de 2023 de la preocupación existente entre los empleados públicos y que reclamaron un informe «a la mayor brevedad» sobre las condiciones de seguridad en el edificio. El propio Ministerio de Trabajo había trasladado a sus empleados del consulado a otra ubicación en Mendoza, por lo que se pidió a Exteriores que procediese «de igual forma» con los suyos si dichas condiciones no eran las adecuadas.
«Más allá del informe, se debería buscar un lugar alternativo para este centro de trabajo, acelerando en lo posible las gestiones.No es de recibo mantener abierto un local que no reúne las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores y el público», indicaron los sindicatos. En marzo de 2024, Exteriores se comprometió «a la búsqueda de una nueva sede porque el edificio actual no es apto». De hecho, la zona más peligrosa estaba ya «clausurada» en ese momento. Sin embargo, el rastreo en inmuebles de Mendoza resultó infructuoso y se ejecutaron «obras de adecuación de las estancias para mejorar las condiciones de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones».
Desde el equipo de Patrimonio de Exteriores se admitió que el hecho de inhabilitar «parcialmente» el edificio se debía «a los riesgos de desprendimientos de revoques y posibles derrumbes debidos a la precaria situación de la estructura» en una zona de influencia sísmica. El informe de la inspección técnica llegó el pasado 8 de febrero y sus conclusiones son alarmantes: «A partir de las patologías significativas existentes en varios muros del edificio y las cuales a lo largo de los años no han sido resueltos, se recomienda realizar una intervención estructural inmediata, para evitar el colapso de dichos muros», se dice en el documento.
