El expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados junto a la que fue su secretaria, Mitsouko Henríquez. Cerca de él también se ha situado su sucesor al frente del Gobierno Valenciano, José Luis Olivas. Pero sus más cercanos en el momento en el que ocurrieron los hechos por los que se le imputan los presuntos delitos de prevaricación, falsedad, cohecho y blanqueo se vieron más alejados que nunca del dirigente del PP. Juan Francisco García, exjefe de gabinete, y Joaquín Barceló “Pachano”, amigo desde la infancia y supuesto testaferro, no solo se ubicaron físicamente lejos, al igual que sus defensas del letrado del también exministro de Aznar. Mientras el abogado de Zaplana, con no menos de tres tesis diferentes, trató de que el juicio se suspendiera, se anulara o se celebrara en la Audiencia Nacional, las defensas de ese círculo más cercano callaron. No apoyaron ni una de estas tesis ni plantearon ninguna cuestión previa para, como en el resto de los acusados, tratar de invalidar las imputaciones.
La actitud de los letrados dio fuerza a la posibilidad de que el círculo más cercano a Eduardo Zaplana, y directamente implicado en la trama, le traicione y pacte con la Fiscalía Anticorrupción una rebaja de la pena a cambio de confesar cómo funcionaba la operativa de cobro de mordidas, blanqueo y regreso a España de dinero ilegal. En el caso del exjefe de gabinete, el fiscal, de momento, pide 14 años de prisión. Para su amigo de la infancia, ocho. Además de la posición de defensa de estos dos, los abogados de otros dos imputados siguieron este mismo camino de silencio, los de los hermanos Vicente y José Cotino, responsables del grupo Sedesa, a los que se adjudicaron los parques de energía eólica y las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV), las concesiones presuntamente amañadas.
Eduardo Zaplana se ha sentado en el banquillo de la Sección cuarta de la Audiencia de Valencia después de que, el pasado 1 de febrero, la convalecencia de su abogado, intervenido quirúrgicamente, obligara a un aplazamiento.
El juicio del llamado caso Erial ha comenzado casi seis años después de que el dirigente del PP fuera detenido por su presunta participación en una trama para el cobro de comisiones ilegales que la Fiscalía eleva a más de 20 millones de euros y por lo que pide 19 años de prisión.
En la primera jornada del juicio, que se prolongará durante varios meses, la defensa de Eduardo Zaplana ha defendido que debería ser la Audiencia Nacional donde se celebrara el enjuiciamiento porque parte de los supuestos delitos se cometieron en el extranjero. “Es aquí donde se realizan las adjudicaciones y el principal delito, el de cohecho, se cometió en Valencia”, ha argumentado el fiscal Anticorrupción. El presidente del tribunal ha decidido que el juicio de esta causa se seguirá en la Audiencia de Valencia. Otro de los intentos de la defensa del dirigente del PP ha sido la de reclamar la anulación del registro en el despacho del abogado de Marcos Benavent, conocido como el yonqui del dinero, a partir del que se obtuvo el grueso de la causa. La petición tampoco ha sido aceptada y, además, la sala ha validado como prueba la “hoja de ruta” supuestamente trazada por la trama para cobrar comisiones, unos documentos que dieron origen a la causa.
Tampoco ha accedido el tribunal a que se “expulse” el testimonio de uno de los testigos clave para la acusación, el del letrado uruguayo Fernando Belhot, al que los investigadores consideran testaferro de Zaplana y que ha colaborado con la Justicia española para repatriar alrededor de 6,5 millones de euros obtenidos supuestamente a través de corruptelas.
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